Oscar Aguilar Ascencio[1] de Priva-Data
UNO. El Presidente gobierna con una racionalidad distinta a la de gobiernos anteriores. Es como si su “sistema operativo” procesara solo software de Apple, y no de Windows. La razón es que la nueva administración tiene un “software” que responde a una visión alternativa de gobierno: lo mueven aspectos ideológicos, no las coordenadas con que los inversionistas procesan los programas, planes, decisiones y acciones de gobierno: eficacia, rentabilidad y visión de largo plazo.
SEGUNDO. La visión ideológica que el gobierno tiene del sector energético es nacionalista, lo que quiere decir es que no concibe a la empresa privada como legítima aspirante a tener participación y ganancias en el sector. La empresa privada es vista como un ente cuyos intereses se contraponen a los del estado, sin concebir un espacio en el que las inversiones privadas y el interés nacional sean compatibles. De hecho, ven al sector privado como la antítesis del interés público.
TERCERO. El Presidente considera que el objetivo del gobierno no es crecer, ni atraer inversiones, sino servir a la gente de escasos recursos, al “pueblo”. Esto condiciona sus decisiones en la administración pública e implica que los programas de gasto social, alrededor de 300 mil millones de pesos, sean el núcleo del nuevo proyecto político. Debido a que el objetivo del gobierno es primordialmente apoyar, subsidiar y dar dinero a la gente más necesitada, no se concibe a una administración de expertos, sino de leales funcionarios que cobren poco, compartan la austeridad por un fin superior (dar a los necesitados), sean honestos y por tanto que no exijan cobrar como profesionales cuya formación y experiencia dicen poco a los nuevos jefes. De ahí que los nombramientos en el gobierno se guían fundamentalmente por la lealtad al proyecto y al Presidente, no a la expertise y conocimiento del sector específico que administren. En el sector energético (Pemex, Secretaría de Energía y CFE) está al mando personal sin experiencia directiva en la materia o, al menos, en materia de finanzas o gobiernos corporativos.
CUARTO. El objetivo político del proyecto del Presidente es tener una sólida y amplia clientela electoral que le garantice la legitimidad (apoyo político) y continuidad de su gobierno. La meta es que los programas sociales lleguen a 23 millones de mexicanos para el 2021. Si tomamos en cuenta que el padrón electoral es de 82 millones, que votarían en la siguiente elección federal un 50% (41 millones), que el Frente por México (PAN-PRD-MC) alcanzó apenas 12 millones en 2018, no es difícil imaginar que con esa clientela el Presidente mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y, posiblemente, gane las 13 gubernaturas que estarán en juego ese año, con lo que su partido alcanzaría, como mínimo, 19 gubernaturas hacia el 2024. De este modo, la famosa “cuarta transformación” tendría vida al menos hasta 2030.
QUINTO. Por lo tanto, el sector energético debe entender que no estamos ante otro gobierno más, sino más bien ante una nueva era política, que tratará de borrar y desmantelar las políticas aplicadas durante lo que llaman “período neoliberal” (1982-2018) por considerar a ese período como el causante de todos los males que vive el país, desde la corrupción, hasta la inseguridad. La reforma energética fue uno de los puntos clave de ese período y por tanto su desmantelamiento o congelamiento ha sido inevitable en esta administración. El “pecado” mayor de esa reforma fue abrir la participación del capital privado nacional y extranjero al sacrosanto mundo energético, “propiedad de la nación”, sin importar consideraciones técnicas que exhiben la necesidad de grandes inversiones que el gobierno no está en condiciones de realizar.
SEXTO. Debido a su visión ideológica (nacionalismo) y moral (gastar en los sectores vulnerables con un sentido de misión cuasi-religiosa) el Presidente no responde, ni responderá a las críticas o cuestionamientos racionales de sus políticas, incluidas las que provengan del sector energético. El Presidente, en este sentido, vive en su propio universo, una especie de universo paralelo que privilegian objetivos políticos y no la eficiencia y racionalidad de políticas públicas. Esta es la razón por la cual el Presidente no responde a críticas refutándolas, sino que simplemente las descalifiica, sin más.
