Escrito por: Opinión, Víctor Rodríguez-Padilla, Víctor Rodríguez-Padilla

¿La liberalización es una política de Estado?

UNA POLÍTICA DE ESTADO ES UNA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA QUE TRASCIENDE GOBIERNOS, ES DECIR, QUE RESISTE EL PASO DE GOBERNANTES DE DISTINTAS IDEOLOGÍAS Y COLORES PARTIDISTAS. SON POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESOLVER PROBLEMAS NACIONALES Y A FORTALECER A MÉXICO COMO PAÍS INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO, SON EL NÚCLEO DURO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. LA DEFENSA NACIONAL, EL COMBATE A LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN, LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, SON POLÍTICAS DE ESTADO. TAMBIÉN LO SON EL RECHAZO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES, LA NO INTERVENCIÓN EN LOS ASUNTOS DE OTROS PAÍSES, EL CUIDADO DE LA NATURALEZA Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL. ESAS Y OTRAS GRANDES ORIENTACIONES TIENEN EN COMÚN SU UNIVERSALIDAD, TRASCENDENCIA Y LEGITIMIDAD.
¿La liberalización que trajo consigo la reforma energética es una política de Estado? La respuesta formal es negativa porque la liberalización al igual que la desregulación y la privatización son simples  instrumentos al servicio de una causa y una ideología. El debate lo inició el gobierno al considerar que su administración fue política de Estado. En su agonía asegura que las rondas, los contratos, las licitaciones y otros instrumentos de la reforma, seguirán vigentes, le guste o no al próximo mandatario.
La oposición de izquierda, por el contrario, asegura que la reforma energética fue una política de gobierno, cuyo contenido será revisado y en su caso eliminado o modificado.  El debate no tendría mayor relevancia si Andrés Manuel López Obrador no tuviera ningún chance de llegar a la presidencia de la república, sin embargo, como se perfila como ganador de la contienda electoral sus declaraciones preocupan a la administración saliente, a sus aliados y a los intereses económicos que afligidos y enojados prevén menores oportunidades para enriquecerse.
En democracia los gobiernos cambian y las políticas públicas también, no todas ni al mismo tiempo pero hay ciclos. A final de cuentas el ciudadano tienen la última palabra, si no le gusta la política del gobernante en turno el día de las elecciones vota por el que propone algo distinto. Así es como funciona. “En democracia, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético”, dice Enrique Peña Nieto, aferrado a que se dé continuidad a sus ideas porque son las correctas  y los que piensan diferente están dementes. “AMLO piensa poner de cabeza a la industria petrolera”, alerta el Wall Street Journal, poniendo su granito de arena.
Palabras más, palabras  menos, la retórica oficial es el siguiente:

  • La reforma, más que una moda sexenal, consiste es un conjunto de leyes y políticas públicas de gran calado, que modifican de raíz el modo de operar de la economía nacional y la manera como los mexicanos nos relacionamos con la energía.
  • La reforma surgió como una necesidad real y apremiante para México, ante signos evidentes de rendimientos decrecientes del modelo energético anterior.
  • Debemos consolidar la reforma como una respuesta permanente a las necesidades de energía actuales y futuras.
  • Se debe preservar la reforma porque es muy buena para el país y porque regresar a lo que fracasó en el pasado, es mala idea.
  • Sería absurdo pretender regresar a un modelo energético que reservaba para el Estado todas las inversiones en electricidad e hidrocarburos.
  • Por elemental sentido común y de protección a los intereses del país, el próximo gobierno federal debe continuar con la aplicación de la reforma energética independientemente de su signo partidista.
  • Un gobierno responsable debe continuar con esas políticas públicas.
  • Las subastas de contratos petroleros están sujetas a la política energética, no a los ciclos electorales ni a los vaivenes de la política. Sería un gran disparate pretender echar abajo los contratos.
  • Dar marcha atrás a la reforma energética sería condenar a México a regresar a un modelo caduco y obsoleto, a renunciar a 800 mil empleos, a obligar a los mexicanos a pagar 600 mil millones de dólares para reponer la producción petrolera perdida y 200 mil mdd de inversiones ya comprometida. Por eso el gobierno la defiende de manera denodada, entregada y apasionada.
  • La reforma energética tiene un blindaje muy importante: un solo partido o una sola persona no pueden cambiar la Constitución.
  • La reforma energética no será modifica, es irreversible, México seguirá con ella gane quien gane la presidencia.

