Escrito por: Luis Serra, Opinión

Aspirar a la transición energética

Transición energética-opinión

De concretarse, el camino de la transición energética hará partícipe de los beneficios, incluso, a las comunidades vulnerables

Luis Serra
Director ejecutivo de la Iniciativa de Energía
del Tecnológico de Monterrey

En las dos entregas anteriores de esta columna, se ha discutido el recuento de los daños de la política energética de la actual administración; y cómo los resultados de ésta no comulgan con la consigna electoral del Ejecutivo “primero los pobres”. Tal política energética está más basada en una visión anacrónica y aislada del entorno internacional, así como sustentada en el ejercicio del monopolio del Estado y orientada a favorecer y otorgar prebendas a grupos fácticos con capital electoral, que, a atender las necesidades de la población, particularmente de aquellos sectores más vulnerables.

Por ello, es por lo que no sorprenden las declaraciones del presidente vertidas en uno de sus ya conocidos exabruptos contra un grupo en específico. En esa ocasión cuestionó a la clase media del país por no apoyar a su movimiento y por ser “aspiracionista, egoísta y que quiere triunfar a toda costa”. En muchos sentidos, la política energética del presidente no difiere de su visión e ideología: preservar necesidades artificiales creando condiciones para sostener un sistema que no
fomenta el progreso para aquellos que, en principio, él promete poner como prioridad en su gobierno.

La estrategia del gobierno

Esa creación de condiciones ficticias comprende, de manera no exhaustiva, una política de austeridad que involucra menor inversión pública en proyectos de infraestructura; la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México; el despliegue de tres proyectos faraónicos con promesas de empleo y crecimiento económico, pero con fecha indeterminada de inicio de operación y crecientes costos financieros; la reorientación de recursos de la ciencia y la tecnología para ser usados en esos proyectos; y una parálisis del sector energético en México creada por la incertidumbre respecto al cumplimiento del Estado de derecho y la creación de dos leyes inconstitucionales que han sido suspendidas por el Poder Judicial.

Desde la perspectiva de la plataforma política del Ejecutivo, es benéfico despilfarrar miles de millones de pesos en la cancelación de un aeropuerto para crear otro que representará un mayor costo promedio para el usuario en términos de acceso. Eso, sin mencionar que dicha decisión representa un flujo de ingresos que el país dejará de percibir, en virtud de que ya no tendrá el potencial de hub comercial que hubiese tenido con el proyecto original.

¿Energías limpias son un capricho?

De esa misma forma, el Gobierno federal estima que la transición hacia energías limpias es un capricho, una visión egoísta de unos pocos (v.gr., los empresarios) que solo buscan su beneficio y están dispuestos a todo por lograrlo. Y ahí es donde cabe la primera pregunta ¿No deberíamos todos aspirar a ello? El desfase de fuentes fósiles de energía es un objetivo que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyentes directamente al Cambio Climático. Es importante recordar que los efectos de este fenómeno, en caso de que no puedan revertirse conforme a la Agenda 2030 y los objetivos de neutralidad en carbono hacia 2050, serán irreversibles para la población a nivel mundial. Pero tendrán un impacto mayor en aquellos individuos que se encuentren en poblaciones vulnerables y marginadas.

Otro objetivo de la transición energética es reducir la utilización de fuentes fósiles de energía que emiten partículas con un diámetro aerodinámico PM10 y PM2.5, las cuales tienden a crear concentraciones en ciudades que derivan en una serie de problemas graves de salud como enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Desde la década pasada, se conoce que existe evidencia suficiente para establecer relación causal entre la exposición a estas partículas y la presencia de diversos tipos de cáncer en las personas.

Energías renovables

En lo particular, considero que la lucha establecida por el Gobierno federal contra las energías renovables condujo, bajo desmadejados argumentos respecto a la preservación de la confiabilidad, calidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional ante la crisis sanitaria del COVID-19, a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilizara más combustóleo para la generación eléctrica. En México, más de la mitad de las emisiones de PM10 y PM2.5 provienen de plantas de generación a partir de combustóleo.

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Una de las características principales de la transición energética es la incorporación de más unidades al Sistema Eléctrico Nacional que generen o almacenen electricidad de forma embebida. Esto representa una drástica separación del antiguo modelo de generación eléctrica basado en pocas centrales grandes, para dar paso a un modelo de generación in-situ que en su mayoría es a pequeña escala. Para el caso de México esto involucra dos elementos, ninguno de los cuales es atractivo para la administración actual.

Mayor inversión

El primero es la cesión de espacios de participación en la inversión de infraestructura a terceros, lo que a su vez conlleva un ejercicio regulatorio transparente y autónomo. El segundo es que la Empresa Productiva del Estado, la CFE, perdería espacios de relación comercial con un gran número de consumidores, lo cual no solo se vería reflejado en sus finanzas, sino también en el valor político que la CFE representa para el Gobierno federal con algunos sectores de la población, particularmente aquellos que reciben subsidios en tarifas eléctricas.

La transición hacia fuentes de energía limpia también conlleva la progresiva desaparición del motor a combustión o, dicho de otra forma, impulsa la adopción de la electromovilidad. Los detractores de esta avenida señalan la imposibilidad que representa esta promesa para México, por el alto costo promedio de los vehículos eléctricos y el bajo nivel del poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, la aspiración en este sentido debe ser m s amplia y no solo reflejar un mero cambio tecnológico, sino de paradigma de ordenamiento territorial. La falta de planeación urbana en nuestro país ha conducido a diversos gobiernos locales a la imposibilidad de acción por los altos requerimientos de coordinación en sus políticas públicas de movilidad. En ese sentido, impera la necesidad de formular modelos descentralizados con sistemas de transporte público limpio, en conjunción con otras alternativas que sean facilitadas por el rediseño de las ciudades.

Pero quizá de todos los aspectos que acarrea la transición energética, el que de menor agrado resulta para la administración actual es la revalorización de la Empresa Productiva del Estado encargada de las actividades económicas, industriales y comerciales relacionadas con los hidrocarburos de la nación.

Revalorización de la EPE

Se trata de una organización que durante décadas estuvo asociada al desarrollo de localidades enteras a lo largo del país. También, de una empresa que durante mucho tiempo procuró uno de cada tres pesos que tenía el Gobierno federal en turno para programar su gasto corriente. Y, por último, se trata de un sindicato -que junto con el de educación- resultó afectado por reformas liberalizadoras en el sexenio previo. No obstante, los resultados que la empresa ha tenido desde 2014 ponen de manifiesto que ya no es posible, bajo la coyuntura ambiental, con el tamaño de la plantilla y con las condiciones de mercado actuales, mantener su escala sin propiciar más pérdidas.

Por eso es por lo que la aspiración para salir adelante en términos del sector energético, como hizo referencia con respecto a la clase media, le resulta molesto al Ejecutivo. Simboliza un entorno fuera de su control, que no conoce y que no le asiste. La agenda de transición hacia energías limpias conlleva modificaciones estructurales a nivel económico, social y ambiental que implican un incremento en el bienestar de la población. Con las políticas públicas adecuadas, la transición energética hará partícipe de los beneficios incluso a las comunidades vulnerables.

Por tal motivo, la administración federal ha buscado por todos los medios bloquear las posibilidades para la transición energética. Sabe que se trata de una puerta que, tarde o temprano, conducirá a un ecosistema que no le será favorable; al menos no para sus aspiraciones.

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