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Ciudad de México (Expertos / Energía Hoy).- La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía y publicada el pasado 15 de mayo, no va tener efectos ni consecuencias por un tiempo considerable o quizá nunca. Los dos Juzgados federales especializados en competencia económica y la Suprema Corte, por ahora desde una sola de sus ponencias, la han suspendido.
El mensaje, aunque preliminar, es contundente. El gobierno tiene que cambiar su apuesta de sostener el desarrollo nacional sobre la base de las energías fósiles. Otros desarrollos son posibles. Y al menos por lo que concierne a la generación de electricidad, fortalecer a la empresa productiva del Estado no es sinónimo de la permanencia de esos combustibles. Mucho puede lograrse usando las renovables.
Pero no cualquier tipo de renovables, no las que vulneran los derechos humanos de las comunidades donde se instalan megaproyectos energéticos; sino proyectos de renovables respetuosos con las personas y con el medio ambiente. Por lo cual habrá que revisar uno a uno los proyectos vigentes, pero sin que ello conlleve bloquear el empleo de energías, que a diferencia de las fósiles, son las del futuro.
En el juicio de amparo 104/2020, promovido por Greenpeace México, hay pistas de ello. Priorizar el empleo de energías convencionales en detrimento de las renovables no beneficia a la sociedad, siquiera porque éstas tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas, al cuidar de su salud y preservar el medio ambiente, sin que ello pueda comprometer la seguridad energética del país.
A la par, reconocer el esfuerzo de la presente administración por distanciarse de sus antecesoras, al combatir los privilegios obsequiados a ciertas empresas en detrimento de las finanzas públicas, no borra que sea urgente que aquella recapacite, pues el favorecer la operación de plantas convencionales para generar electricidad, usando energías más contaminantes, viola varios derechos humanos.
No solamente se ignoran compromisos internacionales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, al limitar el empleo de energías renovables, es que al parecer ni siquiera se evaluaron los impactos económicos, ecológicos y sociales, tanto para la industria eléctrica como para el país entero, de apostar por un fortalecimiento forzado de la CFE a base de privilegiar a los fósiles.
Más allá de realizar una evaluación de los riesgos ambientales que podrían generarse con el mantenimiento de fuentes más contaminantes, la alternativa de futuro más viable para esa empresa productiva del Estado es que desde ya sea un instrumento para contribuir a la democratización de la generación de electricidad y un medio para que todas las personas y comunidades accedan a las renovables. En el mediano plazo, ahí la razón y la estrategia a la que le apuesta Greenpeace.
