Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- La Secretaría de la Función Pública sancionó con dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, respectivamente, y dos multas que suman más de dos millones de pesos, a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Se evitó el daño patrimonial, ya que se devolvieron los equipos al proveedor, luego de una serie de anomalías detectadas.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que “a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud y se continuará con esta revisión escrupulosa para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México”.
En seguimiento a ese compromiso y en estricto cumplimiento a la ley, la Función Pública informa que hoy se han publicado en el Diario Oficial de la Federación las Circulares 10/2020 (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596198&fecha=06/07/2020) y 11/2020 (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596199&fecha=06/07/2020), por medio de las cuales se informa con respecto a dos inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa.
El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa hoy inhabilitada —misma que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de COVID-19 en Hidalgo. Las oportunas acciones de la Secretaría de la Función Pública evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades:
El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno federal.
La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.
La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.
Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
La Secretaría de la Función Pública actuó de inmediato frente a esta situación y, como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.
De acuerdo con la SFP, este gobierno auspicia el derecho de todas las personas a los servicios de salud y asegura que éste prevalezca por encima de cualquier interés de lucro. A lo largo de la pandemia el Gobierno federal ha adquirido bienes en los mercados nacional e internacionales a precios sumamente competitivos, incluso ante las dificultades causadas por un incremento exorbitante en la demanda global por material y equipamiento médico.
Desafortunadamente, también se han identificado prácticas que se alejan de la nueva ética pública, sobre todo por parte de algunos proveedores del sector privado que siguen con vicios aprendidos durante el viejo régimen. “Nuestro trabajo, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es identificar esas acciones y castigarlas. En esta administración ya no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad o el influyentismo”, afirmó la secretaria Sandoval Ballesteros.
Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la Secretaría de la Función Pública también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición. Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la Función Pública ordenó como medida cautelar —en estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo. Informamos que ya se han concluido todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente.
“Con las acciones anunciadas hoy por la Función Pública se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos”, señaló la secretaria Sandoval Ballesteros. “Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público”, aseveró.
Finalmente, la Secretaría de la Función Pública agradece la activa participación de la sociedad en el combate a la corrupción e informa que, desde el 27 de febrero que se confirmó el primer caso positivo de SARS COV-2 ha recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias. Todas han sido atendidas y se seguirán atendiendo de manera inmediata para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las sanciones que correspondan.
