La batalla por los reguladores, la lectura de la izquierda

Víctor Rodríguez Padilla
Una constelación de limitaciones y restricciones, internas y externas, le impiden al presidente Andrés Manuel López Obrador prescindir de las empresas y el capital privado, así como de los mecanismos e instituciones de mercado, sobre todo de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entes reguladores con asidero constitucional. Excluida la desaparición, la alternativa es controlar. De ahí el tinglado para remplazar a cuatro comisionados, frente a la tenaz resistencia de los que apoyan la continuidad de la reforma energética tal como operó durante la pasada administración. El senador Gustavo Madero no se anduvo con rodeos al declarar: “en realidad hay un proyecto de fondo, él –AMLO– quiere darle en la madre a la CRE, él quiere tener puros incondicionales para poder hacer y deshacer en el sector energético a contentillo, sin tener a nadie que le pueda hacer una opinión fundada, motivada y técnica que lo contradiga, ese es el pleito de fondo”.
La jugada presidencial forma parte de la estrategia para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a operar como palancas de desarrollo y pilares de la seguridad y soberanía energética. El control de los reguladores es necesario porque la reforma energética no se cancela, pero el presidente quiere que Pemex y CFE recuperen espacios perdidos y afiancen su papel preponderante en el suministro de combustibles y electricidad. Ya con cuatro comisionados leales al presidente el control de la CRE está asegurado. Sigue la CNH.
El asunto de los reguladores no sólo es una cuestión pragmática, también es ideológica y política. El presidente afirma que en el periodo neoliberal se impulsó un gobierno paralelo de órganos autónomos para favorecer a una minoría y simular que trabajan en beneficio del país. Se engañó al pueblo de México. Se le hizo creer que el país necesitaba de instancias autónomas de expertos independientes apartados del poder ejecutivo para que funcionaran correctamente. En la mayoría de los casos, esas instituciones han sido independientes, sí, pero del pueblo. Sólo han respondido a intereses privados y han estado subordinadas a las políticas privatizadoras.
El presidente reitera que los neoliberales buscaron desmantelar a Pemex y a la CFE. Acusa a exfuncionarios de alto rango de trabajar para el sector privado y participar en un plan perverso para debilitar a las empresas públicas. “Los neoliberales tecnócratas, con el distintivo de la corrupción, se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro”. A pesar de todo, el presidente ha precisado que no impulsará una reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos, sólo los va a “purificar”. También ha dicho que en gobiernos anteriores los comisionados eran designados por cuotas partidistas, por obscuras negociaciones políticas o por las escuelas en donde habían estudiado con marcada preferencia por los egresados del ITAM, sin importar la experiencia que tuvieran en el tema. Ahora serán elegidos por su capacidad, honestidad y compromiso con la 4T (aunque tampoco tengan experiencia en regulación).
Simpatizantes y seguidores del popular presidente lo han apoyado con todo tipo de opiniones, entre las cuales rescatamos las siguientes:

1. La reforma energética dotó a la CRE y a la CNH de un inmenso poder, un poder transexenal poco democrático, porque los comisionados son nombrados por periodos de siete años, que los pone a cubierto del cambio de correlación de fuerzas políticas y del mandato popular. Los actuales comisionados fueron elegidos por gobiernos que fracasaron y fueron echados del poder el 1 de julio, sin embargo, se niegan a renunciar. Hoy trabajan como garantes de la continuidad de modelo privatizador y no quieren dejar de hacerlo. Y su poder es enorme: después de la reforma energética las atribuciones de la CNH se multiplicaron por cuatro y la CRE fue investida de poderes para intervenir en casi todas las actividades del sector energético. Esas facultades han sido utilizadas para golpear y debilitar a Pemex y a CFE, mientras que a los privados se les trata con respeto y consideración. Además, el poder del que gozan ambas comisiones les permite interferir en la política energética, un campo que legalmente no es el suyo. Un ejemplo: la CNH insiste en impulsar el fracking, a pesar de que el presidente López Obrador ha expresado su negativa en múltiples ocasiones.

2. Por supuesto que ninguna de las doce personas propuestas por el presidente se ajustan al perfil tecnocrático que desean los mercados. Tales perfiles no corresponden a la perspectiva con la que fue diseñada la CRE: el desmantelamiento de Pemex y CFE, en aras de un hipotético mercado competitivo, ardid para que las corporaciones multinacionales hagan y deshagan a su gusto. Los candidatos de AMLO son ajenos al proceso privatizador institucionalizado por la reforma energética. Son personas honestas y alineadas con el proyecto de la 4T, por lo tanto, comprometidas a revalorizar y fortalecer el papel empresarial del Estado en el sector energético.

