La política de la actual administración bloquea, sin una lógica aparente el desarrollo de infraestructura contra la pobreza energética
Luis Serra
Director ejecutivo de la Iniciativa de Energía
del Tecnológico de Monterrey
Una de las razones por las que la actual administración tomó las riendas del Gobierno federal es la desatención de sus predecesores a demandas sociales; y de forma prominente, a aquellos sectores de la población que están en mayor desventaja.
“Primero los pobres” es parte central de la narrativa que el presidente López Obrador ha empleado por un par de décadas. El mandatario federal ha manifestado que el foco del sector energético debe ser atender las necesidades de la población; y no solo para un grupo de élite. Sin embargo, surge la pregunta: ¿En realidad su planteamiento está orientado hacia ello? ¿Bajo su administración están también “primero los pobres” que integran el sector energético?
A lo largo de los últimos dos años y medio, especialistas han discutido que las decisiones de política energética y económica de esta administración tendrán efectos que serán nocivos para ciertos sectores de la población. Por ejemplo, ralentizar el desarrollo de infraestructura afectará a comunidades en ámbitos rurales y urbanos, en particular, cuando se posponen proyectos relacionados con llevarles electricidad o gas natural. Como es de esperarse, los hogares más perjudicados son aquellos que se encuentran en las zonas remotas o de difícil acceso geográfico en el país, quienes muchas veces no cuentan con suministro energético o, en su defecto, tienen que recurrir a fuentes de energía contaminantes y más costosas, que generan un impacto en la salud.
Pobreza & seguridad energética
El constructo de pobreza y vulnerabilidad energética es complejo y multidimensional. Al igual que otros retos importantes y transversales en el sector a nivel global, la seguridad energética, no cuenta con una concepción única y consensuada. No obstante, se puede argumentar que la pobreza o vulnerabilidad energética hace referencia a la insatisfacción de necesidades energéticas básicas, la falta de acceso a flujos modernos de energía, o al pago excesivo por los servicios. En cuanto a las dimensiones relacionadas a su esfera de impacto pueden mencionarse la provisión -confiabilidad y continuidad en el suministro de energéticos no contaminantes-, el consumo -limitaciones tecnológicas que afectan conductas-, percepción -en cuanto a la calidad de acceso a fuentes-, y escala-enfoque o posibilidad de acceso con respecto a un individuo o sector. Bajo estas acepciones es posible considerar a la pobreza energética como una situación de extrema vulnerabilidad.
La vulnerabilidad energética es un reto de dimensión global, y es por ello que su atención está reconocida como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el siete, que se refiere a la “energía asequible y no contaminante” y tiene el propósito de garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna. En ese sentido, las naciones deben trabajar en aras del desarrollo de nuevas fuentes de generación de energía, que no solo resulten menos costosas y faciliten la realización de actividades económicas, sino que procuren el suministro estable y seguro de la energía. Dicho objetivo busca garantizar el suministro de energía en el largo plazo con un mínimo impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de suministro.
ODS como norte
El ODS 7 cuenta con cinco metas específicas, que la actual administración contraviene con su política energética. El gobierno ha tomado acciones claras en sentido contrario a: 1) “Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”, que corresponde a la meta 7.1. 2) “Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas”, meta 7.2 y 3) “Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación relativa a las energías limpias […] y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias”, que detalla la meta 7.a.
De forma más amplia, la visión estatizada y controlada en modo vertical del sector energético nacional desde Palacio Nacional está en clara oposición al alcance del reto que enfrenta nuestro país. Por ejemplo, la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) considera que el camino al cumplimiento del ODS 7 exige un esfuerzo importante en inversiones para infraestructura.
En el caso de América Latina, dicho monto se estimó en 154 mil millones de dólares anuales a 2030. Es evidente que el desafío es trascendental, y es por ello que las soluciones exigen: la participación armónica entre gobiernos, Iniciativa Privada y sociedad; desplegar nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos en el sector energético; colaboraciones público-privadas; y políticas públicas consistentes con resultados que puedan ser trazables y evaluables.
A nivel mundial existen retos importantes para reducir el número de hogares en pobreza y vulnerabilidad energética en amplias regiones de África y Asia. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2020 alrededor de 700 millones de personas no contaban con acceso a la electricidad, mientras que 2 mil 600 millones de individuos todavía preparan sus alimentos con combustibles como el queroseno, carbón o biomasa, v.gr. leña.
Falta de estrategia
En México, la Secretaría de Energía reconoce que hasta 4.8 millones de mexicanos tienen dificultades con el acceso al suministro de energía eléctrica (Sener 2020). La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 1.5 millones de personas no cuentan con servicio eléctrico y 1 de cada 3 hogares mantiene condiciones de vulnerabilidad energética, ya sea por déficits de confort térmico, sistemas ineficientes de refrigeración y falta de estufa de gas o eléctrica. Sin embargo, al final de la pandemia de COVID-19 se espera que estas cifras se incrementen por el reordenamiento en prioridades de gasto público.
Esta administración ha puesto especial énfasis en la reducción de la dependencia energética de nuestro país. El ataque sistemático que ha mantenido frente a las energías renovables no tiene lógica desde ninguna perspectiva: técnica, social, ambiental y, sobre todo, financiera. La Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable señala que si México adopta una campaña para incrementar la proporción de energías renovables en la matriz energética se reducirían las importaciones de gas natural y combustibles como diésel. Esto conduciría a ahorros en el margen de 1.2 a 2.5 mil millones de dólares, recurso importante que podría ser utilizado en proyectos de infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad energética de los hogares mexicanos.
Ruta actual incrementa la vulnerabilidad
Otro elemento que se desatiende es la eficiencia energética. Por un lado, está la tarea para concentrar esfuerzos en instrumentos que reduzcan la intensidad energética. Por el otro, se encuentran distintas iniciativas para modificar patrones de consumo que conduzcan al ahorro. La tasa promedio de incremento en la eficiencia energética a nivel global se ha desacelerado. De tal forma que los esfuerzos se deben redoblar de aquí a 2030. Lo cual ya no podrá ser cubierto únicamente por el avance tecnológico; serán necesarios incentivos fiscales y financieros que promuevan la adopción de las tecnologías eficientes. Estos elementos, de igual modo, aparecen ausentes en la política energética del Gobierno federal.
En México, las condiciones de marginación impiden que los hogares no solo no puedan hacer frente a los costos de la energía; sino que las características de su consumo no sean las deseables. En el caso más extremo, los hogares no cuentan con acceso a servicios energéticos que a la gran mayoría nos parecen como dados.
El país no cuenta con los elementos adecuados para atender la pobreza energética; y traza una ruta que amenaza con sumar más hogares a la estadística. La política energética del Gobierno federal no comulga con su mantra de atender primero a quien más lo necesita.
