Petróleos Mexicanos y Grupo Carso, la empresa de Carlos Slim, han vuelto a la mesa de negociaciones para redefinir el futuro de Lakach, el primer campo de gas natural en aguas profundas de México
Baja presión y falta de infraestructura, los retos
La caída en los precios del gas y la incertidumbre económica han puesto en duda la rentabilidad del proyecto, que ya ha sido abandonado en dos ocasiones.
Ubicado en el Golfo de México, Lakach contiene aproximadamente 900 mil millones de pies cúbicos de gas. Sin embargo, la baja presión en el pozo productor y la falta de infraestructura han complicado su explotación. Pemex ha invertido 1,400 millones de dólares en el proyecto. Además, en 2024, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó un permiso para ampliarlo con una inversión adicional de 400 millones de dólares.
Grupo Carso busca hacer viable el proyecto incluyendo los yacimientos vecinos de Piklis y Kunah. Estas reservas han sido consideradas prioritarias por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pretende reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos. Este movimiento cobra relevancia ante la presidencia de Donald Trump y el reforzamiento de sus políticas proteccionistas.
El plan aprobado por la CNH, en junio del año anterior, contempla una inversión total de 2,218 millones de dólares entre 2024 y 2041. De los cuales 1,667 millones se destinarán a inversiones y 551 millones a gastos operativos. Se prevé recuperar 3.17 millones de barriles de condensado y 847.90 miles de millones de pies cúbicos de gas, con una producción máxima de 200 millones de pies cúbicos diarios durante ocho años.
Slim podría retirarse si no hay avances
Grupo Carso ya firmó un contrato de explotación y extracción con Pemex por 1,200 millones de dólares, pero su permanencia en el acuerdo dependerá de lograr condiciones financieras sostenibles. Si no se alcanza un esquema viable, el equipo de Slim podría retirarse del proyecto.
La primera producción comercial de Lakach podría comenzar en dos años y medio. No obstante, la explotación del campo requerirá una fuerte inversión en infraestructura y la participación del sector privado, en un entorno donde la política energética del gobierno ha restringido esta colaboración en los últimos años.
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