(Ciudad de México, 5 de febrero de 2019). Haber ganado la elección presidencial con más de 30 millones de votos, equivalente al 53 por ciento de la votación, merece reconocimiento y respeto. Ese logro indiscutible debe refrendarse con un buen gobierno. Es la esperanza de la ciudadanía. Los primeros meses de la nueva administración brindan importantes lecciones. Para mejorar es necesario reconocer errores y desaciertos, ser humilde y receptivo a comentarios y sugerencias.
El enorme apoyo popular no debe ser pretexto para la improvisación, la insensatez o la arrogancia. Es mejor actuar con modestia y oídos abierto a la crítica constructiva, a la retroalimentación positiva. Vale la pena comenzar por clarificar enfoques y resolver contradicciones que confunden y frenan una buena gobernanza, pieza fundamental para el crecimiento económico, la estabilidad política y el progreso social.
Entre los ofrecimientos de campaña y las acciones de gobierno hay fuertes diferencias. No es lo mismo hacer promesas atractivas para ganar el voto de los electores, que gobernar para todos, con determinación, sí, pero también con claridad sobre rumbo y destino, objetivos y metas, dificultades y costos, ganadores y perdedores. No es la única brecha. Ahora que la coalición Juntos Haremos Historia está en el poder, aparecen grietas e inconsistencias en el discurso oficial. Las contradicciones no son poca. Los bandazos son frecuentes, en ocasiones con virajes de 180 grados. Todos resbalan, cuando no es el presidente, son los secretarios, los directores generales, los operadores de AMLO en el Congreso o cualquiera de los altos mandos. Un día dicen una cosa y al día siguiente niegan, matizan, corrigen, reculan o miran hacia otra parte.
Ejemplos sobran. Palabras más, palabras menos, se oye lo siguiente: el neoliberalismo destruyó el país, pero sólo lo limpiaremos de corrupción; a nadie se le perdonarán adeudos en el pago de luz, pero algunos estarán exentos; la reforma energética ha sido un rotundo fracaso, pero no se cancelará; dirigiremos el país hacia el desarrollo sustentable, pero aumentaremos la producción de petróleo y la generación de electricidad con carbón; revisaremos los contratos para ver si están libres de corrupción, pero no los cancelaremos; alcanzaremos nuevamente la soberanía energética, pero queremos que el sector privado importe más combustible; no permitiremos el fracking, pero lo utilizaremos; acabaremos con la corrupción, pero no iremos en contra de Carlos Romero Deschamps, a menos que alguien lo denuncie con pruebas en la mano; el gobierno no realizará ningún proyecto que afecte al medio ambiente, pero permitimos el desmonte de terrenos sin permiso del regulador ambiental porque urge construir la refinería; se suspenden las rondas petroleras y las subastas eléctricas, pero quizás mañana cambiemos de opinión; fortaleceremos a Pemex, pero la distribución de combustibles será transferida al ejército y a otros operadores; escogeremos un lugar idóneo para la nueva refinería pero se construirá en el puerto de Dos Bocas; la reforma energética fue un rotundo fracaso pero nadie pagará por el daño a la nación, nos conformamos con una disculpa pública.
Tal embrollo genera preguntas válidas: ¿cuál es el modelo energético del nuevo gobierno? ¿Qué papel jugará Pemex y CFE? ¿Qué se espera de la Sener, la CRE y la CNH? No queda claro. Limpiar el sector de corrupción es necesario, pero no suficiente. Lo perceptible es el alejamiento del “Proyecto de Nación 2018-2024”, un planteamiento mucho más completo, robusto y coherente que lo observado en las últimas semanas.
El galimatías requiere una explicación. Por un lado, podría tratarse de errores de comunicación por inexperiencia o nerviosismo. Quizás se ha buscado darle gusto al auditorio diciendo lo que quiere oír, como parece ser el caso del fracking, vitoreado por las compañías petroleras, con posterior corrección y regaño del presidente a la responsable del sector por contradecirlo. Tal vez el desconocimiento de los temas haya alimentado afirmaciones o explicaciones imprecisas, erróneas o contradictorias. Por otro lado, es claro que la tropa no logra interpretar correctamente lo que dice el liderazgo o no sabe secundar los giros de la presidencia. El equipo de trabajo le queda chico al nuevo mandatario: son amigos, compañeros de lucha o personalidades de confianza, pero con poca o nula experiencia en el oficio y en el quehacer gubernamental. Se salvan algunos, pero son pocos.
