Ramses Pech
Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos
Actualmente, México representa apenas el 2 % de la inversión mundial en el sector energético y solo el 12 % dentro del marco del T-MEC. La inversión extranjera directa en este sector equivale apenas al 3 % del total que ingresa al país.
En la última década, el monto total invertido por México en energía ha oscilado entre 60 y 70 mil mdd anuales. De este total, el 90 % corresponde a inversión pública y el 10 % a inversión privada. Pero ¿es esto beneficioso para el país? Ante una posible baja en el costo del dinero en los próximos años, sería adecuado que el sector privado asumiera una mayor proporción del riesgo.
Para 2026, es muy probable que el presupuesto para el sector energético se mantenga igual o incluso disminuya, como consecuencia de la política para reducir el déficit fiscal y del aumento en el gasto destinado al desarrollo social; particularmente en programas de protección social, que podrían alcanzar el billón de pesos, cifra cercana al gasto público en energía.
Antes de abordar este escenario, es fundamental entender los riesgos asociados a la inversión pública en el sector energético. Debe considerarse que el 95 % de las actividades operativas, de mantenimiento y de actualización técnica de las empresas del Estado mexicano depende de la subcontratación de personas físicas o morales, mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas para cubrir la demanda de los distintos mercados.
Uno de los principales riesgos de invertir recursos públicos en el sector energético es la posibilidad de incurrir en sobrecostos o desviaciones presupuestarias. Los proyectos pueden requerir inversiones adicionales debido a factores imprevistos como variaciones en el precio de materiales, fluctuaciones en el tipo de cambio, retrasos en la construcción, o problemas logísticos y ambientales. Cuando los costos rebasan las proyecciones iniciales, se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos.
Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que incrementa la incertidumbre sobre el retorno de inversión. Un mal cálculo financiero puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso inviables.
La inversión pública también está sujeta a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es frecuente que los proyectos se usen como herramientas de imagen o propaganda; estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos sin la debida planeación técnica. Los cambios de administración pueden detener, modificar o cancelar proyectos, lo que genera pérdidas económicas y disminuye la confianza de entidades financieras y calificadoras.
Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y uso poco transparente de los recursos en proyectos carentes de planeación adecuada. Esto se agrava si no existen mecanismos sólidos de rendición de cuentas y supervisión independiente. En estos casos, los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades y desvío de fondos, generando daños patrimoniales no recuperables. La responsabilidad recae en los órganos de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación.
Otro riesgo importante está relacionado con la tecnología. El acceso y aplicación de nuevas tecnologías en el sector energético debe considerar su constante evolución. Las tecnologías emergentes pueden volver obsoletas las inversiones actuales en pocos años. Apostar recursos públicos a una tecnología específica implica el riesgo de que esta pierda competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas. Por ello, es necesario renovar continuamente la forma en que se utiliza la tecnología.
Un fallo tecnológico puede retrasar operaciones, elevar costos o reducir beneficios esperados. Por lo tanto, las regulaciones deben actualizarse de manera constante, con base en criterios técnicos y no políticos; y aplicarse por órganos reguladores capaces de comprender y adaptarse a los cambios geopolíticos y del mercado interno, considerando la demanda y el consumo de mediano a largo plazo.
¿Soberanía energética?
El sector energético está condicionado por la demanda del mercado, ya sea comercial, industrial o doméstico, y cada uno presenta características y dinámicas propias. Hoy en día, ningún país puede decir que tiene soberanía energética. Algunos han logrado reducir su dependencia energética externa, pero todos están sujetos a la dinámica de los mercados internacionales: la volatilidad de los precios, los cambios en la demanda, y la aparición de nuevos competidores. Una caída en los precios de la energía puede reducir los ingresos esperados y volver inviables ciertos proyectos públicos. Asimismo, la apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la incorporación de nuevas tecnologías pueden desplazar modelos de negocio tradicionales y comprometer la viabilidad financiera de proyectos públicos que no estén preparados para el futuro.
El uso de recursos públicos conlleva una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales o escándalos de corrupción pueden dañar irreversiblemente la imagen de la entidad responsable y de sus tomadores de decisiones, minando la confianza pública y dificultando futuras inversiones ante la incertidumbre de los mercados financieros internacionales.
Principales riesgos de la inversión pública en energía (según análisis internacionales):
- Desviación presupuestaria: Los costos reales pueden exceder ampliamente las estimaciones iniciales por errores de planeación, inflación o cambios tecnológicos.
- Endeudamiento público: Proyectos de gran escala pueden requerir financiamiento externo, incrementando la deuda pública y afectando a sectores prioritarios como salud o educación.
- Riesgo de activos varados: Cambios tecnológicos o de mercado pueden dejar obsoletas infraestructuras antes de que concluyan su vida útil, perdiendo inversiones millonarias.
- Fuga de recursos: El mal manejo de fondos puede derivar en corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos.
¿Qué se puede hacer para mitigar estos riesgos?
- Realizar estudios de factibilidad técnica, financiera, social y ambiental antes de aprobar cualquier inversión relevante.
- Garantizar procesos de licitación y contratación transparentes, con mecanismos sólidos de supervisión y auditoría independientes.
- Diversificar las fuentes de energía y evitar depender de una sola tecnología o proveedor.
- Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continuos para detectar y corregir desviaciones a tiempo, con auditorías periódicas más frecuentes.
- Capacitar al personal público en gestión de proyectos, análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales, adaptadas al contexto geopolítico energético.
- Fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza para asegurar la rendición de cuentas y la integridad institucional, evaluando si el gasto fue el adecuado.
Una gestión responsable, transparente y basada en evidencia es esencial para que las inversiones públicas contribuyan al bienestar colectivo sin comprometer la estabilidad financiera ni el desarrollo futuro de la nación en un entorno global en constante cambio.
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