Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy). – La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados avaló un dictamen para que los municipios, dentro sus atribuciones, formulen e instrumenten políticas y acciones en materia de alumbrado público energéticamente sustentable y eficiente, pero sobre todo que tengan carácter permanente estableciéndolo en la Ley General de Cambio Climático.
La iniciativa que adiciona una fracción al artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático, detalla que la concentración demográfica ha generado retos administrativos y de gobernanza en cuanto al incremento en la demanda de servicios públicos como salud, seguridad, educación, movilidad, transporte y alumbrado público.
Al argumentar su iniciativa, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto Montoya Díaz, aseguró que actualmente tres de cada cuatro personas se encuentran asentadas en ciudades de más de 200 mil habitantes, lo que ocasiona una reconfiguración demográfica y una diversificación en la infraestructura de los servicios.
Esa diversificación, explicó, provoca que la calidad y los beneficios en lo que respecta a la tecnología de iluminación e infraestructura de alumbrado público no sean uniformes, toda vez que las luminarias municipales presentan diversas tecnologías que difieren en eficiencia, durabilidad y rango de potencia.
La reforma, sostuvo, busca que los servicios como el alumbrado público sean eficientes y amigables con el medio ambiente y hacer conciencia que ésta debe ser una causa de todos, donde participen el gobierno federal y los municipios.
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Mencionó que uno de los factores que detienen la adopción de lámparas ahorradoras de este servicio, es la inversión y la poca continuidad de proyectos, principalmente cuando ocurren cambios de administración.
Por ello, continuó, se requiere dar un carácter permanente a la utilización de tecnologías ahorradoras de energía en el alumbrado público estableciéndolo en la Ley General de Cambio Climático.
Detalló, nuestra Constitución Política atribuye a los gobiernos municipales la responsabilidad de proveer, entre otras cosas, el servicio de alumbrado público, permitiendo a cada administración municipal implantar la infraestructura necesaria para proveerlo.
“Es importante formalizar en la ley el criterio de sustentabilidad y eficacia en el servicio de alumbrado público que brinden los municipios, favoreciendo así el uso de tecnologías ahorradoras de energía compatibles con el medio ambiente”, añadió.
