En la mesa de diálogo sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos, los expertos destacaron la importancia del combate al robo de combustible, pero aseguraron que la reforma no es la vía
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados inició la mesa de diálogo con expertos, académicos y miembros de la Iniciativa Privada sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, el presidente de la Comisión, Manuel Rodríguez, diputado de Morena, señaló que la iniciativa está enfocada en el almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos; también, a la actualización y armonización de los permisos indicados en el Capítulo I del Título Tercero de dicha Ley.
Del mismo modo, recordó que tanto la exploración como la producción no son objeto de la iniciativa; por lo que los contratos con empresas petroleras privadas están fuera de los alcances de dicha propuesta.
Por otro lado, Rodríguez recordó que en la comparecencia de Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se informó que uno de los grandes retos del órgano desconcentrado es el robo de combustible. Ante ello, Buenrostro refirió que esto ha provocado una afectación de 23 mil millones de pesos en la recaudación.
Expertos hablan sobre la reforma
Sobre el tema, la experta en energía, Rosanety Barrios, indicó que los objetivos de combate al robo de combustible no están a discusión; pues son compartidos por toda la sociedad, “es absurdo que alguien pueda estar en contra del robo de combustible”.
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Sin embargo, consideró que gran parte de los elementos que se buscan modificar con la reforma existen sin necesidad de que se modifiquen la ley; o que requerirían algún tipo de procedimiento ajeno a las autoridades de energía.
Asimismo, se refirió sobre el tema del almacenamiento de hidrocarburos en el país y las problemáticas que se presentan en el país.
“No existe una ley de almacenamiento. Lo que existe una política de almacenamiento establecida por la Sener; misma que desafortunadamente disminuyo la obligación de 11 días de objetivo a cinco”.
Por su parte, Raúl Pérez Johnston, en representación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reiteró que los objetivos perseguidos con la iniciativa son loables; pues nadie está en contra del combate al robo de combustibles ni el fraude a la ley.
No obstante, indicó que la forma en la cual está planteada la iniciativa, presente una serie de problemas.
“El hecho de que se puedan otorgar atribuciones principalmente a la Sener y a la CRE que no son del ámbito propio de su competencia, pueden convertir un acto que podría ser legítimo de origen, en un acto de naturaleza arbitraria”, puntualizó.
