Escrito por: Electricidad, Opinión, Rosanety Barrios

Regulación de tarifas de transmisión eléctrica: gran ausente

propuesta reforma eléctrica

El apagón de diciembre subraya la necesidad de la regulación de tarifas de transmisión eléctrica

Rosanety Barrios
Analista independiente de Energía.

La transmisión eléctrica nunca ha sido un tema que ocupe la agenda pública. Para el ciudadano común lo relevante es el costo de la factura. Pero, bajo la presente administración, el tema de la transmisión ha cobrado relevancia. Por un lado, oímos acusaciones oficiales de “subsidios ocultos” otorgados a generadores privados (tanto del régimen previo a la Reforma Energética como del actual, particularmente en energía renovable), y por el otro, los apagones han traído a la mesa denuncias sobre falta de inversión y desarrollo de esas líneas. Para dar elementos de comprensión a la situación de la transmisión eléctrica trataré de explicar un elemento fundamental: sus tarifas.

Empezaré por decir que la transmisión es un monopolio que la Constitución definió para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando existe un monopolio, resulta indispensable que sus precios estén regulados. Esto es, que una autoridad tenga control sobre costos, gastos, inversiones y el margen de ganancia que la actividad puede cobrar a usuarios, para evitar un abuso y también para asegurarse de que el servicio que se otorga cumpla con estándares de calidad. Las tarifas que la autoridad aprueba deben permitir al regulado mantener un servicio constante, recuperar inversión, tener un margen de ganancia y desarrollarse. En México, esa autoridad es la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Costo de 2014 son la base

En septiembre de 2015, la CRE autorizó a la CFE, por primera vez, las tarifas de transmisión. Se tomaron como base los costos de 2014 y se estableció el ingreso requerido para el periodo 2016-2018. Esas tarifas se han actualizado de manera permanente, para reflejar los costos y gastos realizados por la empresa del Estado. La última actualización se aprobadó el 17 de diciembre de 2020.

Desafortunadamente, la autoridad regulatoria no ha llevado a cabo una revisión integral de los precios. Por lo anterior, desconocemos si las inversiones fueron realmente realizadas o si estamos pagando por algo que no existe. En su revisión de diciembre de 2020, la CRE eliminó un ajuste que anteriormente había establecido, denominado “factor de eficiencia”. Ese factor, que bajaba en 1% las tarifas anualmente, servía para que la CFE hiciera su mejor esfuerzo por reducir costos sin afectar calidad en el servicio ni rentabilidad, incentivo que no existe de manera natural en un monopolio, pero es usado por diversos reguladores en el mundo.

Necesaria una revisión

Gracias a la información de la Cuenta Pública, sabemos que CFE Transmisión genera utilidades, lo que significa que las tarifas que tiene autorizadas le permiten recuperar sus costos, es decir, no hay ninguna evidencia que esté subsidiando a usuarios. También sabemos que parte de las utilidades se dedican a aminorar las pérdidas de la actividad de generación de la CFE, lo que impacta en la capacidad de inversión de largo plazo para el desarrollo de las líneas.

El apagón de diciembre es una llamada de atención no solo a la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sino a la CRE. Es indispensable que el regulador, además de instruir el estudio causa raíz, abra el proceso de revisión integral de las tarifas de transmisión eléctrica y responda a algunas preguntas, como: ¿se llevaron a cabo las inversiones autorizadas en el ingreso requerido establecido en 2015?, ¿cuál es el estado de operación de las líneas?, ¿hay sobre cargas?, ¿cómo se comparan sus costos de operación y mantenimiento con otros sistemas de transmisión?; ¿el mantenimiento que se ha dado a las líneas y que se cobra en las tarifas es suficiente y eficiente?

CRE, responsable

En estricto sentido legal, la definición de tarifas es un proceso a cargo de la CRE, mismo que no requiere de ninguna consulta pública. Sin embargo, ante el cuestionamiento que desde el poder Ejecutivo se hace sobre la validez de la existencia del regulador, ¿no valdría la pena que la CRE ofrezca abrir sus procesos de revisión de tarifas eléctricas? Existen mecanismos abiertos por otros reguladores en países desarrollados. ¿Por qué no se implementan en México como señal de transparencia y para que la sociedad entienda y valore el trabajo del regulador?

Mientras la CRE no ejerza su facultades de regulador, no podremos saber si la red requiere nuevas inversiones, si las autorizadas se llevaron o no a cabo, si los costos y gastos que estamos pagando son o no eficientes y por lo tanto, nadie está cuidando el interés común: el de los mexicanos.

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