De aprobarse la iniciativa en materia de electricidad no se expropiarán bienes, pero será equivalente a una segunda nacionalización
Desde la izquierda
Víctor Rodríguez Padilla
Especialista en el sector energético
¿Se necesita una Reforma Eléctrica? Sí, el modelo actual es disfuncional, marcha bien para algunos y mal para otros. El reparto de los beneficios económicos del proceso eléctrico es muy disparejo y esa balanza desequilibrada afecta la dimensión técnica del suministro. Si no se logra un mejor equilibrio, el circuito de los electrones dejará de funcionar correctamente, los disturbios serán cada vez más frecuentes y el suministro perderá confiabilidad, continuidad y calidad.
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¿Quiénes han sido los ganadores? Las empresas eléctricas privadas, los grandes consumidores que adquieren electricidad implícitamente subsidiada, así como los hogares que no pagan la tarifa de alto consumo. ¿Quiénes han sido los perdedores? Dos millones de mexicanos que no tienen acceso al servicio público, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las finanzas públicas y los contribuyentes.
¿La propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resuelve el problema? Si y no. La iniciativa está dirigida a resolver el problema más importante que observa el presidente de la República: el escaso control por parte del Estado. Estima que resolviendo ese asunto se solucionaría la mayor parte de la problemática (principio de Pareto). Se espera que los demás problemas sean atenidos en la legislación secundaria. Poco se sabe de esta última y esa obscuridad genera incertidumbre.
Estado debe detentar el control de la cadena de suministro
El mandatario está convencido de que el Estado debe tomar las decisiones fundamentales en materia de electricidad, controlar operativamente la cadena de suministro y dejar que la CFE determine las tarifas de sus servicios. Es una cuestión de soberanía y seguridad nacional. Ese propósito gana fuerza en la perspectiva de un crecimiento de la electricidad en el balance energético, impulsado por el progreso técnico, el crecimiento económico, el mejoramiento de las condiciones de vida y las preocupaciones ambientales.
Durante tres años la 4T trató de controlar el proceso eléctrico utilizando las facultades que el marco jurídico vigente le asigna al poder Ejecutivo, pero fracasó. El modelo de mercado está super amarrado jurídicamente. De ahí que no le quedó otra opción que utilizar la espada para desatar el nudo gordiano. Solo una reforma constitucional es capaz darle el control que desea. Y en ese plano va por todo, asignándole al Estado la exclusividad en el proceso eléctrico, la transición energética y los materiales estratégicos asociados a esas dinámicas. De aprobarse la iniciativa no se expropiarán bienes, pero será equivalente a una segunda nacionalización.
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Sin embargo, sería una nacionalización acotada debido a la imposibilidad de obviar el avance de la industria eléctrica privada y sus conexiones con los países nucleares del sistema capitalista, que miran con mala cara el derrotero que están tomando los acontecimientos y presionan para que se preserve el statu quo que tanto beneficia a sus empresas. Los intereses creados son colosales y se resisten al propósito nacionalista.
AMLO calcula que si a las compañías se les garantiza una parte del mercado (46%) en la máxima ley del país se logrará dirimir el conflicto. Espera animado que éstas acepten la salida que les propone y no recurran a tribunales internacionales. Es una apuesta peligrosa. No es una lucha entre iguales. Las asimetrías entre México y sus principales socios comerciales son inmensas.
Más allá de la dimensión ideológica -Estado vs mercado-, la iniciativa acierta al elevar y colocar al suministro de electricidad por encima de las demás actividades productivas. Esa corrección es urgente y necesaria.
Marco legal e instituciones
En el marco jurídico actual un juez federal está habilitado para suspender de manera temporal o definitiva las resoluciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya misión es equilibrar de manera imparcial oferta y demanda, garantizando segundo a segundo la continuidad, confiabilidad y calidad de la electricidad que circula en la red de transmisión, la columna vertebral del sistema.
Ese mismo juzgador puede suspender las medidas que tome el Gobierno federal, concretamente la Secretaría de Energía, para el buen funcionamiento y uso de esa máquina colosal de la que depende toda la economía del país.
Durante 2020 y 2021 vimos como un juez segundo de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin tener la menor idea de cómo funcionan los sistemas eléctricos de potencia, ni conocimientos del estado que guarda el SEN ha emitido sentencias sin importarle generar disturbios en la red y poner en peligro el abastecimiento de electricidad en el país.
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Aunque la normatividad vigente establece que las instrucciones emitidas por el Cenace son obligatorias para todos los integrantes de la industria eléctrica, las empresas pueden recurrir a los tribunales para que se les garantice la continuidad de sus derechos particulares. Hemos llegado al absurdo de que los electrones deben adaptarse a las exigencias de la rentabilidad económica y las leyes de la física a los intereses de unos cuantos. Es aberrante.
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Es urgente dar prioridad a lo realmente prioritario. Sin electricidad tenemos un boleto pagado al feudalismo. La segunda nacionalización de la electricidad no significa propiedad pública de los bienes de producción, sino simplemente que el interés colectivo prive sobre el interés privado.
