El gobierno estadounidense manifiesta que la política energética de la actual administración, viola las disciplinas a las que se comprometió el Estado mexicano en el T-MEC
Leopoldo A. Salinas
Director de Operaciones y Riesgos en Acclaim Energy
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció el pasado 19 de julio de 2022, la solicitud de consultas para la solución de controversias bajo el Capítulo 31 del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
La razón es la política pública y las acciones regulatorias del Estado Mexicano que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Un día después, Canadá indicó que apoya la solicitud de Estados Unidos y que lanzará sus propias consultas para abordar el tema.
El gobierno estadounidense alega que la política energética de la actual administración, desplegada a partir de 2019, viola las disciplinas a las que se comprometió el Estado mexicano en el T-MEC; particularmente en capítulos como acceso a mercados, inversión y empresas estatales.
Si no se llega a un acuerdo sobre el rumbo de la política energética de México y su implementación, el siguiente paso sería el establecimiento de un panel de resolución de disputas, en el que el país corre el riesgo de enfrentar represalias comerciales.
Los motivos de la solicitud
Específicamente, la USTR destaca como motivo el cambio en el orden de despacho de energía eléctrica para beneficiar a las centrales de la CFE sobre los generadores privados, establecido en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Los argumentos también incluyen la revocación y rechazo de nueva generación eléctrica y permisos de almacenamiento de petróleo, así como restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (SENER).
Además, cuestiona la regulación de diciembre de 2019 que extiende el plazo solo a Pemex para cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diesel automotriz (NOM-016-CRE-2016), así como la rogatoria de junio de 2022 de la SENER al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y la CRE para obligar a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a comprar el hidrocarburo a las filiales de la CFE.
¿Qué disposiciones se reclaman?
Entre las violaciones al Acuerdo señaladas por la USTR se encuentran las referidas a los siguientes capítulos:
Trato nacional y acceso a mercados (2.3 y 2.11), que determina que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de otros países miembros.
Inversión (14.4), que veta cambios a la regulación de magnitud suficiente para interferir con las expectativas originalmente proporcionadas a los inversionistas.
Empresas del Estado (22.5.2), que establece que las empresas del Estado deben otorgar un trato no menos favorable a las empresas privadas nacionales o extranjeras.
Publicación y administración (29.3), que establece que las partes deben implementar su legislación nacional de manera uniforme, imparcial y razonable.
¿Cuáles son los próximos pasos?
La solicitud de consulta desencadenó un proceso que dura un máximo de 75 días para resolver el asunto (alrededor de oct de 2022), en el que el inicio de las consultas debe realizarse a más tardar 30 días después de la solicitud formal.
Si no se llega a un acuerdo durante el período de consulta, se puede solicitar un panel de resolución de disputas. El panel estaría integrado por 3 o 5 panelistas elegidos de una lista pre-aprobada por los tres países miembros del Tratado. Una vez definidos los integrantes, el panel tendrá un plazo máximo de 150 días para emitir un informe inicial y luego hasta 30 días para presentar el laudo arbitral final, dependiendo de lo cual los países acordarán una solución a la controversia, lo cual sucedería alrededor de abril o mayo de 2023.
Durante el proceso de resolución de la disputa energética, la Secretaría de Economía estará a cargo de coordinar la defensa del Estado Mexicano. La primera mesa de trabajo para diseñar la estrategia de defensa de México inició actividades el pasado martes 26 de Julio buscando línea de argumentación; las cuales se estarían dando a conocer en los siguientes días.
Si no hay acuerdo ¿Qué pasaría?
En caso de que México no llegue a un acuerdo en la solicitud de consultas con Estados Unidos y Canadá; México enfrentará un panel de disputa en el que corre el riesgo de recibir represalias comerciales y podría ser acreedor de sanciones o aranceles sobre los productos que exportaciones para compensar; según las reglas del T-MEC, el impacto negativo que tendrían las empresas estadounidenses y canadienses en materia energética. Algunos cálculos preliminares de expertos analistas lo ubican en el rango de 30 mil millones de dólares; sólo por el lado de EEUU, lo que representa el 2.3% del Producto Inter- no Bruto del país.
Hay dos formas de ver cómo estos dos países buscarían resarcir el daño; ya sea buscando generar un costo a México o implementando acciones en contra del flujo comercial por ese monto.
Considerando que EEUU compra anualmente alrededor de 385,000 millones de dólares de productos mexicanos; y si ese país busca recaudar los 30 mil millones; implicaría que imponga un arancel de 8% del universo total de importaciones provenientes de nuestro país que representen un flujo comercial de 30 mil millones de dólares.
Más allá del tema de los aranceles; es que México sería puesto en tela de juicio como un país que no cumple con los tratados internacionales que ha suscrito. Derrumbando la confianza que tenía ante la falta de certeza legal; lo que inmediatamente señalaría justificadamente una incidencia negativa en el futuro de las inversiones en nuestro país.
Si se llegasen a imponer sanciones arancelarias supondría un desastre para la economía del país; impactando sin duda a la industria exportadora con una alta probabilidad de recesión; una muy posible depreciación en el tipo de cambio, un mayor estancamiento en la inversión privada; un incremento en las salidas de capital, que sería rematada por una disminución en la calificación de la deuda soberana del país.
Un riesgoso juego de Ajedrez.
Esta disputa no es sobre de quién son los hidrocarburos; ni tampoco se trata de poner en duda la soberanía de un país, mucho menos el destino de la patria; es simplemente una disputa comercial por temas puntuales que tienen origen en la política energética implementada hace tres años.
Desde nuestro punto de vista, sin ser experto en economía; el T-MEC es muy claro y no pareciera que existan muchos argumentos plausibles para defender la política energética de la actual administración. Esperemos que resuelva la disputa durante el proceso de consulta; cediendo a lo que haya lugar para seguir cumpliendo con el Tratado y de esa forma evitar llegar al panel de solución de controversias.
De ser así podríamos tener la esperanza de que se mantengan las inversiones e incluso se revierta las tendencias que observamos apenas el mes pasado en la última edición del PRODESEN; donde claramente se señala que el país no está en condiciones de cumplir con sus metas de reducción de emisiones en el mediano plazo; no por un tema técnico, sino por la falta de recursos económicos, ya que estos son prioritarios para fortalecer a las empresas productivas del Estado; razón por la que no se están otorgando los permisos de generación que se requieren para cumplir con el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica.
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