En un fallo con implicaciones significativas para la política comercial estadounidense, el Tribunal de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), con sede en Manhattan, dictaminó que los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump a los productos de importación violan la Constitución
Según el tribunal, solo el Congreso tiene la autoridad para establecer este tipo de medidas tarifarias, lo que deja sin efecto los aranceles impuestos por la administración Trump el pasado 2 de abril.
Un fallo sobre aranceles impuestos basado en principios constitucionales
La resolución del ITC estableció que la Constitución de Estados Unidos no permite otorgar al presidente poderes arancelarios de manera ilimitada. En una opinión escrita que acompaña la decisión, uno de los jueces argumentó que transferir tal autoridad al Poder Ejecutivo constituiría una cesión indebida de las funciones legislativas del Congreso.
La administración Trump había justificado la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), alegando que los déficits comerciales representaban una emergencia nacional. Sin embargo, los jueces concluyeron que la normativa de 1977 no autoriza al presidente a imponer sobrecargos ilimitados en productos provenientes de prácticamente todos los países.
Impacto en el comercio internacional respecto a los aranceles impuestos
Los decretos firmados por Trump imponían aranceles de al menos 10% a todas las importaciones y hasta un 50% dependiendo del país de origen. Esta medida afectó directamente a México y Canadá, naciones a las que el expresidente había presionado en temas como el tráfico de migrantes y drogas.
El tribunal determinó que los llamados “Aranceles de Tráfico” no cumplían con los requisitos de la IEEPA, ya que no abordaban amenazas específicas establecidas en la normativa. Como resultado, la mayoría de los gravámenes impuestos por Trump quedaron sin efecto tras la sentencia.
Reacciones: la Casa Blanca y las empresas afectadas
La Casa Blanca reaccionó con dureza al fallo judicial, acusando a “jueces no elegidos” de intervenir en decisiones de emergencia que. Acorde a la administración republicana, buscaban restaurar la grandeza económica del país. En un comunicado, el portavoz Kush Desai defendió la política comercial del expresidente, asegurando que su gobierno utilizó todas las herramientas del Poder Ejecutivo para abordar la crisis comercial.
Por otro lado, la demanda contra los aranceles fue promovida por el Liberty Justice Center en representación de cinco pequeñas empresas importadoras. Desde un fabricante de instrumentos musicales en Virginia hasta un importador de vinos y licores en Nueva York. Estos negocios argumentaron que las medidas comerciales encarecían sus operaciones y les impedían competir en el mercado estadounidense.
Trump apela la decisión judicial
Tras conocer la sentencia, la administración Trump presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Esto con el objetivo de revertir la decisión del ITC. Documentos judiciales revelados por CNN indican que la Casa Blanca busca justificar los gravámenes. Esto mediante la necesidad de abordar desequilibrios comerciales que, según el gobierno republicano, representan una “emergencia nacional” en términos económicos.
El rápido movimiento de la administración ha generado incertidumbre en el país, tanto para empresas como para consumidores. También abre la puerta a una prolongada batalla comercial. La apelación también afecta los llamados aranceles del “Día de la Liberación”, dirigidos contra China, México y Canadá. Esto como parte de los esfuerzos del gobierno por frenar la entrada de fentanilo en territorio estadounidense.
Mientras se resuelven las apelaciones, estos aranceles podrían permanecer congelados. Esto generaría dudas sobre el futuro de la política comercial de Estados Unidos y sus relaciones con socios clave.
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