Las contradicciones también se observan en el manejo de las instituciones. Por una parte, el presidente le ha encargado a la Secretaría de Energía la construcción de una refinería, cuando lo normal sería que esa tarea estuviera a cargo de Pemex, la empresa que será dueña y operadora de las instalaciones cuando estén listas. La explicación tal vez se debe a la tesis de que Pemex está tan roída por la corrupción que es mejor dejar las licitaciones en manos de la Secretaría. Por otra parte, el presidente le ha encargado a Pemex y CFE el diseño y manejo de la política energética en materia de combustibles y electricidad, cuando lo correcto sería dejar las políticas públicas en manos de la autoridad, en la ocurrencia la Secretaría de Energía, cabeza del sector. Esa inversión de roles –la autoridad política actuando como empresa y la empresa como autoridad– es inédita y atípica incluso en los países que en alguna época tuvieron una economía planificada y empresas energéticas monopólicas.
Otra posible explicación anida en el estilo personal de gobernar del primer mandatario que confía más en su gente que en las instituciones, bajo la idea de éstas últimas fueron construidas o capturadas para responder a intereses económicos. La misión de Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett es más personal que institucional, el compromiso es con AMLO no con las instituciones que dirigen. Son generales enviados por el presidente con tareas específicas, a realizar con rigurosa disciplina militar, porque las ordenes de Andrés no se discuten, se acatan. El que la tiene más difícil es el director general de Pemex porque está limitado por las facultades del consejo de administración, de ahí la iniciativa de Morena en el Congreso para empoderarlo y cumpla con rapidez y eficacia los encargos del presidente. El problema es que ese empoderamiento implica la anulación del sistema de gobernanza deseado por los mercados, que emula el de las empresas privadas que cotizan en la bolsa de valores. La batalla por el control Pemex apenas comienza.
Que la Secretaría de Energía se encargue directamente de la construcción de una refinería requiere de una interpretación ad hoc del marco jurídico vigente, pero ese problema es menor en comparación con la tentativa de quitarles autonomía a los órganos reguladores sectoriales. El conflicto comenzó desde que el equipo de transición les pidió la renuncia a los comisionados de la CRE y la CNH. La negativa y resistencia de algunos comisionados dio origen a una iniciativa de ley para cambiar el status jurídico de ambas dependencias federales y concentrarlas en la Secretaria de Energía. La cerrada oposición de las multinacionales y sus socios en México, así como la intervención de la Embajada de los Estados Unidos, a través de la American Chamber, hizo recular al nuevo gobierno. Pero la batalla por el control de los reguladores está muy lejos de haber concluido. Cuatro comisionados de la CRE no aguantaron la presión y renunciaron, dejando un vacío aprovechado por el Ejecutivo federal para proponerle al Senado cuatro ternas compuestas por personajes casi todos de bajo perfil y sin experiencia suficiente, pero morenistas incondicionales fáciles de controlar. El presidente de la CNH negoció su salida anticipada a la vista del expediente sobre su desempeño en manos del gobierno; sin duda el hueco será llenado de manera similar al procedimiento seguido con la CRE. Es contradictorio que AMLO trabaje para reconstruir el estado de derecho y al mismo tiempo debilite a las instituciones para eliminar disidencias y garantizar lealtades. El sistema de pesos y contrapesos no es lo suyo, prefiere centralizar el poder para acelerar la 4T, libre de trabas y ataduras. Para justificar la renovación de los comisionados Andrés fue enfático en señalar que la CRE operaba como empleado de los particulares, y que ese organismo al igual que la CNH actuaban para debilitar a Pemex y a la CFE.
Otra importante contradicción es asegurar que la reforma energética no se cancela, es decir, que continúa, pero al mismo tiempo intervenir para hacerla inoperante en temas contrapuestos a los proyectos de la nueva administración. En términos genéricos, el modelo energético de AMLO es incompatible con el modelo que impulsó Enrique Peña Nieto. El primero está basado en inversión pública y el intervencionismo del Estado, en cambio, el segundo reposaba en el mercado, la competencia y la inversión extranjera. El marco jurídico está hecho a la medida del modelo de mercado, pero también permite el desenvolvimiento del sector energético con el modelo de AMLO. Las precauciones que tomaron los legisladores del PRI y el PAN en 2013-2014 para no perder el control de la transición del monopolio al mercado ahora las aprovecha Andrés para precipitar el regresar el péndulo. Quiérase o no, el fortalecimiento de Pemex y CFE anunciado por el gobierno federal implica menor espacio para la competencia y la inversión privada. Se espera que el desplazamiento hacia un nuevo punto de equilibrio entre el Estado y el mercado beneficie a la nación entera y no sólo a empresarios e inversionistas.
Es indispensable resolver esas contradicciones. Debe quedar claro, primero, lo que el gobierno se propone lograr realmente a largo plazo; segundo, que ese futuro deseado es necesario para el progreso el país; tercero, que el accionar gubernamental se apega a las leyes y a la moral republicana. Sin claridad de medios y fines no habrá cambio para el bien de México y todo quedará en una simulación, como siempre.
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