Organismos como el CCE, la Coparmex y la Concamin se pronunciaron ante el envío de la iniciativa de reforma en el sector eléctrico al Congreso
Miembros de la Iniciativa Privada (IP) aseguraron que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada al Congreso, dañaría profundamente al país, pues generaría un daño irreversible al Estado de derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad de México.
#Comunicado | La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medio ambiente. pic.twitter.com/wqtlLAJWpH
— CCE (@cceoficialmx) October 2, 2021
Asimismo, a través de un comunicado, los empresarios indicaron que la iniciativa obliga a los mexicanos a comprar energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin importar que sea sucia, cara e ineficiente.
“Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables. Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos”.
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Atraso en modernización de red eléctrica
Del mismo modo, las empresarios apuntaron que la Empresa Productiva del Estado (EPE), no ha podido ampliar ni modernizar la red eléctrica. Ello, señalaron, ha provocado apagones que afectan la seguridad energética y la economía nacional.
Además, indicaron que ninguno de los planes anunciados resolverán las carencias y provocarán que la inversión en la red de transmisión sea aún más difícil de lo que es al concentrarse los recursos de la CFE en el área de generación.
“Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, al medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país”, puntualizaron.
Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); la Asociación de Bancos de México (ABM); el Consejo Mexicano de Negocios (CMN); el Consejo Nacional Agropecuario; la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); la Cámara Nacional de Industrias de la Transformación (Canacintra); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad); la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), firmaron el comunicado.
No se alcanzará a cubrir la demanda nacional
En un comunicado aparte, la Concamin expresó que al desaparecer los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se perderían proyectos e inversiones de casi tres décadas.
#Comunicado Los Mexicanos necesitamos un #sectoreléctrico a la altura mundial, que eleve la competitividad de #México ? pic.twitter.com/COR4lJnL5b
— CONCAMIN (@CONCAMIN) October 4, 2021
En ese sentido, afirmó que la CFE tendrá el control absoluto del sector eléctrico, por lo que no se alcanzará a cubrir la demanda nacional; también agregó que la Empresa Productiva de Estado (EPE) tiene el costo promedio de generación más caro y contaminante de todo el sistema eléctrico.
“En un entorno de competencia mundial, la industria, las empresas y los servicios establecidos en México, requieren fuentes de abastecimiento de electricidad que sean competitivas, un incremento obligado y no justificado en un insumo básico, sería muy grave para la viabilidad de un sinnúmero de actividades productivas que representan empleos”.
Ante este panorama, el organismo planteó que entre las repercusiones que se verán de dicha reforma será la pérdida de inversiones y empleos; que las empresas globales no puedan cumplir con sus certificaciones; un daño a la confianza de los tratados internaciones; y una vulneración al Estado de Derecho mexicano.
