El huachicol fiscal, contrabando de combustibles sin pagar impuestos, le cuesta a México hasta 8,700 millones de dólares anuales. El gobierno combate esta evasión con operativos y reformas regulatorias
El contrabando de combustibles, disfrazado de importaciones legales, se convirtió en una de las fugas más costosas para las finanzas públicas en México. Este fenómeno, conocido como “huachicol fiscal”, le cuesta al país entre 5,200 y 8,700 millones de dólares anuales, según estimaciones oficiales y de la iniciativa privada. Una cifra que rebasa, por mucho, la mitad del presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) para este año.
La historia de este delito comenzó tras la reforma energética de 2013, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto. Con ella, el mercado de combustibles se abrió a la iniciativa privada, permitiendo que empresas distintas a Pemex comenzaran a importar gasolina y diésel. Sin embargo, la falta de vigilancia y regulación adecuada fue el caldo de cultivo perfecto para que algunos aprovecharan los vacíos legales y comenzaran a eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El mecanismo es relativamente simple
Empresas simulan la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias distintas —como lubricantes, aditivos o alcoholes— que no están sujetas al IEPS. A esto se suman otras prácticas como la subdeclaración del volumen importado, falsificación de documentos y, en casos extremos, el ingreso de combustible sin registro alguno.
Durante la pandemia, cuando el gobierno retiró subsidios y los precios cayeron, esta práctica se volvió aún más atractiva. Pero perdió fuerza cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y el Gobierno tuvo que subsidiar los combustibles para contener la inflación.
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En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un aumento del 79% en las importaciones de lubricantes sin que hubiese justificación económica. Ese mismo año, la Secretaría de Energía (Sener) revocó casi 1,900 permisos de importación por irregularidades. La ofensiva continuó en 2025 con decomisos récord: el 31 de marzo, la Secretaría de Marina incautó 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, importados como “aditivos”.
En abril, Valero —la mayor importadora privada de gasolina en México— fue temporalmente suspendida del padrón de importadores. La empresa alegó un error por parte del SAT. Mientras tanto, la vigilancia se intensificó en las aduanas fronterizas, con laboratorios móviles de Pemex analizando cargamentos sospechosos.
Gabriel Rosas Navarro, director de operaciones de Verifigas, advierte que aunque los operativos tienen resultados a corto plazo, el problema requiere una estrategia institucional más amplia. Se necesita trazabilidad y fortalecer a los organismos reguladores.
El gobierno de Claudia Sheinbaum adoptó una postura firme en busca de mayor recaudación fiscal, con un aumento del 20% en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, la promesa de autosuficiencia energética, heredada por López Obrador, sigue lejana ante retrasos, falta de presupuesto y una dependencia persistente de las importaciones.
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