Secretaría de Energía confirma que Acuerdo de Confiabilidad tiene sustento constitucional y legal

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- El Gobierno Federal, con base en sus responsabilidades constitucionales, respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos; por lo que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; ante la suspensión otorgada por un Juzgado, en respuesta al legítimo derecho de amparo de terceros. Sin embargo, esta Secretaría va a combatir tal resolución.
La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional.
La Política de Confiabilidad incluye todas las dimensiones del Sistema Eléctrico
Nacional: la Red Nacional de Transmisión, las Redes Generales de Distribución; las
Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o
a las Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del CENACE
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y
demás elementos que determine la Secretaría de Energía.
La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional,
áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado.
La Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable,
progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las
renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes
inteligentes y reservas de capacidad operativa.
La realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera
irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que
duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional. La
Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos
que se establece.
Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando
éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario,
estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los
mexicanos.