En la iniciativa de ley sobre electricidad se pueden identificar violaciones potenciales a seis capítulos del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
Jorge Molina Larrondo
Profesor de cátedra de Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey
A partir de que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador enviara al Congreso, el pasado 30 de septiembre su propuesta de ley con la que el Estado mexicano asumiría el control del 54% del suministro de energía – dejando a la Iniciativa Privada un máximo del 46% – la tensión entre el gobierno de México y el de Estados Unidos ha ido en aumento.
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— Edna Odette González (@EdnaOdette) March 8, 2022
La preocupación del gobierno del presidente (Joe) Biden se deriva de las violaciones potenciales que la propuesta representa para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero sobre todo por las afectaciones a las operaciones de las empresas de capital estadounidense presentes en territorio mexicano y para el funcionamiento de la economía en general, que es, junto con China y Canadá, una de las tres principales proveedoras del mercado estadounidense.
Reforma es inaceptable para EU
El papel de México como proveedor clave y estratégico de miles de empresas de EU se ha vuelto aún más importante, luego de los problemas que ha experimentado el mercado chino a partir del segundo semestre del 2021. Los cortes en el suministro de electricidad en ese país han afectado de manera significativa la producción, con consecuencias para miles de cadenas de suministros en el mundo.
La reforma propuesta por López Obrador es inaceptable para el gobierno de Biden, precisamente cuando Estados Unidos trabaja para fortalecer su aparato productivo y crecer su competitividad ante China. Hoy en día, un grupo de legisladores de ese país trabaja en la elaboración de la versión final de una nueva ley que fomentará la producción de semiconductores, fortalecerá las cadenas de producción y aumentará la inversión en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, una vez que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron sus respectivas versiones.
Para México, la aprobación de la propuesta del Gobierno federal en su versión actual implicaría violar varios capítulos del T-MEC, así como otros del Tratado de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), del Acuerdo de Cambio Climático de París del 2015 y diversas cláusulas de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs) firmados con 31 países. En todos los casos, México sería sujeto de represalias comerciales por parte de los países miembros de los acuerdos citados y estaría obligado a resarcir a las empresas afectadas.
Violaciones potenciales
Se pueden identificar violaciones potenciales a seis capítulos del T-MEC, cada una capaz de generar sanciones para nuestro país. Estas serían:
1.- Capítulo 14: inversiones. El problema más apremiante es la violación a la protección a las inversiones de Estados Unidos y Canadá que otorga el tratado al cancelar los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los inversionistas privados. Los países no pueden modificar sus leyes para atentar en contra de las inversiones extranjeras o expropiarlas sin motivo, que justifique el propio tratado.
2.- Capítulo 11: obstáculos técnicos al comercio. Este capítulo impide a los países generar medidas que se conviertan en obstáculos innecesarios o encubiertos al comercio. Las restricciones sobre el funcionamiento del mercado (54% para la CFE y 46% para el sector) pueden generar problemas en el suministro de energía que afecte la producción de productos exportables e impida a una empresa contar con su propia fuente de energía.
3.- Capítulo 21: política de competencia. La reforma crearía un monopsonio y le daría a la CFE poder discriminatorio en la adquisición de electricidad generada por los inversionistas privados, mientras que se crearía un monopolio para la venta y distribución de la electricidad. Además, la iniciativa propone eliminar la Comisión Reguladora de Energía, órgano responsable del sector, que afecta a este y otros capítulos.
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4.- Capítulo 22: empresas propiedad del Estado. Este capítulo se incluyó – al igual que en el CPTPP – para regular las actividades de las empresas que controla o que son propiedad del Estado, un modo de evitar la discriminación y los efectos que ésta puede tener para el comercio y la inversión de empresas extranjeras. Hacer de la CFE un monopolio discriminaría a las empresas privadas.
5.- Capítulo 24: medio ambiente. El ámbito y detalle de este capítulo es un avance muy importante en comparación con el acuerdo sobre medio ambiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. La cancelación de los certificados de energía limpia discrimina a los inversionistas privados y a las fuentes renovables; el combustóleo que usan las plantas de la CFE va en contra del compromiso de promover el uso de fuentes de energía limpias y se opone a los acuerdos alcanzados en el Acuerdo de Cambio Climático de París y en la COP26 de Glasgow.
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6.- Capítulo 28: buenas prácticas regulatorias. Uno de los objetivos del T-MEC es “reconocer que la implementación de prácticas en todo el gobierno para promover la calidad regulatoria a través de mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico.” Para lograrlo, es necesario contar con órganos reguladores autónomos, independientes y transparentes. La propuesta de López Obrador haría que la CFE se autoregule al desaparecer la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y elimina cualquier contrapeso a sus actividades.
Preocupación latente
La preocupación de Estados Unidos se ha reflejado en las visitas públicas de altos funcionarios a nuestro país, en las cartas emitidas por legisladores, en las respuestas de los miembros del gabinete de Biden a estas cartas y más recientemente, en algunas audiencias del congreso estadounidense.
Luego de la publicación de la propuesta de reforma, John Kerry se entrevistó con López Obrador en Palenque el 18 de octubre. Kerry es el enviado especial del presidente Biden para Asuntos Climáticos. No es miembro del gabinete, pero pertenece al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, el grupo más importante que asesora a Biden sobre temas de seguridad, entre los que se encuentran los relacionados con energía y Cambio Climático, y que agrupa a una veintena de funcionarios claves, como secretarios de Estado, responsables de la inteligencia, la vicepresidenta y los principales consejeros del presidente.
Posteriormente, el 3 de noviembre, un grupo de 40 representantes publicaron una carta que fue respondida por las Secretarías de Energía y Comercio, Jennifer Granholm y Gina Raimondo, y por la representante comercial, Katherine Tai. A esta carta siguieron otras en enero, firmadas por los senadores Ron Wyden y Mike Crapo, líderes del Comité de Finanzas – responsable del T-MEC y de los temas comerciales en el Senado – y por el representante Kevin Brady, líder de los republicanos en el Comité de Medios y Procedimientos, contraparte del Comité de Finanzas en la Cámara de Representantes.
Crean grupo de trabajo
Por su parte, la secretaria Granholm visitó México el 20 y 21 de enero y Kerry regresó el 9 de febrero. Ambos declararon su preocupación en comunicados de prensa. Además, el tema ya empezó a debatirse en el Congreso de Estados Unidos en la audiencia que tuvo el 3 de febrero el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en el que los senadores republicanos le externaron su preocupación por las consecuencias de la Reforma Energética.
Luego de la segunda visita de Kerry, se acordó crear el “Grupo de Trabajo México-Estados Unidos sobre Clima y Energía Limpia” para buscar alguna alternativa a la propuesta de López Obrador. Estados Unidos quiere tener algún resultado preliminar para principios de abril. La pregunta sigue siendo si el gobierno mexicano ha entendido el mensaje desde Washington, porque es imposible pagar el costo político de no hacerlo.
