Escrito por: Opinión, Pablo Ramírez

Reforma a la LIE llega en medio de una crisis ambiental

política energética

La iniciativa de reforma a la LIE dará prioridad a la CFE para despachar energía, mientras que la participación de renovables de relegará hasta 2027

Pablo Ramírez

Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México

La presentación de la iniciativa prioritaria para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se ha fundamentado en garantizar un precio bajo de la electricidad, una de las promesas de campaña del presidente; y nos explica de manera concisa lo que el periodo neoliberal ha significado para el estado mexicano, ejemplo que puede trasladarse prácticamente a cualquier otra compañía que siga perteneciéndole.

En definitiva, el sector energético es clave para el país y en ese sentido la presencia del Estado como rector y garante es necesaria. Partiendo de la premisa que lo público debe prevalecer sobre lo privado, particularmente en un país donde el 30% de los hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas de energía, y donde 2 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.

Lo que no cuadra son las formas, sobre todo en medio de una crisis ambiental que se nos viene encima; como una primera probadita está la crisis sanitaria de COVID-19.

Y es que la reforma lo que busca es dar prioridad a CFE para despachar la energía que sus plantas generan, lo cual no tendría por qué estar del todo mal; de no ser por el tipo de plantas que tiene actualmente y las que planea tener en el futuro. Para muestra, basta observar su plan de negocios 2021-2025, en donde se indica que los proyectos que vienen para CFE durante el resto del sexenio serán a base de fósiles; relegando la participación de energías renovables hasta el 2027.

Ante esto, hay varias cuestiones que resultan problemáticas:

1. Tendremos un sistema altamente dependiente de gas natural, un combustible que es importado en su gran mayoría, principalmente de Estados Unidos; lo que resulta en un riesgo creciente en términos de seguridad del suministro y en donde definitivamente la soberanía energética queda de lado. Si se buscara generar gas con los recursos nacionales, se tendría que hacer mayoritariamente a partir de fracking; una técnica que el presidente ha prometido varias veces que no se usará, por sus graves efectos al medio ambiente.

2. Tecnologías obsoletas que estaban programadas para ser retiradas de la matriz eléctrica como el carbón y combustóleo, lejos de salir, planean ser incrementadas. Eso tiene impactos graves en al menos 3 sentidos:

a: Ambientales. El carbón y combustóleo, a pesar de representar una parte relativamente pequeña de la generación eléctrica, contribuyen con aproximadamente una tercera parte de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del sector.

b: Salud. Este tipo de tecnologías tienen una carga de morbilidad muy alta; debido a la emisión de contaminantes y a su cercanía con centros urbanos densos.

c: Económicos. Está perfectamente documentado, incluso por los propios reguladores estatales, que el costo nivelado del carbón y del combustóleo son muy elevados. Lo que haría que el costo de generación de la electricidad que se consume, suba; ya sea a través de subir los recibos de electricidad o el subsidio, para mantener el precio. Estos costos se tendrán que cubrir, ya sea directamente o a través de la recaudación fiscal.

3. Los compromisos climáticos adquiridos en la ley mexicana seguramente se incumplirán. El sector eléctrico es uno de los más susceptibles para reducir emisiones. Tiene metas muy claras sobre participación de energía limpia, sustitución de combustibles pesados y disminución de carbono negro. Metas que por cierto no se han cumplido hasta el momento, y que este tipo de políticas hacen aún más complicado sus logros.

En conclusión, la generación eléctrica podría ser el sector que encabece la lucha para contener el avance del Cambio Climático en nuestro país. También podría ser un sector que genere empleos y mecanismos para abatir la aguda desigualdad; es momento de modernizarlo, descentralizarlo y generar los incentivos necesarios para que esto sea una realidad. Anclarnos a un modelo sucio, caro y obsoleto no beneficia a nadie.

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