José María Lujambio I., Socio y Director de Energía en el despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton.
A finales de enero de este año, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) acordó la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo que hubiera permitido a CFE Suministrador de Servicios Básicos y otros suministradores interesados adquirir energía eléctrica, potencia y certificados de energías limpias (“CELs”) al mayoreo. Esta decisión cayó como balde de agua fría sobre el sector energético nacional, y particularmente sobre las empresas desarrolladoras de centrales eléctricas.
Se trató de una decisión instruida por la Secretaría de Energía (“SENER”), motivada por el rechazo ideológico prevalente en esta administración a la generación de energía eléctrica por parte de empresas privadas, particularmente si son extranjeras. No importó que la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”) establece que las subastas organizadas por el CENACE son la única vía posible para que el suministro básico celebre contratos de cobertura eléctrica. Tampoco pareció importar que en las tres subastas anteriores se hubieran obtenido precios cada vez más bajos, gracias a una competencia feroz; en particular, en la tercera subasta se logró un precio unitario promedio de $20.57 dólares por el paquete de energía eléctrica y certificados de energías limpias, y un mínimo de $17.70 dólares, todo un récord mundial. El gobierno ignoró también que las más de 60 centrales eléctricas con contratos asignados supondrán la creación de hasta 200 mil empleos directos e indirectos, y alrededor de 60 mil millones de dólares en inversiones en los próximos 15 años.
Ante este panorama, y luego de algunos meses de desconcierto, la industria eléctrica ha reaccionado con creatividad y optimismo. Si el Estado mexicano no quiere organizar las subastas a las que está obligado, ello no ha obstado para que otros actores convoquen a procesos competitivos similares. Y es que la demanda va a seguir creciendo mientras la economía lo haga, y el apetito de las empresas de generación por nutrir esa demanda sigue presente, a pesar de todo.
Así, por ejemplo, los consultores de Bravos Energía, brillantes servidores públicos que diseñaron el mercado eléctrico mayorista en la anterior administración, han puesto sobre la mesa un “concurso” eléctrico de largo plazo para que diversas entidades responsables de carga puedan adquirir energía eléctrica, potencia y CELs mediante contratos a 5, 10 o 15 años, con la participación de una cámara de compensación, e ideas sugerentes para atender los riesgos de congestión y de desviaciones en la generación renovable. Más de 200 personas acudieron al acto de presentación del concurso el pasado mes de junio. Organizadores e interesados coinciden en que el gran reto es convencer a un buen número de usuarios calificados de servirse del suministro que se vea alimentado por este concurso.
Por su parte, el gigante de la comercialización Vitol ha mostrado en los últimos años su ánimo por convertirse en un protagonista del mercado eléctrico mexicano, al participar con fuerza en organizaciones como la Asociación de Comercializadores de Energía (“ACE”) y reclutar talento local del más alto nivel. Pues bien, en el mes de septiembre Vitol, celebró el evento de presentación de su “proceso privado de procura” de largo plazo, con el apoyo de la consultora EY. Se espera que la confianza que inspira este jugador anime a desarrolladores a intentar vender sus productos mediante este mecanismo, y que Vitol como comercializador no suministrador se consolide como un gran agregador de oferta que aporte liquidez al mercado, y a su vez se valga de contratos con suministradores calificados independientes para servir a usuarios finales.
Además, a pesar de los enormes retos que plantea la consecución de contratos negociados directa y libremente entre generadores y suministradores, ya se han dado varios casos de negociaciones exitosas. Sin duda se trata de conciliar la necesidad del generador y el suministrador de contar con contratos de largo plazo, con la del usuario de no comprometerse por mucho tiempo, así como mitigar los riesgos crediticios de todas las partes involucradas. Si se alinean los astros, sí es posible.
Por ultimo, varias empresas están volteando a ver al abasto aislado y a su figura hermana, la generación local, para desarrollar proyectos que por su escala puedan seguir satisfaciendo sus rendimientos deseados, pero sin necesidad de pasar por el mercado. Estas soluciones “detrás de la reja” o “detrás del medidor” suponen casi un matrimonio entre generador y usuario, con las ventajas y desventajas que ello conlleva.
Ojalá que próximamente el gobierno recapacite y entienda que en las subastas eléctricas no ha habido corrupción y que, si algunos proyectos derivados de ellas no han podido levantar, las reglas siempre se pueden perfeccionar para que solo puedan ganar los proyectos más serios y avanzados. CFE no puede darse el lujo de prescindir de un instrumento que le permite contar con energía muy barata y limpia. ¿Qué más podría pedir el pueblo de México? Mientras tanto, como quieren mostrar estas líneas, la vida sigue después de las subastas. No queda más que desear mucho éxito a todo aquél que de buena fe desee invertir en el sector eléctrico de nuestro país.
