Petróleo y gas marcan una nueva etapa en la política económica de Cuba, luego de que el Consejo de Ministros publicara un decreto que amplía la participación del sector privado y de capital extranjero en actividades estratégicas. La medida forma parte del paquete de 176 reformas que busca liberalizar y descentralizar la economía, con un enfoque especial en el sector energético.
Reforma amplía la participación en hidrocarburos
A partir de agosto, las empresas privadas y extranjeras podrán participar en la extracción de petróleo y gas natural mediante concesiones administrativas, asociaciones económicas, empresas mixtas nacionales y modalidades de inversión extranjera. La disposición forma parte del reordenamiento de las actividades económicas permitidas en la isla.
La nueva normativa también reduce de 125 a 44 las actividades reservadas de forma exclusiva al Estado. Con este cambio, el Gobierno busca ampliar los espacios de participación para actores privados, aunque mantiene requisitos de autorización y esquemas de colaboración con entidades estatales.
Sector energético incorpora nuevos actores
La reforma también abre la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas administren gasolineras, siempre que obtengan autorización y cuenten con un socio estatal. Asimismo, la gran minería admite capital privado únicamente mediante asociación económica e inversión extranjera.
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En el ámbito eléctrico, los privados podrán participar en la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con autorización previa. La decisión surge en un contexto de crisis energética, marcado por un sistema eléctrico con limitaciones, baja inversión y una amplia afectación en el suministro de electricidad.
Apertura económica mantiene sectores bajo control estatal
Las reformas también permiten mayor participación privada en áreas como energías renovables, infraestructura, agricultura, vivienda, turismo y actividad financiera. Además, el Gobierno impulsa una reorganización administrativa que reduce el número de organismos de la Administración central y promueve cambios en la legislación laboral.
No obstante, el Estado conserva el control exclusivo de 44 actividades estratégicas, entre ellas la defensa, la salud pública, las telecomunicaciones, el periodismo, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional. Con estas medidas, Cuba redefine el alcance de la inversión privada sin modificar el papel central del Estado en sectores considerados prioritarios.
