Los partidos políticos señalan que esto resuelve el problema de los residuos mientras que se asegura la generación de energía, pero la visión es equivocada y contraria a la economía circular
Ornela Garelli
Especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático en Greenpeace México
Hacia finales de 2020, el poder legislativo mexicano aprobó dos reformas a la LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos), relativas a la transformación de residuos en energía. Ambas levantan una gran preocupación entre la sociedad civil por sus potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente e incluso sobre la salud humana.
La primera reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero pasado, favorece el co-procesamiento de residuos sólidos urbanos en hornos cementeros como un proceso diferente de la incineración; además de que lo reconoce como una parte del propio proceso industrial de producción. Estas modificaciones son peligrosas ya que buscan garantizar para el co-procesamiento la existencia de criterios y requisitos ambientales más laxos; solo toman en cuenta consideraciones de eficiencia técnica y energética, sin buscar proteger el planeta y la salud de la gente. El co-procesamiento es incineración y no debe entenderse como algo distinto.
Las consecuencias del co-procesamientos
Diversos estudios han dado cuenta de las graves consecuencias ambientales y sociales que ocasiona incinerar o co-procesar residuos. Estos procesos generan cenizas tóxicas; emisiones al aire altamente contaminantes; incluida la liberación de nanopartículas; e implican la quema de residuos de elevada toxicidad, como los plásticos, etc.; todo lo cual puede ocasionar enfermedades como el cáncer entre la población que habita zonas cercanas a las plantas.[2] Por esto, el co-procesamiento no debe considerarse una política prioritaria de gestión de residuos;7 y es sumamente grave que en este caso los legisladores mexicanos hayan privilegiado intereses económicos en lugar del bien común.
La segunda reforma, publicada en el DOF el 7 de enero pasado, incorpora una atribución a los municipios para transformar residuos orgánicos en energía. Los partidos políticos detrás de esta modificación se congratulan de su aprobación; y la venden a la ciudadanía como una gran medida que resuelve el problema de los residuos al mismo tiempo en que se asegura la generación de energía para nuestras ciudades. Sin embargo, esta visión es equivocada y contraria a la economía circular de la que tanto hablan políticos y empresarios.
¿Por qué esto es así?
Ambas reformas privilegian una jerarquía de gestión de residuos basada en la valorización o aprovechamiento de residuos ya generados, en fases de remediación, en lugar de apostar por la prevención. No debemos olvidar que el mejor residuo es sin duda el que no se genera.
Así, la jerarquía de gestión de residuos que se debe privilegiar es la que coloca en primer lugar la prevención; seguida de la minimización, evitando que se generen residuos mediante estrategias que extienden la vida útil de los productos; como la reutilización, la reparación, el reacondicionamiento y la remanufacturación.
En la imagen, Ornela Garelli
Después vienen procesos de transformación que permiten mantener los materiales en uso dentro de la economía, como el reciclaje; o que favorecen la reintegración de nutrientes a la tierra, como el compostaje, particularmente de residuos orgánicos. Luego de todo esto ya vienen las opciones menos deseables, como la valorización de materiales y la conversión de residuos en energía; seguida de la eliminación, que implica el vertedero en rellenos sanitarios o la incineración sin valorización energética; así como la disposición final controlada o no controlada.
En este sentido, aprovechar los residuos orgánicos en procesos de generación de energía como mandato legal es contrario a la jerarquía de gestión de residuos; primero se debería reducir la generación de estos, por ejemplo evitando el desperdicio de alimentos, y después gestionar los residuos ya generados mediante procesos de compostaje, los cuales permitan reintegrar los nutrientes a la tierra. Las ciudades deberían avanzar en sistemas de composta y en campañas de educación para prevenir el desperdicio de alimentos, en lugar de buscar transformar residuos en energía.
Incineración y co-procesamiento no son opción
En relación a la incineración y el co-procesamiento, la prioridad es no incinerar materiales reciclables, como sí se recoge en algunas secciones de la reforma; pero aún así se impulsan estrategias que no son prioritarias en la jerarquía antes mencionada, ya que antes de incinerar hay que prevenir, reducir, reutilizar, reacondicionar, remanufacturar y reciclar. Incinerar y co-procesar no son compatibles con la economía circular, que ésta busca una disminución en la generación de residuos mediante el rediseño de productos hechos para mantenerse en uso, no para desecharse.
Asimismo, el abrir la puerta a la incineración de residuos ata a los municipios a seguir generando residuos que deben enviarse a incinerar bajo contratos carísimos y de muy larga duración (alrededor de 30 años) con cementeras y otras empresas. Esto es totalmente contrario a la economía circular, ya que alimenta la generación constante de desechos, en lugar de ponerle freno, y desincentiva el reciclaje.
Por todo lo anterior, es sumamente preocupante que políticos y empresarios busquen impulsar este modelo de gestión de residuos que daña al medio ambiente y a la salud de la gente; en lugar de impulsar políticas de Basura Cero, donde prime la prevención de la generación de los residuos mediante esquemas de circularidad, basados en la reutilización.[3] Estas reformas no son una solución a nuestros problemas de gestión de residuos, al contrario, abren la puerta a mayores problemáticas ambientales.
Referencias
[2] Para más información véase Greenpeace México, Incineración de Residuos en la CDMX. El gran obstáculo para transitar hacia una ciudad más sustentable https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/830/incineracion-de-residuos-en-la-ciudad-de-mexico/
[3] Para más información véase el informe “Cuando la basura plástica nos alcanzó y nos rebasó”, recién publicado por diversas organizaciones miembro de GAIA, incluida Greenpeace México. https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/9454/reporte-cuando-la-basura-plastica-nos-alcanzo-y-nos-rebaso/
