El Senado de México aprobó la reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos, considerados durante más de dos décadas como pilares de los contrapesos del poder Ejecutivo
Entre los organismos autónomos a eliminar destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones las absorverá la Secretaría de la Función Pública; y el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), que será integrado al INEGI. También desaparecen el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas recaerán en las secretarías de Educación, Economía y Comunicaciones, respectivamente.
Adicionalmente, las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE) pasarán a ser administradas por la Secretaría de Energía.
Estos entes, que garantizaban derechos como el acceso a la información y la libre competencia, cederán sus funciones a dichas secretarías del gobierno federal.
Advierten debilitamiento de la democracia
La reforma se aprobó tras la votación mayoritaria de Morena en el Congreso y el apoyo de alianzas. Ahora, la iniciativa se enviará a los congresos locales para su ratificación. Con el control de 24 de los 32 estados, se prevé que avance rápidamente, al igual que otras modificaciones constitucionales provenientes de la administración actual.
Esta medida, parte del paquete de reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato en septiembre. Sin embargo, ha desatado controversias en diversos sectores. En tanto, el partido en el poder argumenta que la reestructura permitirá ahorrar recursos y hacer un uso más eficiente del presupuesto, críticos advierten que debilitará la democracia y los mecanismos de vigilancia gubernamental.
Especialistas, activistas y el sector empresarial expresaron su preocupación, al señalar que esta decisión centraliza el poder. Además de que pone en riesgo la transparencia, la competitividad económica, la autonomía de las instituciones, así como representa un retroceso en el diseño de políticas públicas y la lucha contra la corrupción.
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