(Víctor Rodríguez Padilla, Coyoacán, 22 de enero de 2019). La estrategia contra el robo de combustible ha propiciado el desabasto de combustible en algunos estados y en la Ciudad de México los primeros días de enero. Largas filas de automóviles esperan horas para cargar combustible en las estaciones de servicio esperando el turno o a que llegue la pipa. El tráfico en la ciudad ha disminuido sensiblemente. Las plazas comerciales y los grandes almacenes lucen semivacíos. La clientela deserta comercios, restaurantes y centros recreativos. Los traslados en automóvil se reducen al mínimo para ahorrar combustible. El tráfico interurbano también ha disminuido. El 98% del transporte en el país se realiza con gasolina y diésel.
El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador asegura que hay suficiente gasolina en el país y que el problema es de distribución. El consumidor final tiene una apreciación diferente toda vez que cuenta el tiempo y las molestias que tiene que pasar para llenar el tanque. El producto que llega a los puntos de venta no alcanza a satisfacer la demanda, por demás desbordante por las compras de pánico. El desabasto se traduce en ira y frustración para algunos, otros reafirman su apoyo incondicional al presidente. Una encuesta revela que entre el 70 y el 80 por ciento de la población aprueba las acciones emprendidas.
La acción gubernamental contempla, entre otras medidas, el cierre de ductos, un nuevo método de distribución del combustible y vigilancia militar de refinerías, terminales, tuberías y medios de transporte. El desabasto comenzó cuando Pemex cerró algunos ductos que conectan las refinerías con las terminales de almacenamiento y reparto, para realizar el acarreo con camiones cisterna resguardados por la policía federal, procedimiento notoriamente más lento. En los puertos se acumulan barcos esperando la liberación de espacio en los tanques de almacenamiento. El enojo de los huachicoleros se ha traducido en sabotajes al ducto que va de Tuxpan hacia el Valle de México, la tubería más importante prevista para funcionar con normalidad. El gobierno anunció la compra de 500 pipas nuevas, Pemex cuenta con 1,600 y el sector privado con 3,400. Se necesitarían varios miles más para mover todo el producto que circula en los ductos.
La desinformación también es parte de la crisis: el gobierno no ha logrado explicar con claridad suficiente los componentes y alcances de la estrategia contra el huachicoleo, hecho aprovechado por los opositores que dominan los medios de comunicación para crear un clima de linchamiento, juicios terminales y peores augurios sobre el avenir. A las autoridades se les acusa de actuar de manera improvisada y precipitada, poco eficiente e irresponsable. La guerra de cifras entre el gobierno y sus detractores alimenta un debate intenso. A pesar de la crítica lapidaria, poco constructiva y fuera de lugar, la determinación de continuar la batalla no ha menguado y ello es bueno.
Ante los acontecimientos conviene hacer varias acotaciones. En primer lugar, es justo reconocer que ya era hora de que alguien tuviera el valor y la voluntad de dar una lucha frontal contra los huachicoleros y sus socios, incluyendo los que operan dentro de Pemex y en los medios políticos y empresariales. Había que ir a fondo y ya lo estamos viendo. Es la primera gran batalla contra la corrupción. Gobiernos anteriores conocían el problema, pero con diferentes pretextos no pudieron o no quisieron detener la sustracción y el tráfico de combustible robado. El fenómeno creció desmesuradamente durante la administración de Enrique Peña Nieto por incapacidad, negligencia o complicidad. Delito e impunidad iban de la mano. A partir de 2016, el robo de combustibles en los ductos superó al que se perpetraba en las refinerías y terminales. Los gasolinazos hicieron más rentable el negocio con altos precios de la gasolina y el diésel. Los gobiernos estatales también tenían vela en el entierro, particularmente en Puebla. Hay denuncian de huachicol como alimento de campañas políticas. El ex presidente Felipe Calderón declara que él si combatió el delito, pero que va, no tuvo otra mejor idea que pasarles a los gobiernos locales el mapa de los ductos de Pemex con el pretexto de prevenir el delito, pero lo único que consiguió fue potenciar la ordeña y la entrada del crimen organizado, ahora dominante en ese negocio infame. Esa política de hacer poco o nada contra el huachicol se enmarca en la política neoliberales de permitir saqueo y quebranto de Pemex con fines de privatización.
