Las inversiones en la industria eléctrica dominan la cifra global total del sector energético en los últimos cuatro años, afirma Luis Serra
Luis Serra
Director ejecutivo de la Iniciativa de Energía
del Tecnológico de Monterrey
La ventana de tiempo que nos queda como humanidad para revertir los efectos de la actividad antropogénica en el medio ambiente es cada vez menor. Las metas que los países han trazado para la descarbonización de las economías son claras, no en todos los casos lo son la forma y los instrumentos para hacerlo. El sector energético contribuye con 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero que conducen al Cambio Climático y se espera que la transición energética aporte un tercio de la mitigación de dichas emisiones hacia 2050.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por su siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional, el reto de inversión en energías limpias no es menor. En el periodo 2016-2020 las inversiones anuales fueron cercanas a 1.2 billones de dólares (1.2 trillion USD). Pero esta cifra tendrá que aumentar a más de 4 billones de dólares anuales hacia 2030 para estabilizarse en 4 billones de dólares anuales en 2050. La mayoría de dichas inversiones tendrían que ocurrir en el segmento de uso final, seguido por la generación eléctrica, la infraestructura y los combustibles de bajas emisiones.
Es posible el regreso de una dinámica al alza
Las inversiones en la industria eléctrica han dominado la cifra global total del sector energético en los últimos cuatro años. Debido a la pandemia por COVID-19, 2020 fue un periodo donde no se presentó crecimiento. Pero la recuperación económica de 2021 podría significar el regreso de una dinámica al alza de alrededor de 5%, con respecto al año anterior. Del monto total de inversión esperado a nivel internacional, aproximadamente 70% estaría enfocado en las energías renovables, según la IEA. El aumento en la eficiencia de dichas inversiones no tiene paralelo. De acuerdo con el reporte World Energy Investment 2021, por cada dólar que es invertido en proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica hoy se genera cuatro veces más electricidad que hace diez años.
En el corto plazo, hacia 2030, las adiciones de capacidad instalada en energía renovable, eólica y solar fotovoltaica deberán incrementarse en 400%. Esto implica un avance notable en la flexibilidad de la arquitectura de los sistemas eléctricos, los cuales deberán acomodar mayor almacenamiento, centrales de respaldo con bajas emisiones y redes eléctricas digitales e interconectadas. De esta forma, la proporción de energía solar fotovoltaica y eólica en la matriz de generación eléctrica mundial pasaría de poco menos del 10% en 2020, a prácticamente 70% en 2050.
Tecnología y renovables
El avance tecnológico de las renovables ha promovido su integración a los sistemas energéticos por la reducción de costos. Pero es claro que los mayores beneficios se observan en mercados que acompañan dicha mejora tecnológica con un ecosistema que incluye cadenas de valor robustas y un marco institucional que da certeza a las inversiones.
En nuestro país, se tenía claro que las necesidades de inversión para mejorar la capacidad de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional era precondición para una mayor incorporación de las energías renovables. Además, se contaba con el conocimiento de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desfasaría centrales antiguas y obsoletas, y que su situación financiera se complicaba cada año.
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Existía participación del sector privado nacional e internacional en la generación eléctrica, a partir de modificaciones a la ley realizadas durante las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Pero en 16 años que duró este modelo, solo se añadieron 28GW de capacidad instalada para la generación eléctrica. Conforme al crecimiento poblacional esperado hacia 2028 y las necesidades productivas y de sevicios que esto significaría, se requeriría añadir 66GW adicionales a lo logrado previamente, pero en un plazo menor. En 2013, la Secretaría de Energía (Sener) estimó las inversiones correspondientes a la satisfacción del suministro eléctrico de nuestro país para 2028 en 2.1 billones de pesos. Era claro que el Estado mexicano no podría hacer frente solo a semejante requerimiento.
Incertidumbre en el sector
Pero el modelo que prevalecía no generaba incentivos a la inversión. Por un lado, en el segmento de generación, en caso de que los generadores privados tuvieran excedentes en su producción, la CFE era el único que podía adquirirlos. Esto es, era un monopsonio que imponía sus condiciones. Por otro lado, no existía garantía de compra al mayoreo y de largo plazo para los oferentes privados. Esto incrementaba costos de financiamiento, es decir, los proyectos no eran bancables.
Por ello fue que la Reforma Energética de 2013 y la legislación secundaria de 2014 buscó crear un esquema de mercado que, bajo la rectoría del Estado y con instrumentos regulatorios, revertiera una situación que no permitiría que el país contara con un entorno que promoviera el suministro eléctrico confiable, seguro, continuo y de calidad para su población. Se crearon las subastas de largo plazo, las cuales entregaron precios bajos récord a nivel mundial en términos de MWh/USD. También, para evitar que CFE ejerciera prácticas anticompetitivas contra rivales en el mercado se decidió separar la función de despacho sobre el control de las redes. Y, entre muchas otras piezas de arquitectura institucional, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se les otorgó la facultad de velar por la competencia en el mercado y fomentar beneficios para los consumidores.
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Desde su entrada en funciones, la administración actual ha hecho todo para ir en contra de un ambiente favorable de inversiones en la economía. Ha cancelado proyectos bajo argumentos políticos y sin previos estudios técnicos. Mantenido una pétrea postura negativa respecto al sector privado nacional e internacional. Canceló las subastas de largo plazo de la reforma de 2013 y las licitaciones de proyectos de infraestructura de transmisión de alto voltaje de corriente directa que estaban planteados para resolver problemas de congestión en las redes, los cuales son causa de altos precios nodales.
Coptó a la CRE para detener el otorgamiento de permisos que le representarían competencia a la CFE. Y, encima de todo, utilizó a esta última como salvavidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que, al no tener forma de colocar su producto en el mercado internacional debido a las restricciones impuestas por la Organización Internacional Marítima a partir del 1 de enero de 2020, recurrió a la CFE para que ésta comprara su combustóleo y así quemarlo en plantas obsoletas, caras y contaminantes.
Motivo de preocupación social
De tal manera que la iniciativa de decreto que presentó el 1 de octubre pasado el titular del Ejecutivo debería ser motivo de preocupación social. Dicha propuesta reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Estado, a través de la CFE, recupere la preponderancia en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria eléctrica nacional. Esto es, se propone la restitución del monopolio de Estado. Adicionalmente, la transición energética se convierte en un área estratégica a cargo del Estado, cuyo líder de ejecución será el ahora organismo del Estado, CFE. Por último, se propone que el litio, así como otros minerales asociados a la transición energética, sean considerados propiedad de la Nación, quedando su aprovechamiento reservado de forma exclusiva al Estado mexicano.
El impacto nacionalista de la propuesta de reforma de la Presidencia de la República abarca un espectro amplio de las cadenas de valor relacionadas a la industria eléctrica y las energías renovables. El quinto transitorio manifiesta que la “transición energética soberana” incluye desde una política industrial en electricidad y transformación de los recursos naturales, hasta la manufactura de equipos, la ciencia y la tecnología, propiedad intelectual del Estado y la creación de empresas.
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De tal manera que, la propuesta del Ejecutivo es abordar, por sí solo, uno de los retos más importantes en la agenda de los gobiernos nacionales. Por supuesto, en la propuesta se dice que habrá colaboración con el sector privado “honesta y de buena fe” pero eso no promueve inversiones, sino la certeza jurídica. En caso de que la propuesta de reforma en mención sea aprobada por el Congreso de la Unión e implementada no veríamos más inversiones en energías renovables. Lo que pueda hacer CFE con hidroeléctricas quedará muy corto, con respecto a lo que nuestro país requiere.
