AHMSA  vs CFE: cancelación de contrato de carbón

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El sobrecosto del precio del carbón respecto a los precios internacionales, la menor calidad calorífica y un bajo nivel de despacho en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), han sido los argumentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar por terminados los contratos de suministro de carbón con Altos Hornos de México (AHMSA). La siderúrgica, por su parte, anunció que ejercerá todos los recursos legales disponibles para que le sean pagados los daños y perjuicios por esta decisión como es el despido de 2,400 empleados, la afectación proveedores y pérdidas por 250 millones de dólares.
El viernes pasado, AHMSA acusó a la CFE de cancelar los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V., a lo que de acuerdo con un aviso “a la opinión pública”, firmado por Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa, existen “impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad”, así como “impedimentos de tipo físico” que “constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de éstos.”
“Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.”
La CFE refirió que la Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el MEM. De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio 80% de estos costos.
Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.
Lo anterior ha provocado “un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.”
El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). 
Sin embargo, -justificó- “el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. La tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.”
“El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).”
“La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.”
La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.
Sin embargo, AHMSA argumentó que los contratos de suministro para las centrales José López Portillo y Carbón II, localizadas en el municipio Nava, habían sido renovados mediante licitaciones públicas durante 27 años. 
“La decisión llevará a Minera del Norte a la liquidación de la plantilla de personal de la Unidad MICARE, que comprende 2,000 obreros y empleados en México, y 400 en Texas, de su empresa Dos Repúblicas Coal Partnership, principalmente mexicanos residentes.”
Sostuvo que el cierre obligado de estas unidades “se contrapone a la voluntad demostrada por Minera del Norte de efectuar de común acuerdo ajustes a los volúmenes, y representa la pérdida de un mínimo de 250 millones de dólares en equipamiento minero de última generación y obras civiles”.  Además, cerca de 5 mil trabajadores de compañías proveedoras de diferentes bienes y servicios también serían afectados.
La siderúrgica anticipó que ejercerá todos los recursos legales disponibles a fin de que la CFE, se responsabilice de los daños y perjuicios económicos y sociales.