Se necesita mayor vinculación de políticas públicas ambientales y de gestión del agua potable para garantizar su disponibilidad y el bienestar de las poblaciones urbanas en el mediano y largo plazo. Greenpeace alerta que las industrias de Nuevo León se deben responsabilizar al respecto del uso del agua.
La escasez de agua en Nuevo León es provocada en gran medida por el cambio climático y por la actividad industrial en la región. De acuerdo con Greenpeace no existen sanciones o compromisos claros para generar condiciones ambientales de mayor disponibilidad de agua en la cuenca.
Greenpeace México reaccionó ante la publicación del Acuerdo de inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022. Emitido el 12 de julio por la Conagua, busca responder a la situación de sequía en 571 municipios de México. El documento contempla medidas para limitar temporalmente los derechos de grandes usuarios del agua, como las industrias. El fin es abastecer el líquido para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que la carecen.
El Acuerdo establece la posibilidad legal de que las industrias concesionarias de agua puedan ceder una parte de los volúmenes que tienen disponibles. Pero no son de carácter obligatorio. Esto implica que tienen la decisión final y discrecional de entregar o no el agua que tienen concesionada. En el caso de Monterrey, se han logrado acuerdos políticos para que algunas industrias cedan parte de sus volúmenes. Pero no se ha materializado hasta el momento.
Industria sedienta
En Nuevo León, informa Greenpeace, operan industrias en cuyas operaciones extraen más de 10 millones de metros cúbicos de agua. La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora filial de la holandesa Heineken (6,980,000 metros cúbicos); concesiones para la elaboración de productos de Coca-Cola (2,080,111 metros cúbicos) y Topo Chico (1,210,000 metros cúbicos). El consumo de la industria refresquera podría abastecer alrededor de 1 millón y medio de personas. Es decir, la quinta parte de la población de Nuevo León. En un panorama de incertidumbre de disponibilidad de agua ante el cambio climático, el esquema de concesiones debería ser replanteado.
En paralelo, el cambio climático ha propiciado que las sequías del actual periodo de estiaje (nivel más bajo) sean mucho más largas e intensas en el norte del país. En Nuevo León, los focos de alerta se encendieron cuando las principales presas que abastecen de agua a Monterrey, La Boca y Cerro Prieto, registraron volúmenes mínimos históricos desde inicios del año. Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León ha trabajado en coordinación con el gobierno federal. Se han centrado en medidas que no resuelven el fondo del problema. Es decir, con acciones como bombardear las nubes con yoduro de plata para que llueva, o replantear la posible restauración del proyecto Monterrey VI, un ducto de más de 300 kilómetros de longitud para trasvasar agua del río Pánuco a la entidad.
“Está demostrado que los trasvases no resuelven los problemas de abastecimiento de las grandes ciudades, como sucede con el Cutzamala en el Valle de México, y que implican despojar del líquido a otros entornos locales con menor poder político”.
De acuerdo con Carlos Samayoa, Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México, estos tipos de infraestructura demandan un inmenso gasto de energía sucia para transportar el agua a distancias lejanas, reforzando así un círculo vicioso de calentamiento global y de extractivismo interno de forma continua.
El líquido requiere de control obligatorio
Monterrey no es una excepción de lo que sucede en varias ciudades del país respecto a la falta de control del crecimiento urbano. Esto ha disminuido drásticamente las zonas de valor ambiental que son indispensables para afianzar la infiltración pluvial en los acuíferos y lograr una mayor disponibilidad de agua para la población. En tanto no se tomen medidas tanto urgentes, como a largo plazo y asignando responsabilidades de manera clara y obligatoria, veremos más casos como Nuevo León.
Samayoa enfatiza que:
“En el caso de Nuevo León, es necesario que el gobierno del estado y el gobierno federal se comprometan a preservar zonas de valor ambiental fundamentales para la infiltración pluvial a los acuíferos. Son reservorios subterráneos de agua fundamentales para enfrentar años secos, como es el caso del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, entre otras áreas que deberían formar parte de un plan estratégico para garantizar un mayor abasto de agua a través de soluciones ambientales.”
Millones de mexicanos con sed
Greenpeace asegura que las autoridades han hablado muy poco sobre el impacto del cambio climático en el ciclo del agua. Si las políticas públicas ambientales y de gestión integral del agua potable no están vinculadas, será muy difícil garantizar el bienestar de las poblaciones urbanas en el mediano y largo plazo.
Aunado a ello, México enfrenta una situación de injusticia en el acceso al agua potable. Casi 50 millones de personas no la tienen. Esto porque entre un 30 y 40% del agua potable se desperdicia por fugas y problemas de infraestructura en las ciudades. En estados como Guerrero y Chiapas, a pesar de no padecer sequías, sus poblaciones son las que tienen el acceso más bajo al agua debido a la falta de infraestructura para su distribución.
Samayoa advierte:
“Este es un momento crucial para replantear la forma en que se gestiona el agua y el medio ambiente en el país. Las industrias que usan el agua como materia prima, como las embotelladoras de bebidas, obtienen beneficios económicos superiores a los 80 mil millones de pesos”.
En contraste, el presupuesto asignado por la Federación a los estados para mejorar los sistemas de agua potable es de apenas 2,500 millones de pesos. En este contexto de emergencia climática, las industrias deben invertir más recursos para eficientar el uso de agua, reducirlo y posibilitar el abasto de las poblaciones. De acuerdo con el Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México, urge que el Congreso Federal expida la Ley General de Aguas que desde hace más de 10 años está pendiente para lograr garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento de todas las personas del país a través de un esquema de mayor justicia social.