3. “Hoy, ante la imposibilidad objetiva de revertir la reforma energética, triunfar en la disputa por el control de la CRE resulta crucial para aplicar la política energética que aprobó la mayoría del electorado en julio del año pasado: respeto a las entidades privadas y a los contratos ya celebrados –siempre y cuando no hayan sido obtenidos de manera irregular o corrupta– y fortalecimiento de las capacidades del Estado para proveer energía que impulse un desarrollo con todos y desde abajo. Los argumentos tecnocráticos con los que la oligarquía neoliberal pretende mantenerse atrincherada en los organismos reguladores autónomos son, en realidad, pretextos para impedir la realización de una estrategia energética popular acorde con la democratización general en las instancias de gobierno y con una perspectiva de desarrollo compatible con el bienestar social. Ese es el telón de fondo de la disputa por la CRE”, escribió Pedro Miguel en La Jornada (bit.ly/2U4UroL).

4. La creación de organismos autónomos es una estrategia del gran capital internacional para fraccionar y dividir el poder del Estado. La creación de entes públicos independientes acompañó al agitado y corrupto proceso de liberalización del comercio y la inversión en el auge de la globalización de finales del siglo XX. En México los primeros reguladores especializados (competencia económica, telecomunicaciones, energía…) fueron una exigencia de los Estados Unidos durante la negociación del TLCAN, de cara a la creación de grandes empresas privadas nacidas de las privatizaciones salinistas (bancos, teléfonos, fertilizantes, acero…).

5. Aislados del resto del Estado, los reguladores económicos se alinean ideológicamente con el capital y se convierten en aliados o vasallos. Comparten la visión idílica de libre mercado y supremacía de los inversionistas sobre trabajadores, usuarios, consumidores, pueblos y comunidades. Para el capital, los reguladores autónomos son más fáciles de enfrentar, presionar y capturar. El fenómeno de puerta giratoria entre reguladores y regulados garantiza el pensamiento único de privilegiar a los inversionistas, bajo la falsa idea de que son ellos los creadores del desarrollo.

6. La CRE y la CNH tuvieron una participación decisiva en el diseño del modelo energético impulsado por Enrique Peña Nieto. Justificaron y promovieron el fraccionamiento de Pemex y CFE, la disgregación de sus componentes, así como la aplicación de una regulación asimétrica, con la finalidad de no dejarlas competir o que lo hicieran en condiciones desventajosas, mientras las corporaciones multinacionales y sus socios nacionales se iban adueñando del sector. En materia de contratos petroleros, la CNH había venido funcionado como un apéndice de las Secretarías de Hacienda y Energía. Y entre las tres dependencias se las ingeniaron para que ricos yacimientos quedaran en manos de empresarios allegados a la presidencia de la república (Ronda 1.2). Ambos reguladores han sido artífices del despojo a las empresas públicas de recursos, infraestructura, operaciones y mercados. Los árbitros han estado totalmente a favor de un equipo: el de las empresas e inversionistas privados. El “piso parejo” para competir es un mito.

7. Los reguladores energéticos nunca han sido ni autónomos ni independientes. En términos de presupuesto, no pertenecen al conjunto de órganos autónomos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por citar algunos. Tampoco gozan de independencia política. La Ley de los Órganos Coordinados en Materia Energética pone a la autoridad política –la Secretaría de Energía– y a las autoridades reguladoras –CRE y CNH– en un plano horizontal. En la práctica, la relación ha sido vertical, con órdenes que emanan de la presidencia de la república, bajan a la Secretaría de Energía y se transmiten a los reguladores. Más que coordinación ha privado la subordinación. Si hasta ahora no había existido conflicto institucional es porque había cohesión política e ideológica: todos en la línea de mando estaban de acuerdo en liberalizar, privatizar y extinguir a Pemex y a la CFE. Esa política se canceló porque el 1 de julio el voto popular estableció un nuevo orden y un nuevo mandato.

La batalla por la CRE es un episodio del choque de dos modelos organizativos y regulatorios. El primero está basado en empresas públicas fuertes, integradas, autoreguladas, preponderantes, creadoras de políticas públicas y sujetas a planes de gobierno. Es el modelo impulsado por AMLO. El segundo, está basado en empresas privadas, con dominancia extranjera, que aprovechan las oportunidades del mercado abierto y los contratos con garantías gubernamentales. Es el modelo que surgió de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Sin cambios en el marco jurídico vigente los reguladores son indispensables en ambos modelos. Todos los gobiernos caen en la tentación de controlar a las instituciones reguladoras. (CE: energia123@hotmail.com y en Facebook.com/victor.rodriguezpadilla).