Transición energética: Más allá del remplazo de combustibles fósiles

Para que la transición energética sea posible se necesita una transformación estructural que revolucione las cadenas de suministro

Desde la izquierda 
Víctor Rodríguez Padilla
Especialista en el sector energético

Es un acierto inscribir en la Constitución el propósito de realizar una transición energética para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. También es positivo que el Estado quede a cargo de dicha transición y utilice de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone el país. Son dos propuestas contenidas en la iniciativa de reforma que se discute actualmente en el Congreso.

La transición energética es uno de los mayores retos del país y de la humanidad. No es el único desafío pero sí es uno de los más importantes. Si no cambiamos nuestra formas de producir y consumir energía el colapso climático nos espera al final del camino. El tiempo apremia y no hay escape, no hay manera de evadir nuestra responsabilidad. El planeta se calienta, el clima cambia, los ecosistemas de degradan, la biodiversidad desaparece, los desastres naturales se incrementan. El planeta vivible se extingue. Frente al peligro colosal, real e inminente el Estado debe intervenir con determinación. Sería suicida dejar que la mano invisible del mercado encuentre la solución.

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Sin embargo, la iniciativa se queda corta conceptualmente. Sustituir unas energías por otras es necesario pero no suficiente. Es cierto que remplazar petróleo, gas natural y carbón por núcleo electricidad y energías renovables permite obtener una cesta energética baja en carbono. También es cierto que si la celeridad del proceso es adecuada se podrán cumplir las metas legales y los compromisos internacionales de México.

Más que eso, lo que realmente se necesita es un cambio de paradigma, una renovación integral, profunda y simultánea en la oferta y demanda, una transformación estructural que revolucione no solo las cadenas de suministro, sino también la movilidad y la urbanización, la manufactura y la alimentación, la eficiencia y racionalidad en el consumo. La transición es una oportunidad para garantizar el acceso universal a energía moderna y acabar con la pobreza energética. Sin equidad la transición no podrá reducir la desigualdad entre regiones y estratos de la población.

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Otro componente de la transición es la justicia con respecto a pueblos afectados por los proyectos energéticos, sobre todo los desarrollos con alto impacto en la vida productiva, social y cultural. La transición energética justa implica compartir la riqueza generada, reparar daños y cesar toda forma de engaño, hostigamiento y violencia, modus operandi de empresas poco respetuosas de pueblos y comunidades.

Vale la pena traer a colación dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El primero se refiere a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo los proyectos energéticos y, el segundo, a erradicar la vulnerabilidad, pobreza y marginación energética, mediante la promoción de proyectos comunitarios de generación de energía renovable y su aprovechamiento local. Son dos objetivos prácticamente sin avances. Por un lado, se mantienen las disposiciones legales sobre el uso de suelo tal y como fueron aprobadas durante la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, las cuales ponen en franca desventaja a las comunidades frente a los promotores. Por otro lado, no existe un programa gubernamental de aprovechamiento comunitario de energías renovables, ni siquiera se ha hecho un balance de la forma deleznable que logró instalar más de 3 mil MW eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

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La transición exige un cambio simultáneo en los ámbitos económico, social, ambiental e institucional, a lograr mediante el aprovechamiento del progreso técnico, las nuevas formas de organización social, la responsabilidad corporativa y la cooperación internacional. Habrá que elevar tanto como sea necesario el consumo de energía per cápita y la intensidad energética con la finalidad de eliminar rezagos sociales y de infraestructura.

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Que el Estado esté a cargo de la transición no significa que él hará todo lo que haga falta. Por definición la transición es una tarea colectiva. Para salvar al planeta no cuenta edad, sexo, religión, raza, profesión, riqueza o deporte favorito. Juntos, codo a codo, debe estar gobierno y oposición, sector público y privado, empresarios y trabajadores, ciudades y pueblos, ricos y pobres, conservadores y liberales, medios de comunicación y redes sociales. El Estado fijará la hoja de ruta, combinará planeación normativa e indicativa, instrumentará políticas que guíen, promuevan e incentiven, al mismo tiempo que monitorea, evalúa y corrige. Indudablemente habrá arbitrajes y afectación de intereses particulares siempre atendiendo el bien supremo de la nación. Es correcto plasmar en la Constitución la responsabilidad y las facultades del Estado en materia de transición energética, sin embargo, la legitimidad de su intervención solo se conseguirá en el día a día.