SÉPTIMO. Esto explica su fuerte reacción a las calificadoras que advierten de los riesgos y condiciones financieras en que se encuentra Pemex. El Presidente simplemente no entiende, ni acepta, que los criterios de las calificadoras responden a una estricta racionalidad financiera: la capacidad de pago de una empresa como PEMEX muy endeudada (105 mil millones de dólares) cuyo plan de negocios y los intentos por inyectarle capital proveniente de recortes al gasto corriente, simplemente no tiene la solidez necesaria para mantener, y mucho menos revertir, las calificaciones otorgadas.
OCTAVO. Del “universo paralelo” en el que vive el Presidente y su equipo, se sigue también la decisión de construir una refinería que representará una enorme carga financiera para el gobierno (se calcularon 8 mil millones de dólares, pero los expertos estiman que fácilmente sobrepasará dicha cifra), que no operará siquiera en esta administración, que está en un terreno no propicio para ese tipo de obra y, además, lejos de los lugares estratégicos que abastecería. Sin embargo, la refinería es una decisión racional en el universo del Presidente: dar empleo en la zona sur del país, reactivar la economía del sureste, donde está la base de su clientela electoral y en particular de su estado natal, Tabasco. La refinería hará dupla con la otra obra simbólica, el Tren Maya, que también responde a esa lógica paralela que todos los expertos advierten, en la vida real, no es rentable, por lo cual implicará presionar aún más las finanzas del gobierno.
NOVENO. El proyecto político del nuevo gobierno implica la concentración de poder, eludir o contrarrestar los contrapesos que le pudieran poner trabas u obstáculos a las decisiones asumidas. Por esta razón, los órganos autónomos y reguladores han sido objeto de fuertes críticas y descalificaciones y no es casual que el primero de esos órganos haya sido la Comisión Reguladora de Energía (CRE), prácticamente desmantelada en su autonomía y con integrantes al servicio del nuevo gobierno.
DÉCIMO. Con el paso del tiempo, las presiones de las finanzas públicas, especialmente por el costo de los programas sociales y lo que implica el rescate de Pemex, el gobierno enfrentará las consecuencias financieras de sus decisiones, pero gracias a que se tendrá una sólida clientela electoral, la inversión política de los programas sociales dará para mantenerse en el poder no solo para 2024, sino para al menos otros seis años más, sobre todo si se considera que no se vislumbra en el mediano plazo, por decir lo menos, una oposición política sólida que pudiera contrarrestar la maquinaria del partido en el poder, encabezada por un Presidente que ve al país desde una perspectiva incompatible con el universo racional, frío, pero implacable de los números de la realidad económica.
Comentario final:
La única muestra que ha dado el gobierno para entender una realidad que se le escapa a su universo paralelo, es la reacción del Presidente a las amenazas de Trump (imponer aranceles si México no contrarresta la creciente inmigración ilegal a su territorio). La amenaza económica y política del gobierno de Estados Unidos fue leída correctamente como una amenaza al proyecto político de López Obrador y es muy interesante confirmar que las advertencias de las calificadoras y de los bancos nacionales respecto a las implicaciones que tendrán para las finanzas nacionales proyectos como la refinería en Dos Bocas o las consecuencias en términos de inversión de la cancelación del nuevo aeropuerto NO fueron leídas con los mismo lentes. ¿La razón? El gobierno actual subestima en su visión ideológica la lógica de la racionalidad económica que señalan entidades vistas como “hipócritas” o partes del sistema “neoliberal”, pero NO subestima la amenaza dura y directa del poder del vecino del norte para afectar la economía nacional ante el evidente costo que implica la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas.
Posiblemente el sector energético debería ser más claro, directo y contundente en sus advertencias al nuevo gobierno respecto de los costos e implicaciones que una visión ideológica nacionalista tendría no solo sobre el rezago del sector, sino en la economía nacional en su conjunto.
[1] Socio fundador despacho especializado en análisis político y estrategia. PRIVA DATA, S.C. www.priva-data.com