Es un discurso desesperado y engañoso, amenazante y fuera de lugar. Es inadmisible que se trate de amedrentar al ciudadano y menos con cifras inventadas. En la entrega anterior demostramos que los 200 mil mdd son una fantasía, un agregado de supuestos cuya probabilidad de ocurrencia simultánea es prácticamente nula.  La cuenta de los empleos es parecida, lo que sí es cierto, real y verdadero son más de 30 mil cancelaciones de puestos de trabajo en Pemex y el desempleo que ha convertido las regiones petroleras del Golfo de México en zonas de desastre.  Y esos 600 mil mdd para volver a producir más de 3.4 millones de barriles de petróleo por día es una barbaridad, un despropósito porque el país no necesita toda esa producción, ni es compatible con los compromisos de México en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Peña y Trump son idénticos en su pretensión de inundar el mercado con energía fósil, El gobierno le exige a los mexicanos 600 mil mdd para acelerar la destrucción del planeta ¡bravo! ¿Por qué AMLO tendría que continuar con ese desvarío?
Es cierto que el desempeño del sector energético nacional dejaba mucho que desear, pero el diagnóstico oficial, parcial y sesgado, omitió de manera deliberada las verdaderas causas de ese disfuncionamiento. Lo que el gobierno ya no puede ocultar es su  denuedo por reducir a cenizas a las empresas públicas. Durante seis años se ha dedicado a sabotear, achicar, desmantelar y vender activos, con la única finalidad de acomodar al sector privado. En su estrechez ideológica no cabe que el Estado tenga actividades empresariales, amén de que su espíritu neocolonial admira, privilegia y consiente a las compañías extranjeras. La vaca lechera o la gallina de los huevos de oro, como le quieran llamar, no se secó, la secaron los gobiernos que desde Carlos Salinas de Gortari se dedicaron a saquear y utilizar a Pemex y a la CFE con propósitos distintos a la actividad productiva. Con la reforma energética se prometió el fortalecimiento y la salvación, pero los únicos que se salvaron fueron los corruptos líderes del sindicato petrolero, otra joya de la política de Estado.
El discurso oficial identifica el pasado con lo malo, lo mediocre, lo fracasado, lo ya superado. Es un juicio maniqueo, totalitario y extremista. En el pasado hubo cosas buenas y malas, en el presente igual y en el futuro también. El supuesto regreso al pasado es una de tantas verdades oficiales. El gobierno quiere confundir a la ciudadanía hablando de un modelo que reserva para el Estado todas las inversiones, cuando ese esquema nunca existió, siempre hubo inversión privada en un modelo evolutivo, cuya etapa anterior a la reforma había hecho de la inversión privada la base de expansión del sistema. Peña y su equipo pretenden haber reinventado todo el sector energético, pero antes de que llegaran ya había contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, centrales eléctricas y gasoductos privados y un sinfín de espacio para la inversión nacional y extranjera, vaya, hasta había un mercado eléctrico entre productores y consumidores privados, paralelo al de CFE. AMLO jamás ha especificado un modelo a seguir y menos ha dicho que todo será público. Hace una semana, en la última convención bancaria, puntualizó que su gobierno trabajaría con las leyes existentes, es decir, con las mismas de la reforma energética. La administración sólo oye lo que quiere oír y sino inventa.
Mención aparte merece el absolutismo apenas escondido en las declaraciones oficiales. Cuando el gobierno asegura que las subastas de contratos petroleros están sujetas a la política energética, no a los ciclos electorales ni a los vaivenes de la política, en realidad está diciendo que sólo pude haber una política energética: la de Enrique Peña Nieto. Esa idea se remacha una y otra vez, por ejemplo, al advertir que si el próximo gobierno no continúa con las políticas públicas de la reforma energética será un irresponsable.  En su lógica totalitaria el gobierno actual sí tiene derecho a imponer su política energética pero los gobiernos  que siguen ya no. La reforma energética es una política de Estado que sale del crisol del autoritarismo.
Si algo tuvo la reforma energética es ausencia de legitimidad. El gobierno logró imponerla con base en mentiras y falsas promesas, para luego rechazar una consulta popular sobre el tema. El gobierno no quiere reconocerlo pero la reforma energética es una de las razones por las cuales López Obrador ganará las elecciones. No sólo desaparecieron los subsidios, los precios han continuado creciendo sin nada ni nadie que los detenga. Hacienda y los nuevos jugadores  han aprovechado la reforma energética para saquear el bolsillo de los mexicanos con diferentes objetivos pero con los mismos resultados. Las autoridades sectoriales, desbordantes de sensibilidad, responden a los cuestionamientos diciendo que los ciudadanos se deben acostumbrar a los energéticos caros y a los salarios bajos, sin importar que Estados Unidos y Canadá pidan mejores sueldos para los mexicanos. Los que más han sufrido son los de menores ingresos, es decir, la mayoría, la que ahora tienen una razón de peso para votar por el único de los candidatos que estuvo en contra de la reforma energética impuesta por Enrique Peña Nieto. CE: energia123@hotmail.com, in en Facebook: VRP.

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