A diferencia de los privados, la solicitud de amparo de Greenpeace México sobre la LIE no incluyó los artículos cuarto y quinto transitorios referente a autoabastecimiento
Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica otorgó a Greenpeace México una suspensión provisional contra la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Asimismo, el juez otorgó la suspensión al considerar válidos los argumentos de la demanda presentada por la Organización No Gubernamental (ONG). En ella, Greenpeace solicitó considerar como inconstitucional las reformas a la LIE pues podrían vulnerar los derechos humanos colectivos; esto en cuanto a la protección a la salud y al medio ambiente sano.
“El Estado se encuentra obligado a no emitir disposiciones que vayan en contra del progreso que se haya alcanzado en materia de protección ambiental; tomando en cuenta las posibilidades y recursos estatales”, señaló el juez.
Amparo de Greenpeace se centra en salud y medioambiente
Al respecto, María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, aseguró que la solicitud presentada por la ONG busca proteger los derechos humanos a la salud y medio ambiente sanos, estipulados en el artículo 4 de la Constitución.
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Del mismo modo, Colín especificó la diferencia de la suspensión provisional obtenida por el organismo en comparación con las obtenidas por parte de las empresas.
“La solicitud de amparo de Greenpeace México no incluyó los artículos cuarto y quinto transitorios de las modificaciones a la LIE; referentes a permisos de autoabastecimiento y contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía”, especificó.
Con el despacho propuesto en la reforma, las centrales hidroeléctricas entrarían primero a brindar el servicio; seguido del resto de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), muchas de las cuales hacen uso de combustóleo en sus procesos.
Ante esta panorama, Colín recordó que el combustóleo ha sido prohibido en casi todo el mundo. Este residuo es el que queda después del proceso de refinación del petróleo crudo. Al quemarse, este produce partículas de dióxido de azufre (SO2), dañinas para las personas y el ambiente.
Finalmente, la organización pidió a las autoridades a investigar y castigar actos ilícitos en los cuales hubiesen incurrido empresas o funcionarios al entregar concesiones para operar parques privados generadores de electricidad.
