Escrito por: Gobierno

Arbitraje internacional de CFE pospone operación del gasoducto Texas-Tuxpan y genera incertidumbre en la inversión: IP

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) manifestaron su preocupación por los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett Díaz,  sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas, la cual pudiera afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana. Este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía.
En comunicados por separado, coincidieron en que estos hechos también podrían afectar la relación comercial entre los tres países e incidir en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente. 
La Coparmex expuso que la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, iniciada en mayo del 2017, responde a la necesidad de llevar el energético a la zona del país que más lo requiere, el sureste mexicano, para impulsar el desarrollo económico de la región y generar un mayor crecimiento económico que promueva la generación de empleos y combata la pobreza.
Más del 60% de la generación eléctrica en México utiliza el gas natural, por lo que sin el abastecimiento de este energético no será posible garantizar el suministro que demanda el país.
Al día de hoy, industrias del sureste mexicano que requieren del gas natural para su funcionamiento como la petroquímica, se encuentran operando a una capacidad del 65%.
Finalmente, la COPARMEX enfatiza que el detener obras de infraestructura de esta magnitud en las que las empresas privadas han invertido como muestra de su confianza en México, generará una profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar.
Por su parte, Consejo Coordinar Empresarial (CCE), señaló que la decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. 
Agregó que el inicio del arbitraje pone en riesgo la puesta en funcionamiento del gasoducto, e impacta a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura que transportaría el gas natural proveniente de EUA para el uso de consumidores mexicanos. 
En el ámbito nacional, la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades. 
El gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos.
“Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos.”
La Coparmex aseguró que “estas acciones de la CFE van en contra del compromiso que el Consejo Coordinador Empresarial realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.”

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