Mientras el gobierno busca eliminar el outsourcing por un tema de corrupción, la IP asegura que su prohibición impactaría en la economía del país
El Gobierno federal y la Iniciativa Privada (IP) entraron en un nuevo conflicto por el outsourcing, pues mientras la administración de Andrés Manuel López Obrador busca eliminarlo por un tema de corrupción, los empresarios aseguran que su prohibición tendría un impacto negativo en la economía.
El presidente @lopezobrador_ enviará una iniciativa de ley para desaparecer la figura de la subcontratación para proteger los derechos de las y los trabajadores, procurar así el desarrollo del país y combatir la corrupción y la defraudación fiscal. pic.twitter.com/7YuHj4fZBA
— Gobierno de México (@GobiernoMX) October 27, 2020
Esta semana, conferencia matutina, López Obrador adelantó que enviará una iniciativa con el fin de desaparecer el outsourcing. En ese sentido, dio a conocer que una empresa facturera bajo investigación tenía una empresa de subcontratación con un aproximado de 200 mil empleados.
“Para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores; para que le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones; quitarlos de la nómina en noviembre-diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero-febrero”, comentó.
Asimismo, el mandatario afirmó que las reformas que se realizaron en torno a este tema tenían como fundamento ayudar a la empresa para que ésta no se dedicara a hacer trámites administrativos.
“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, a la Hacienda Pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, agregó.
Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde señaló en conferencia de prensa que 2.9 millones de personas en México trabajan bajo el esquema de outsourcing ilegal, “un monstruo de mil cabezas.
Además, destacó que la iniciativa del presidente es una respuesta a los abusos persistentes cometidos contra los trabajadores. Sin embargo, destacó que la identificación de estas empresas es difícil; pues en su registro ante el Servicio de Administración Tributario (SAT) es con diferentes nombres.
IP, en contra
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la prohibición t0tal de la subcontratación laboral sería una grave afectación al panorama actual; pues “se perderían una cantidad muy importante de empleos legítimos debidamente remunerados, que impulsan nuestra recuperación económica.
De igual forma, pidió al Gobierno federal que los argumentos de la Coparmex sean considerados y se respeten los compromisos establecidos y acordados en diversas reuniones.
“Exhortamos a que se respeten los principios constitucionales para generar seguridad jurídica a las inversiones; que son la principal fuente de empleo formal en este país”.
No obstante, enfatizó que se debe castigar a los evasores, pero sin afectar la libertas de la empresa ni la inversión.
El outsourcing -que cumple con todos los estándares legales- es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que apoya el empleo, la economía formal y la inversión. Su prohibición afectaría aún más nuestra deteriorada economía. #ComunicadoCoparmex https://t.co/CzcsDAgL7m pic.twitter.com/WN7EyKkeVO
— Coparmex Nacional (@Coparmex) October 28, 2020
En ocasiones anteriores, líderes empresariales como Francisco Cervantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); y Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han señalado que no es necesaria una prohibición, sino mejorar su regulación.
En febrero de este año, durante un debate público entre gobierno y empresarios, los líderes subrayaron que de eliminar el esquema se ocasionaría un impacto en la generación de empleo; y muchas fuentes de trabajo estarían en riesgo.
