Ciudad de México (Ilana Chávez / Energía Hoy).- El Programa Nacional Estratégico (Pronace) sobre Transición Energética de 2020 contempla un nuevo enfoque hacia las comunidades marginadas del país para los 50 proyectos semilla que podrá financiar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el fin de construir un sistema sustentable desde la cocción de alimentos, calentamiento de agua, iluminación hasta pequeñas industrias locales.
Luca Ferrari, investigador de la UNAM y coordinador del Pronace de Transición Energética, señaló durante un seminario web sobre el tema, que ahora se busca abordar la transición energética desde un punto de vista multidisciplinario ante el panorama energético que se vive hoy en el país.
Expuso que México se encuentra en la etapa de declive de la producción de hidrocarburos, es importador neto de energía y el fracking no es una opción viable. Y si bien “las renovables son las fuentes de energía del futuro, no pueden sostener el nivel de consumo actual y dependen de los combustibles fósiles para la construcción de infraestructura.”
Es necesario reducir el impacto socio-ambiental de las actividades humanas como es cambio climático, la sobre explotación de los ecosistemas, etcétera. En ese sentido, se requiere un cambio de paradigma, con base en un futuro sustentable desde el punto de vista energético, ambiental y social, con una política energética que atienda: los límites biofísicos del planeta (recursos y capacidad de absorber los desechos); y las necesidades energéticas básicas y la democratización de la producción y uso de la energía.
Se necesita una reducción del consumo de energía en términos absolutos a través de medidas eficaces sobre todo en los sectores de mayor consumo. “Llegar a un sistema sustentable implica cambios radicales en: producción de la energía, patrones y estilos de consumo, movilización y urbanización; sistema alimentario; producción industrial, acceso a los servicios energéticos.”
Por su parte, Omar Masera, investigador de la UNAM, consideró que se necesita un cambio estructural, ya que en el país “hay 96,500 localidades con marginación alta o muy alta (40% del total) 28 millones cocinan con leña; 10 millones no tienen acceso adecuado a electricidad y 50 millones viven en pobreza energética.”
De ahí la importancia de cambiar el enfoque y no solo tener grandes proyectos de generación de energía renovables locales, sino reactivar y dignificar a las comunidades rurales a través de fuentes de empleo, valor agregado a productos, educación y servicios adecuados; implementación de sistemas energéticos comunitarios y ecotecnologías de energías renovables.
Se trata de que las comunidades puedan contar en sus viviendas con nuevos sistemas de cocción de alimentos, calentamiento de agua, iluminación y electrodomésticos básicos, provisión y tratamiento de agua. De igual manera desarrollar pequeñas industrias locales: hornos, panaderías, secado de frutas, alfarería, carpintería; así como y servicios comunitarios (clínica, escuela).
Se busca que no solo los grandes proyectos renten el suelo de las comunidades, sino que cada vez más haya cooperativas donde la gente pueda producir su energía, producir energía comunitaria, no solo con paneles solares, también usar energía térmica, la biomasa, microhidroelétrica y la geotérmica.
Por su parte, Alejandra Straffon, subdirectora de Energías Fósiles y Electricidad del Conacyt, informó que en Pronace Transición Energética se han identificado cinco proyectos de investigación e incidencia
1) Movilidad sustentables; 2) Uso eficiente de energía verde para industria; 3) Sistemas energéticos rurales sustentables, 4) Democratización de la energía y de los beneficios de su aprovechamiento (generación distribuida); y 5) Sistema alimentario saludable y soberano.
Detalló que en junio próximo se publicará la convocatoria a fase semilla, en agosto será cierre de la convocatoria; en febrero de 2021 iniciará Pronaii y evaluación de la fase semilla y definición de Pronaii.
Serán 50 proyectos de fase semillas para cerrar en un solo proyecto con la participación de la parte académica, social, instituciones de gobierno y privado para el desarrollo de propuestas y dar inicio a los proyectos que se financiarán al menos por 4 a 5 años, pues se trata de un modelo de hacer ciencia que tenga incidencia.
