La opinión de Octavio Lara Navarrete
Estimado lector hace unos meses que he faltado a mi compromiso de estar con ustedes en mi participación mensual en esta revista, no por falta de temas sino porque no encontraba las ideas suficientemente disruptivas como para intervenir en el debate existente. No es el caso del tema que hoy me ocupa, respecto de los incrementos en las tarifas eléctricas en suministro básico que afectan a la industria nacional.
Como es de todos conocido, el 30 de noviembre del 2017 fue publicado en el DOF el acuerdo A058 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien de conformidad con el Artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, es la encargada de aplicar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas las finales de suministro básico. Esta metodología busca reflejar el costo de producción de la energía necesaria para alimentar el sistema eléctrico nacional, así como el sistema aislado del país en la península de Baja California.
La aplicación de la referida metodología generó que en diciembre y enero pasados hubiese un incrementó desproporcionado en los recibos enviados por Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministro básico para algunos usuarios en sectores como el industrial y comercial conectados en media tensión. Derivado de lo anterior y alimentado por las fuertes protestas en diversas regiones del país, motivaron a la propia CRE a ajustar factores de la fórmula de la referida metodología. Esto generó, que en los meses de febrero y marzo la tarifa referida estuviera incluso por debajo del costo de producción del sistema eléctrico, generando pérdidas importantes tanto a generadores independientes como a la CFE. Quizá recuerde estimado lector que en estos meses, estuvimos incluso por debajo del costo de la tarifa equivalente de nuestro referente natural en los Estados Unidos.
Pero a partir de ahí y hasta el mes de septiembre hemos visto incrementos mensuales que han buscado recuperar tanto aquellas pérdidas como los costos de producción del sistema eléctrico nacional. En este sentido la explicación técnica de la CRE que dicho sea de paso, es la obligación primaria de este órgano regulador, incluye además de los nubarrones derivados de la ya comentada aplicación de esta nueva metodología, un verano muy caliente que aumentó el consumo de aires acondicionados en casi todo el país y por más tiempo que el habitual. Además de un año sin lluvias lo que creo que los niveles de las hidroeléctricas estuvieran por debajo del 50% de su capacidad y por ende inutilizables para la generación eléctrica. Esto implicó echar mano de plantas de generación incluso de combustóleo más caro a partir del verano impulsado por un dólar también mas caro generaron la tormenta perfecta.
Como lo señalé arriba una de las premisas contempladas en la Ley de la Industria Eléctrica, es que el precio de la electricidad debe de reflejar costos eficientes en sus procesos, lo cual implícitamente significa que anteriormente los precios no lo eran. Pero esta premisa ha naufragado en este tormentoso mar, alimentado por los vientos del descontento social en función del precio de la energía eléctrica y que se reduce a una simple pregunta que por simple es contundente ¿Si antes pagaba costos ineficientes de energía, por qué ahora que son eficientes pago más que antes? Una pregunta que al día de hoy no ha podido ser respondida por la autoridad a cabalidad y que al día de hoy la CRE sigue trabajando para encontrar tanto para lo que resta de este año, como para determinar la metodología aplicable a partir de enero del 2019.
A reserva de que esperamos que las tarifas ya no se incrementen, e incluso bajen un poco para noviembre y diciembre de este año, en caso de que se reduzca el costo de capacidad, la cual ha visto un incremento del 125% en algunas regiones del país y que a su ves representa el 35% del monto del recibo.
En el contexto de esta discusión, considero que es el momento para hacer un par de planteamientos que se han evidenciado durante la implementación de la reforma energética. El primero alude a uno de los pilares de la reforma que es que el costo de producción de la energía en cada región se refleje en el precio de la electricidad. Lo cual desde un punto de vista fomenta la eficiencia de costos con una reestructuración económica y por ende el desarrollo de nuevos polos de desarrollo. Esto, si bien es lógico para la determinación de nuevas inversiones, resulta contraproducente para aquellas inversiones que ya se encontraban ubicadas antes de esta nueva metodología y que no tienen la capacidad de mover sus instalaciones. Lo anterior, crea una distorsión en la competencia con sus pares que se encuentren en regiones con tarifas eléctricas menores, las cuales en el mediano plazo irá reduciendo su capacidad de operación en el mercado.
Otro punto que es necesario discutir con mayor profundidad es que como es de todos conocido, el costo de la energía no representa el mismo porcentaje en su costo de producción para todas las industrias. Por ende, la aplicación generalizada de la tarifa a todas genera efectos indeseados en aquellas altamente demandantes de electricidad y si a esto se adiciona el costo regional, el problema se potencia como lo hemos estado viendo a lo largo de este año.
Estos son sólo dos puntos que necesitamos abordar y que si bien la respuesta no es fácil, se necesitan encontrar una alternativa antes de enero del próximo año que permita consolidar la metodología al tiempo que permita el desarrollo de la industria que hoy es afectada por la misma. El reloj está corriendo.