En segundo lugar, es menester aquilatar la importancia de lo que está en juego. Es verdad que la escasez de gasolina afecta a los intereses particulares de los ciudadanos, pero este combate es por el interés colectivo. El robo de combustible causa un daño enorme no sólo a Pemex sino a la población entera porque el producto robado es propiedad de la nación. Tan sólo el año pasado Pemex perdió 65 mil millones de pesos, es dinero que pierde la hacienda pública junto con los impuestos que ya no se recaudan. Y algo no menos grave: el robo se acompaña de inseguridad, violencia y asesinatos, así como de accidentes, daños a la salud y al ambiente. La explosión más reciente en una toma clandestina (Tlahuelilpan, Hidalgo) es un drama nacional por un un saldo preliminar de 91 muertos y 49 heridos, ciudadanos comunes de bajos ingresos que aprovechan lo que dejan los huachicoleros. Pero el robo de combustible no sólo se trata de un tema económico y social, también es un asunto de seguridad nacional porque se trata de recuperar el poder del Estado frente al crimen organizado que ha aprovechado la negligencia y la corrupción en los tres niveles de gobierno. Lo que está en juego es el restablecimiento de la autoridad del Estado y el cumplimiento del estado de derecho.
Dicho lo anterior es recomendable ajustar la estrategia, empezando por brindar más información, claridad y exactitud sobre el conjunto de acciones emprendidas, su duración y alcance. Nadie pone en duda la necesidad de acabar con el robo de combustible, pero la ciudadanía merece saber si el desbasto será recurrente, cuál será la afectación económica y la ganancia neta para el país. ¿El sacrificio de los ciudadanos ha valido la pena? ¿Cuánto está costando la batalla contra el huachicol? Y no sólo eso, la ciudadanía exige la exhibición de los delincuentes en la plaza pública, no deben quedar en el anonimato quienes se enriquecieron con los bienes de la nación. Por salud pública es necesario que se den a conocer los nombres y los rostros no sólo de los zares del huachicol y sus secuaces sino también de los malos funcionarios públicos metidos en el negocio por omisión o comisión. Hay responsabilidades para siete ex directores de Pemex, secretarios de Hacienda y Energía y la cúpula sindical encabezada por Carlos Romero Deschamps.
También es necesario explicar por qué el cierre de ductos fue la mejor solución a los ojos de los responsables de combatir el delito. Tiene lógica pensar que si no hay combustible en los ductos es inútil picarlos para sustraer el líquido, sin embargo, es una lógica de corto plazo cuando lo que se requiere es una solución definitiva. ¿Cuánto tiempo hay que cerrar los ductos para acabar con los huachicoleros, resistentes como las cucarachas? El transporte mediante camión cisterna es una opción cara e ineficiente por lo que no puede ser una solución permanente y menos si tienen que estar bajo protección permanente del ejército o la guardia nacional para que los criminales no se roben las pipas. En términos de seguridad industriales los ductos son mucho más seguros que los carros tanque, que son bombas rodantes circulando por las carreteras. Transportar petrolíferos por ducto es la primera mejor opción, además de que esos miles de kilómetros de tubería y los sistemas de monitoreo le han costado una fortuna al erario público. También es cierto que los huachicoleros sólo están esperando la reapertura de ductos para continuar con su labor siniestra. No es un problema que se resuelva de la noche a la mañana. De ahí la importancia de continuar dando una lucha tenaz a lo largo de toda la cadena suministro. Hasta ahora se ha privilegiado combatir la sustracción ilegal de combustible sin embargo el consumo también debe ser objeto de penas severas. Todo consumidor, empezando por las compañías de transporte y las empresas del sector industrial, debe tener a la mano los datos del inventario y la factura registrada en la SHCP, que prueba la compra lícita de los petrolíferos que consumen. Se necesita una policía especializada blindada contra la corrupción. También es necesario definir el huachicoleo como delito grave y aplicar La Ley federal de Extinción de Dominio.
Por último tres observaciones, dos pregunta y una paradoja: i) las 500 pipas nuevas que comprará el gobierno federal no serán propiedad de Pemex, ni serán operadas por trabajadores de la empresa productiva del Estado; ii) la estrategia contra el robo de combustibles se basa en ceder al sector privado una buena parte de las actividades que venía realizando Pemex; iii) la iniciativa presidencial de crear un Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía le quitará a Pemex infraestructura y materia de trabajo, tal como hizo la reforma energética de Peña Nieto que le arrebató la red troncal de gasoductos para llevársela al Centro Nacional de Control de Gas. ¿Continua entonces el desmantelamiento selectivo de la empresa pública? ¿Hacer a un lado a Pemex y profundizar la privatización garantizará pondrá fin a la corrupción y garantizará la seguridad energética? Lo paradójico de esas decisiones es que provienen de un gobierno comprometido con el rescate y fortalecimiento de la empresa productiva del Estado.
