Una mejor distribución de los costos hundidos es necesaria. Cargárselos a CFE, finanzas públicas y a contribuyentes no es una solución equitativa. Eso ahora está puesto a debate
Desde la izquierda
Víctor Rodríguez-Padilla
Especialista en el sector energético
Más allá del revuelo y las pasiones, los prejuicios y el encono, el debate eléctrico brinda la oportunidad de traer a la luz pública los problemas que será necesario resolver, para que no falte electricidad y la transición energética no se detenga. Algunas dificultades ya eran del dominio público, otras solo eran conocidas por los especialistas.
Lo primero que quiero destacar son los costos hundidos de la apertura eléctrica. Se trata de los costos varados o irrecuperables generados tras la cancelación del monopolio público. Son costos que se le cargaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con la añeja práctica de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
La construcción de una industria eléctrica privada -objetivo central de la política energética de cuatro expresidentes- requería el achicamiento de la CFE para acomodar a los recién llegados. En generación, el programa obligatorio de cierre de centrales dejó fuera del sistema plantas viejas y poco eficientes, pero también instalaciones en buen estado que aún no se terminaban de pagar o que ya estaban amortizadas y generaban a bajo costo. En comercialización, la perdida de sus mejores clientes privó a la CFE de los ingresos con los que se pagaba la infraestructura puesta al servicio de los grandes consumidores.
#Electricidad| La aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por parte de la CFE comenzó desde 2020, a pesar de que hoy se encuentra suspendidahttps://t.co/hCSgYzMdks
— Energía Hoy (@energiahoy) April 5, 2021
Reforma Energética a debate
Los contratos con los productores independientes también son parte de los costos hundidos. Esa figura se aceptó durante la negociación del TLCAN en los 90. Los primeros acuerdos se pactaron hacia el final de esa década. Con una duración de 25 años, tales instrumentos suponían que CFE, gracias a su posición monopólica, siempre tendría ingresos para honrar esos acuerdos, premisa que ya no se cumple. La Reforma Energética eliminó el modelo de comprador único.
La mayoría de esos contratos son ahora un pesado lastre para la comisión, por los términos pactados (inflación y tipo de cambio) y la obligación de pago sin importar que las centrales sean o no despachadas. CFE estima daños por más de 412 mil millones de pesos. La proyección no es clara, pero el dato duro es que no se están generando suficientes ingresos para amortizar esos proyectos, que en principio, eran autofinanciables y por lo tanto legalmente prioritarios para efecto del gasto público (Pidiregas).
Con las compañías gaseras también entran en la categoría de costos irrecuperables, por lo menos una parte. Durante la pasada administración el gobierno compró capacidad de transporte que CFE no necesitaba, pero está operación venía muy bien a las gaseras canadienses, estadounidenses y mexicanas, que ya con los contratos amarrados pidieron prestado para construir gasoductos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de una compra sin ton ni son, porque no se había identificado las centrales eléctricas que consumirían el gas. En otras palabras, se contrató el servicio de transporte sin tener la mercancía ni saber dónde se aprovecharía. Ahora CFE tiene que pagar con daño patrimonial si no usa esos ductos. Una mejor distribución de los costos hundidos es necesaria. Cargárselos a la CFE, a las finanzas públicas y a los contribuyentes no es una solución equitativa.
Red no está preparada
El segundo asunto que quiero traer a la mesa de debate es la red eléctrica, la cual no fue diseñada para soportar un mercado eléctrico, ni adaptada y fortalecida para recibir un gran volumen de generación variable e intermitente. La Reforma Energética no hizo la tarea: le dio un gran impulso a las energías alternativas pero no preparó la red para asimilar ese tipo de generación. Ahora sabemos que la generación proveniente de parques eólicos y granjas solares complica la operación, debido a la elevada variabilidad, baja disponibilidad y falta de inercia eléctrica. Es un problema que enfrentan muchos países, sino es que todos.
En México la gestión de la red se complica por la desatención de la que fue objeto durante décadas. Sin embargo, esa pesada herencia no debe ser pretexto para frenar la energía eólica y solar. La transición energética requiere el aprovechamiento masivo de fuentes renovables de energía no solo para remplazar a los combustibles fósiles en la generación de electricidad, sino también en la industria, el transporte, el comercio, los servicios y hogares. La neutralidad de carbono pasa por una mayor intensidad eléctrica de la economía. Resulta fundamental adecuar la red eléctrica para recibir cada vez más generación variable e intermitente. Urge una red suficiente, confiable, robusta y resiliente.
Prevenir el colapso climático
Es un problema técnico que se resuelve con inversión porque la tecnología existe y está disponible en el mercado. La cuestión se traslada entonces a los mecanismos para detonar la inversión y la distribución equitativa de costos entre los participantes. Las fuentes renovables de energía no solo son necesarias para prevenir el colapso climático, son indispensables para reducir la dependencia del gas natural estadounidense, combustible barato sujeto a riesgos naturales y geopolíticos, comerciales y de mercado. La crisis de Texas fue un segundo aviso de la necesidad de aprovechar la energía local y evitar la dependencia externa.
El tercer problema que quiero destacar o traer al debate: es el reconocimiento de los costos que aparecen a lo largo de la cadena de valor; y su pago puntual y completo a los proveedores de servicios, siendo CFE el mayor de todos. Sin recuperación de costos y una rentabilidad razonable el sistema simplemente no funciona. Lo veremos en la próxima entrega.
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