Un contrato petrolero es la expresión de la correlación de fuerzas entre un Estado y una compañía. El contrato dura lo mismo que la correlación de fuerzas
Pierre Terzian
En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha señalado que de ganar la elección presidencial su gobierno revisaría los contratos de la reforma energética. Las razones son diversas: desconfianza en los funcionarios encargados del proceso de privatización; especulación financiera detrás de esos instrumentos; necesidad de verificar que no se pactaron condiciones desfavorables para el país; convicción de que las utilidades del petróleo deben ser para los mexicanos; posibles actos de corrupción e infracciones a la ley. El líder y fundador de Morena, también ha dicho que esa revisión no es un asunto ideológico, sino de naturaleza legal, económica y política. “Los contratos… que sean benéficos para la nación, adelante. Todo lo que no sea bueno para la nación va para atrás”, dijo pausadamente en la última Convención de la Asociación de Bancos de México (goo.gl/iYhmsQ).
Esas declaraciones no les quitan el sueño a los inversionistas acostumbrados a lidiar con el riesgo político. En la industria petrolera las reglas del juego cambian y es normal trabajar con gobiernos de ideologías y políticas variopintas. A las compañías petroleras no les causa problema trabajar en medio del conflicto, incluso en países en guerra. A veces son ellas las que prenden la mecha o atizan el fuego para abrir el camino de la negociación, así es la historia del petróleo.
Los que están haciendo un escándalo, los que se rasgan las vestiduras, los que reaccionan en forma desmesurada, son los funcionarios gubernamentales, las cúpulas empresariales, así como los analistas y periodistas funcionales al régimen. Por ejemplo, hace unos días y en clara alusión a las declaraciones del tabasqueño, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial exigió a los candidatos compromisos de certidumbre jurídica para las inversiones y respeto a los acuerdos suscritos (goo.gl/Xan99d). “En un Estado de Derecho, los contratos se cumplen, y no quedan a la voluntad o interpretación del gobernante en turno. Poner en duda la certeza jurídica fundamental es inaceptable”. Y añadió: “México debe ser un país en el que los compromisos del Estado se respeten, donde la inversión privada cuente con condiciones elementales de estabilidad y de legalidad” y demandó garantías de que se respetarán los contratos derivados de la reforma energética. “Quienes buscan gobernar en un verdadero Estado de Derecho deben sujetar sus propuestas de gobierno al cumplimiento estricto de la ley”, puntualizó.
Ese radicalismo extremo significa lo siguiente: un contrato firmado es sacrosanto, no se puede tocar, no se puede interpretar, no se puede cuestionar ni mucho menos revisar; tampoco acepta convenios modificatorios; no importa si fue producto de la corrupción, si tiene vicios de ilegalidad, si contiene errores, si produce pérdidas para las partes, si resulta inadaptado a los cambios de contexto. Y en esa tesitura, no pueden ser revisados, ni siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mucho menos por la Auditoria Superior de la Federación, vaya ni Dios Padre. Esa actitud extremista, intransigente y contraria a la propia norma jurídica no tiene otra lógica que causar inquietud, pánico y enojo en la comunidad de negocios, para impulsar y justificar la creación de un frente opositor al candidato que hoy encabeza las encuestas y que le lleva una amplísima ventaja al candidato oficial.
¿De qué contratos se trata? De los contratos otorgados por entidades gubernamentales al sector privado nacional e internacional a raíz de la liberalización de petróleo, gas natural y electricidad, en primera línea los de exploración y producción, no sólo por lo simbólico (la nacionalización revertida), sino también por la diversidad y relevancia de los intereses en juego.
En total, durante las Rondas 1 y 2 se realizaron ocho licitaciones donde se subastaron 120 contratos entre diciembre de 2014 y enero de 2018. Del total ofrecido se asignaron 88, de los cuales 15 de producción compartida y 73 licencias, que en conjunto abarcan 76 mil km2, un área equivalente a la superficie de los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México, que contiene el 37% del recurso prospectivo convencional del país.
Según las cifras oficiales las “utilidades” que reciben las compañías van del 2 al 82%, con un promedio de 29%. En aguas profundas las compañías se quedarán, por lo menos, con 32%. Nuestra estimación va de 12 a 80.5% con un promedio 48.8%. La administración jura y perjura que México se queda con toda la renta petrolera pero esa afirmación no tiene sustento. Con ayuda de papel, lápiz y una pizca de honestidad es fácil demostrar que la suma de las “utilidades” es igual a la renta petrolera definida por la Secretaría de Hacienda. El gobierno utiliza eufemismos para ocultar que las compañías se queden con una generosa porción de la ganancia extraordinaria.
