En un contexto de finanzas públicas presionadas, el sector energético debe aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado
México enfrenta retos en materia de seguridad y transición energética. La demanda eléctrica crece por encima del desarrollo de nueva capacidad, las energías renovables no se han desplegado al ritmo que requieren los compromisos internacionales del país y las redes eléctricas padecen de subinversión crónica desde hace décadas, mientras que la petrolera del Estado sufre de problemas tanto operativos como financieros. Las posibilidades de desarrollo económico y bienestar para los próximos años dependen en buena medida de atender estos desafíos a partir de políticas públicas que permitan un acceso a insumos básicos que sea seguro, eficiente, limpio y fiscalmente responsable.
En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que se votará en los próximos días, la cual pretende plasmar en la constitución que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico. Se propone modificar los siguientes artículos constitucionales en materia de energía:
-Cambiar la naturaleza de las empresas productivas del Estado por la de empresas públicas, notablemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
– Cancela las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica.
– Se agrega que las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
– Agrega el servicio de internet que provea el Estado al listado de áreas estratégicas, y se establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado.
Cinco implicaciones para la política energética
El debate en el Congreso de la Unión deberá considerar todos los riesgos potenciales que conllevan los cambios constitucionales propuestos:
4.Limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes. Esto cobra especial relevancia si se considera la subinversión que ha padecido en particular la Red Nacional de Transmisión, por lo menos, la última década.
5. Eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública.
En el contexto actual, el Gobierno federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica. En caso de aprobarse, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos; para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento en el sector energético.
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