Ciudad de México (Juan Carlos Chávez / Energía Hoy).- En conferencia de prensa virtual, distintos actores del sector empresarial comentaron sobre el acuerdo realizado más no publicado por parte de la Comisión Reguladora de Energía CRE, en materia del mercado eléctrico, suscrito el día de ayer en donde se incrementa la tarifa de transmisión a las empresas privadas, pero del cual se desconocen los detalles de dicho aumento, dada su carácter de privacidad.
En su oportunidad, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, arremetió contra las decisiones que tanto la CRE como otras instituciones y organismos vinculados al sector eléctrico han tomado en fechas recientes, todo apuntando aparentemente a un favoritismo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus competidores particulares.
“Es una enorme opacidad que se está dando en los organismos reguladores que supuestamente deberían ser el árbitro, el contrapeso que vea los diferentes agentes económicos del sector… Le pedimos a la CRE que cumpla con la ley y que haga público su acuerdo de inmediato… están imponiendo barreras arbitrarias y solo se muestra la acción de buscar el control del Sistema Eléctrico Nacional”, comentó Salazar Lomelí, quien argumentó también que del 100% de le generación de electricidad en el país, los privados generan el 46%.
Asimismo, comentó que la CFE ha estado pidiendo reformas regulatorias a modo, aludiendo a 4 acciones específicas ante la Secretaría de Energía, las cuales son:
- Decreto para desvirtuar los certificados de energías limpias.
- Acuerdo para no admitir a nuevos socios en las sociedades de autoabasto.
- Acuerdo que busca evitar la entrada de nuevas centrales eléctricas renovables y para limitar la generación eléctrica privada.
- Decreto impuesto por la SE para ampliar las capacidades de despachar centrales de la CFE y desplazar a la competencia de las empresas privadas.
De acuerdo con el titular del CCE, la CRE es la cuarta institución que se rinde ante la CFE, y privilegiarla en la comercialización es un atropello al estado de derecho, a la Ley de los Órganos Coordinadores en Materia Energética.
“Se afectará directamente al abasto eléctrico, que representa el 14 % del PIB del país. Se afecta a la industria de la transformación, a las empresas y consumidores; mandamos un pésimo mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros, y aumentarán los costos para muestra sociedad”, sentenció Salazar Lomelí.
Mediante un comunicado de prensa emitido el jueves, la CRE afirmó que las decisiones a implementar tienen por objetivo el de dar paso a un mercado eléctrico con el piso parejo para todos los participantes, medida que a la postre significará un decremento en las tarifas de los consumidores finales. Sin embargo, la iniciativa privada tiene otra opinión al respecto.
El Presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, comentó que es una prioridad el permitir la competencia en el mercado eléctrico, pues se trata de algo benéfico para todos los participantes. Reiteró que las empresas privadas que producen electricidad no cuentan con subsidio alguno, y que además sí están pagando sus costos de transmisión.
“El acuerdo de la CRE tiene que pasar por un proceso estricto de mejora regulatoria, que lo someta a un análisis de costo-beneficio, y a una consulta pública… no es prudente impulsar un cambio a la normatividad eléctrica en este momento tan delicado, debido a la emergencia sanitaria y con los signos de una crisis económica ya encima de nosotros”, comentó Francisco Cervantes.
Asimismo, el titular de CONACAMIN informó sobre una denuncia presentada el miércoles pasado contra un funcionario de la CONAMER por no realizar el proceso de mejora regulatoria obligado por la ley. Ante las arbitrariedades de este orden, CONAMIN acudirá a las autoridades nacionales y de ser necesario a tribunales internacionales, para tomar cartas en cuanto a decretos y acuerdos que violen la ley, aseveró Francisco Cervantes, calificando el presente acuerdo de la CRE como un “electrolinazo”.
Finalmente, el titular del CCE dijo que las empresas sí han buscado el apoyo del poder judicial, y todas estos han sido otorgados (18 amparos contra las medidas del CENACE), lo que infiere que, efectivamente se está vulnerando la legalidad. “Esto nos va a llevar a una enorme cantidad de personas y empresas que se sienten afectados por esta medida a que recurran al poder judicial”.