En cuanto al reparto del volumen de hidrocarburos extraídos, los titulares de las licencias recibirán el 100% de la producción y los que tienen contratos de producción compartida entre 61 y 86% si ineficientes, en ambos casos, sin ninguna obligación de abastecer al mercado interno; sus contratos les permiten exportar toda la producción en un clásico proceso de extracción de recursos naturales para su venta al mejor postor en el mercado mundial.
El gobierno asegura que la reforma energética ha logrado atraer inversiones por 144 mil 566 millones de dólares (mdd), que se irá materializando a lo largo de la vida de los contratos. El total se elevaría a 153 mil 821 mdd si se agregan los tres farmouts de Pemex (Trión, Cárdenas-Mora y Ogario). Esa cifra no tiene ninguna validez porque reposa en supuestos irrealistas. Los funcionarios encargados de hacer las cuentas suponen que los 88 contratistas descubrirán yacimientos ricos en petróleo, que los costos serán bajos e iguales para cualquier operador de la misma región; que todas las compañías tomarán la decisión de desarrollar los hallazgos e invertir sin importar el precio del petróleo, los cambios en su portafolio mundial de inversiones, la evolución de la demanda, los cambios en el contexto global y las dificultades técnicas, políticas, sociales y ambientales, en los próximos 35-50 ¡años! En realidad, las inversiones comprometidas, las que cuentan con respaldo bancario, suman únicamente 3 mil 863 mdd a erogarse en cinco años (772 mdd anuales), según se asienta en los anexos de los comunicados oficiales de la Secretaría de Energía, Hacienda y la CNH. Por nuestra parte, estimamos que los compromisos de inversión van de 3 mil 340 a 4 mil 446 mdd, dependiendo del valor de las unidades de trabajo en un escenario de precios de 50 y 100 dólares por barril. Así, el compromiso real es 10 veces menor a los 153 mil mdd calculados por la Secretaría de Energía bajo la influencia de algún estimulante (café en exceso).
En los 91 contratos participan 64 empresas provenientes de 18 países. Shell y ExxonMobil han regresado acompañadas de Chevron, British Petroleum, Total, ConocoPhillips, Atlantic Rim, Marathon, Hess, Pan American, Murphy, BHP Billiton, Inpex y Tecpetrol. El sector privado internacional no es el único que ha ganado contratos. Rusia, Noruega, China, Italia, Malasia, Qatar e India han venido con sus empresas públicas, y ahora participan con firmas de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Colombia, Argentina, Francia, Japón, España, Alemania, Australia y Egipto.
Si a lo anterior se suman las inversiones en gasoductos, centrales eléctricas, terminales, almacenamiento, líneas eléctricas, así como los contratos de la Ronda 3 que especulativamente serán asignados, el sexenio cerrará con inversiones “comprometidas” por 200 mil millones de dólares, según las cuentas audaces del Secretario de Energía (goo.gl/Cga5WY). Hace dos meses el mismo funcionario aseguraba que la reforma energética había anclado inversiones por 100 mil mdd (goo.gl/KRDSRS). En un abrir y cerrar de ojos PJ Coldwell metió la mano en el sombrero y duplicó el monto de la inversión “comprometida”. ¡Wow! Y yo me pregunto: ¿qué gana con inventar? La gente no cambiará su voto. Ya sabe lo que valen las promesas de la administración. Lo que la gente ve y siente es el gasolinazo y el aumento incontrolable del precio de los combustibles, la electricidad, el transporte y la canasta básica. La electricidad es barata cuando se utiliza muy poquito, pero de que se consume un poco más, se convierte en artículo de lujo. Quizás el gobierno hace cuentas alegres para generar animadversión y repudio en contra del candidato de la izquierda (lo que ello signifique).
Por su parte, López Obrador asegura que será respetuoso de la autonomía del Banco de México y mantendrá los equilibrios macroeconómicos –la más sentida preocupación del capital–. También dice que “habrá un auténtico Estado de derecho; nada al margen de la ley; nadie por encima de la ley”. Se compromete a procurar la convergencia de la inversión pública con la inversión privada porque “no podríamos desarrollar el país sólo con la inversión pública”. Y algo no menos importante: que no hará cambios legales porque no hacen faltan: “con el actual marco jurídico vamos a desarrollar el país” (goo.gl/iYhmsQ). Y por si hubiera alguna duda aclara: “no vamos a confiscar bienes, no se van a llevar a cabo expropiaciones o nacionalizaciones”. Todo ello significa que no se revertirá la reforma energética, que se mantendrá el modelo organizativo y regulatorio, que se mantendrá la posibilidad de seguir otorgando contratos, que seguirán la libertad económica, los mercados y la competencia. En suma se revisarán los contratos pero habrá continuidad.
energia123@hotmail.com y en Facebook Víctor Rodríguez Padilla.
