Del poder Judicial depende la dirección que tome el país en el compromiso de transitar a la generación de energía más limpia
Julia González Romero
Consejera en energía y recursos
naturales en González Calvillo
El mundo reclama justicia climática, un concepto abstracto que nos compromete a todos a mirar y prever las brechas de vulnerabilidad de las personas; esto en las estrategias para mitigar el impacto del Calentamiento Global.
En México hay empresas y organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la ambientalista Greenpeace, que ya generan litigios climáticos que visibilizan cuestiones de vida o muerte.
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La defensa del derecho a un medio ambiente sano, así como a la protección de la salud son los argumentos centrales del amparo que presentó Greenpeace en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (Prodesen).
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Contexto
El Prodesen es el instrumento que detalla nada más y nada menos, que la planeación del sistema eléctrico con propuestas de proyectos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y, en específico, en el punto 7.8 incluye los proyectos de generación eléctrica estratégicos: las centrales de ciclo combinado González Ortega, Valladolid, Baja California Sur, Mérida, Tuxpan fase 1 y San Luis Río Colorado.
Bueno, pues derivado de ese amparo, un juez federal ordenó a las autoridades detener todos los efectos y consecuencias de la LIE y del Prodesen al considerar que Greenpeace podría demostrar que “los actos reclamados constituyen un retroceso en la protección al medio ambiente, por frenar o restringir la entrada al mercado de empresas productoras de energía limpia como una probable barrera a la competencia, y por vía de consecuencia y que ello afecta a la sociedad en general”.
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Por si esto fuera poco, la cosa se pone más interesante. Les cuento. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició procedimientos para construir las centrarles de ciclo combinado en Baja California Sur, San Luis Río Colorado, Tuxpan, Valladolid, Mérida y González Ortega.
Estaba planeado que estos seis proyectos entraran en operación en 2024 y, en conjunto, representarían 4 mil 322 megawatts (6% de la generación actual). El financiamiento de estos proyectos se realizaría mediante fondos de la CFE y presupuesto del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Juez hace requerimiento a CFE
Por lo anterior, Greenpeace consideró que la CFE violó la suspensión ordenada respecto del Prodesen y el juez coincidió. El 29 de noviembre requirió a CFE que detuviera dichos procedimientos.
Greenpeace celebró la decisión y en un comunicado de prensa resaltó la importancia de los litigios climáticos: “Las demandas y sentencias judiciales sobre cuestiones climáticas están abriendo nuevos caminos legales para que el incremento de la temperatura se mantenga por debajo de los 1.5º C. La actual suspensión del juez federal es coherente con el sexto informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que apremia a los gobiernos a eliminar lo más rápido posible los combustibles fósiles, así como a no construir nueva infraestructura fósil”.
Incertidumbre
Para el 13 de diciembre, la CFE se inconformó con la decisión del juez y presentó un recurso en contra de esta. Ahora se encuentra en manos del primer tribunal colegiado en materia administrativa y, sin duda, seguiremos pendientes de cómo termina.
Finalmente, del poder Judicial depende la dirección del país en el compromiso de transitar a la generación de energías más limpias; sin dejar de lado los derechos humanos.
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