La CNDH responsabiliza a Pemex por negligencia y falta de mantenimiento en su infraestructura, lo que habría contribuido a la tragedia de Tlahuelilpan en 2019; exige acciones urgentes y reparación integral
A seis años de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde 138 personas perdieron la vida por la explosión de una toma clandestina de combustible, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe contra Petróleos Mexicanos (Pemex). El organismo responsabiliza a la empresa estatal por negligencia, omisiones graves y falta de diligencia debida en la operación y mantenimiento de su infraestructura.
En el documento, publicado el pasado 22 de junio, la CNDH señala que Pemex opera con infraestructura en mal estado y tecnología obsoleta para detectar y atender tomas ilegales de hidrocarburos, conocidas como huachicoleo.
“Su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal”, advierte el organismo.
Sin acciones para frenar las tomas clandestinas
La Comisión también enfatizó que Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de estas tomas clandestinas, pero no ha implementado estrategias efectivas para frenar el fenómeno. Además, criticó la ausencia de acciones para remediar los daños ambientales ocasionados por las fugas de hidrocarburos, y recordó que una resolución de la Suprema Corte no exime a la empresa de su responsabilidad general.
“Pemex, como empresa productiva del Estado con ingresos millonarios, personal especializado y un mandato social, tiene la obligación de prevenir accidentes, garantizar el respeto a los derechos humanos y remediar daños cuando estos ocurran”, afirma el informe.
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La CNDH también propuso una serie de recomendaciones para Pemex y los tres niveles de gobierno. Entre ellas, diseñar campañas de concientización sobre los riesgos del manejo inadecuado de combustibles, capacitar a servidores públicos en zonas de alto riesgo y crear un plan integral de atención médica, psicológica y social para las víctimas y sus familias.
¿Plan Conjunto es suficiente?
En cuanto al llamado “Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos”, implementado desde 2018 con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y otras autoridades, la CNDH indicó que si bien representa un esfuerzo coordinado, es insuficiente en términos de derechos humanos.
“Es necesario fortalecer el diseño y desarrollo de ese plan, armonizando esfuerzos a fin de implementar una estrategia efectiva que aborde las causas del huachicoleo, así como sus consecuencias para la salud y el medio ambiente”, subrayó.
El informe exhorta también a someter el transporte de combustibles por ducto al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, como parte de una política de debida diligencia. En este sentido, recomienda elaborar Manifestaciones de Impacto Ambiental y Estudios de Riesgo para prevenir nuevos desastres.
La tragedia de Tlahuelilpan ocurrió el 18 de enero de 2019, cuando cientos de personas acudieron a recolectar gasolina de una fuga en un ducto de Pemex. A las 18:52 horas, se registró una explosión que dejó 138 muertos, entre ellos menores de edad y mujeres, además de 13 heridos. La magnitud de la tragedia puso en evidencia la falta de protocolos adecuados y de capacidad de respuesta ante emergencias.
La CNDH concluyó que es urgente que Pemex modernice su infraestructura, incremente la vigilancia en sus ductos y garantice el respeto a los derechos humanos de las comunidades que viven en zonas de riesgo. La empresa aún no ha emitido una respuesta pública al informe.
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