Para que la propuesta de reforma tenga alguna posibilidad de aprobarse en el Congreso habrá que hacer adecuaciones
Desde la izquierda
Víctor Rodríguez Padilla
Especialista en el sector energético
La reforma de electricidad y materiales estratégicos ofrece múltiples aristas para analizar y debatir cuestiones de fondo; aquellas que tocan el proyecto de país, la construcción nacional y el futuro que deseamos para México. Esa tarea sigue sin realizarse. La corriente principal ha preferido concentrar sus baterías en las debilidades, vacíos y zonas grises de la iniciativa.
Incertidumbre y temor de grupos, con gran influencia en los medios de comunicación, han llevado a focalizar el debate en la defensa de los intereses de empresarios e inversionistas, eventualmente afectados por la hipotética reforma. El derecho a la salud y a un ambiente limpio es un argumento lastimero que encubre el verdadero juego de poder.
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La cuantía y el tono de las quejas han surtido efecto político. Para que la propuesta tenga alguna posibilidad de aprobarse en el Congreso habrá que hacer adecuaciones. Es inevitable. El Ejecutivo federal, sin margen de maniobra, ha tenido que aceptarlas “siempre y cuando no alteren lo esencial de la propuesta”, dice a la defensiva. Como resultado del forcejeo político y diplomático ya se preparan modificaciones que serán negociadas con la oposición, especialmente con el partido tricolor, actor clave por su peso específico en la votación.
Minimizar el riesgo de litigios internacionales
Será necesario modificar artículos e introducir nuevos transitorios para minimizar el riesgo de explosión de procesos judiciales y litigios internacionales. Ajustes serán indispensables para transitar del modelo de mercado a la exclusividad del Estado, para mover al país de una industria eléctrica privada a una pública, para reemplazar la regulación externa por el monopolio autoregulado.
El cambio de modelo debe llevarse a cabo sin sobre saltos, preservando en todo momento la confiabilidad, suficiencia, continuidad, calidad y economía del suministro. Deberá preverse que los operadores serán los mismos y continuarán haciendo su trabajo cuando entre en vigor la reforma constitucional y la legislación secundaria porque la transición exige gradualismo. Se transformará la organización industrial y la regulación, pero las centrales, las líneas, los equipos serán los mismos y no cambiarán de dueño.
Los permisos
Los actuales permisos de generación que impliquen venta de electricidad deberán migrar, paulatinamente, a convenios de compraventa de electricidad con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las centrales de los productores independientes deberán ser despachadas prioritariamente para generar el dinero que le permita a la hacienda pública honrar los contratos otorgados por pasadas administraciones.
La desaparición de permisos no significa cancelación de contratos, los cuales deberán llegar a término, porque solo de esa manera se logrará una mutación controlada. Sin embargo, deberá plasmarse la instrucción de renegociar los más lesivos para las finanzas públicas, con apego a los mecanismos previstos en los contratos respectivos. Las mal llamadas “sociedades de autoabastecimiento” y todo negocio privado de venta de electricidad se irán disolviendo paulatinamente. Los grandes usuarios dejarán de ser clientes del mercado paralelo para reintegrarse nuevamente a la categoría de usuarios del servicio público de energía eléctrica.
El circuito del dinero
Los electrones seguirán llegando a donde tengan que llegar, nadie se quedará sin ser abastecido, pero cambiará el circuito del dinero. Si se adquiere y despacha la electricidad de menor costo social, no tiene por qué haber elevación de tarifas, al contrario, al eliminarse las rentas económicas, los sobrecostos y los subsidios a las empresas del ramo, las tarifas tenderán a bajar si todo lo demás permanece sin cambios (ceteris paribus).
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) despachará, de manera prioritaria a las centrales de mayor costo, solo por razones de confiabilidad, tal como sucede actualmente. No es razonable establecer que las centrales serán despachadas porque son propiedad de la CFE, hacerlo de esa manera nos alejaría del óptimo social.
El sistema necesita flexibilidad
En ese orden de ideas, no es necesario establecer una generación eléctrica legalmente particionada entre Estado y privados para tener continuidad en el abasto y tarifas económicas. Establecer una cuota de mercado no es una condición sine qua non para garantizar que no falte electricidad en el país y la factura no sea una pesada carga para familias y empresas.
El sistema eléctrico necesita flexibilidad: tanta generación privada y pública como se necesite. En algunas ocasiones, el óptimo será, por ejemplo, 70/30 pero en otras 30/70, según las circunstancias concretas de la operación. Elevar a rango constitucional una proporción 54/46 a favor del Estado tiene sentido político; –se garantiza mercado para los privados— pero escasa racionalidad técnica y económica. Más que una camisa de fuerza se requiere una estricta planeación para alcanzar niveles adecuados de seguridad energética nacional.
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