Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los funcionarios de Pemex de su gobierno, involucrados en la llamada “estafa maestra” dejar sus cargos hasta que termine la investigación, quienes serán investigados por enriquecimientos ilícito, principalmente.
“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”. “No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapa ningún acto de corrupción”
Por su parte, en conferencia de medios posterior, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que al término de la investigación, se confirma que los tres servidores públicos de Pemex señalados, participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018.
Se trata del ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, entre 2013 y 2014 administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración; el ingeniero Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex| Producción y Exploración, y el contador público Luis Galván Arcos, entre 2013 y 2014 gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística.
El modus operandi de convenios celebrados al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones, de las subcontrataciones más allá de los límites establecidos, lo cual era contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia, sino, en primer lugar, a lo establecido en el artículo 134 constitucional.
Entre las empresas que se beneficiaron de estos cuantiosos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanos a ellos eran socios directos, se localizaron también empresas fantasma o que simularon la realización de los trabajos.
Explicó que la estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el Talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.
Bajo este panorama, la titular de la función pública determinó cinco medidas inmediatas;
Primero. Con base en los potenciales riesgos que se han identificado en el manejo de los cuantiosos recursos públicos por parte de los tres servidores señalados, servidores públicos señalados, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito.
A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan.
Segundo. Existen cuatro investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016 en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora.
Por lo anterior, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya investigaciones de posibles omisiones de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción, que en su momento condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias y conductas irregulares en las que, de ser el caso, dichos funcionarios hubieran incurrido.
Tercero. La Secretaría de la Función Pública auditará al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex Exploración y Producción, para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar posibles irregularidades o si hubo omisión o negligencia de su parte.
Exhortó al Comité de Auditoria de Pemex para que actúe en consecuencia y llegue al fondo de este asunto y otros que pudieran estar relacionados.
Cuatro. La Secretaría de la Función Pública realizará auditorías a los convenios posteriores a 2013 celebrados por Pemex Exploración y Producción, y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de La estafa maestra, con la finalidad de identificar posibles personas adicionales involucradas en conductas irregulares.
También llevará a cabo, auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio dentro de Pemex Exploración y Producción y, en su caso, de otras filiales de Pemex para identificar posibles casos adicionales de corrupción.
Quinto. La Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes que en su caso surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones y procedimientos que la secretaría ha iniciado ya y que continuará llevando a cabo.
En caso de detectarse que los probables hechos irregulares, derivados de estas revisiones, pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, eso no sería así en la esfera penal, en cuyo caso los resultados se harán del conocimiento de las autoridades competentes.
La funcionaria señaló que “los delitos son diversos y las sanciones son desde las inhabilitaciones hasta evidentemente el cese y el dar vista a la Fiscalía General para que actúe la justicia penal”.
Precisó que al menos en seis contratos en donde intervienen estas tres personas son solamente una ínfima parte de los 329 convenios de Pemex Exploración Producción que incluyeron 26 mil millones de pesos con 762 millones de pesos.
