Si el gobierno y el sector privado implementan acciones en materia de equidad de género para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía, el PIB de México podría ser 15% mayor para 2030
Si bien la pandemia de COVID-19 ha traído repercusiones en materia sanitaria y económica, también ha provocado que los avances logrados durante 15 años en materia de equidad de género se borraran debido una reconfiguración que han realizado las mujeres en sus vidas profesionales, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En conferencia, Fátima Masse, directora de sociedad incluyente del Imco, explicó que la organización estimó que para 2030, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría ser 15% mayor si el gobierno y sector privado implementaran acciones para sumar 8.2 millones de mujeres a la economía.
“Esto es un incremento tres veces más grande del que observaríamos si la tasa de participación laboral femenina siguiera su tendencia actual de crecimiento”, aseveró.
Sin embargo, la experta recalcó que México es uno de los países del mundo con menos trabajadoras, pues mientras el país tiene una tasa de participación de 41%, otros países como Canadá (60.7%); Islandia (70.6%); Colombia (57.5%); Perú (70.6%); Brasil (54%); Estados Unidos (55.9%); Australia (60.2%); y Japón (52.7%), presentan porcentajes más altos.
Ante este panorama, Masse indicó que uno de los motivos por los cuales hay pocas mujeres en la economía, es por la realización de labores del hogar, pues al menos 42% de las mujeres en edad productiva ejecutan labores clave dentro del hogar, sin un trabajo remunerado.
Asimismo, México ha realizado esfuerzos como las cuotas de género para alcanzar mayor igualdad en la vida política. Sin embargo, tras 10 años de incremento en la participación política, las cuotas no han evolucionado para realizar acciones e integrar a las mujeres en el mercado laboral.
Los desafíos de México
De acuerdo con Masse, el mayor rezago de México está en las barreras para entrar y ascender en el mercado laboral. Mientras las mujeres en parlamentos nacionales, en alta y media dirección y mujeres en Secretarías de Estado superan la media de los países de la OCDE, existen menos mujeres en consejos de administración, con educación superior y sin oportunidad de trabajar.
También hay menos mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); hay una brecha salariar y un porcentaje aún bajo de mujeres graduadas de carreras STEM.
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Además, si bien las mujeres de la OCDE destinan gran parte del tiempo al trabajo en el hogar (1.93 es el promedio), las mujeres mexicanas destinan hasta 2.5 veces más horas al trabajo del hogar y cuidado.
En ese sentido, si México alcanzara una tasa de participación económica de mujeres similar al promedio de la OCDE; esto equivaldría a 126 mil 675 pesos al año por cada mujer que se incorpore al mercado laboral. Ello significaría un mayor ingreso para los hogares, prestaciones laborales y derrama económica hacia otros sectores.
Además, una formalización de mujeres incrementaría la recaudación y el ahorro.
“Más mujeres en el mercado laboral se traduce en libertad económica para ellas y beneficios económicos para el país”, indicó Masse.
¿Qué se propone?
Ante este panorama, el Imco propuso algunas medidas para impulsar la presencia de las mujeres en la economía y la equidad de género.
En primera instancia, para la entrada de estas a la economía, proponen un sistema universal de cuidados, el cual señalaron, es una inversión en el desarrollo de los niños y niñas desde sus primeros meses de vida. Esto permitiría a las madres tener mayor flexibilidad para incorporarse al mercado de trabajo.
El costo aproximado de ello sería de 99 mil millones de pesos al año, un monto equivalente al 77% de los recursos de 2021 para igualdad entre hombres y mujeres.
En tanto, para la permanencia de las mujeres en la economía, se proponen licencias de paternidad; certificación de la norma 025; y créditos fiscales a Pequeñas y medianas empresas (Pymes). Mientras que para la promoción de ellas en la economía, se proponen inversiones responsables (emisiones ASG y esfuerzos de Afores); y la transparencia de políticas públicas.
