El gobierno requiere de sensibilidad política, estrategia y diplomacia para fortalecer las relaciones con el sector
Andrea Servín
Coordinadora de Autoabasto Eléctrico de Grupo México.
La controversia en el sector energético continua. Nuevamente se habla de una regresión histórica; debido a la propuesta de adherir las funciones de los órganos autónomos a las secretarías de Estado por, supuestamente, ser solo una carga para el erario.
El antecedente de hacer desaparecer estas instituciones surge en junio del año pasado, aunque se le dio marcha atrás, dada la inconformidad generalizada. En semanas recientes se ha retomado la idea con una estrategia demagógica que plantea reubicar los recursos destinados a dichas instituciones, lo que permite al gobierno actual continuar con su política de austeridad. De acuerdo con cifras oficiales se ahorrarían alrededor de 120 mil mdp anuales.
En definitiva, el tema no solo afecta a la industria energética, es un claro atentado a la rendición de cuentas en la que se fundamenta nuestra democracia. Estos organismos autónomos se dividen en dos categorías. Los que nacen por disposiciones constitucionales, como: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Otros emanan de leyes secundarias, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Garantizar la transparencia
Dichas entidades han costado a los mexicanos, a nivel gobierno y sociedad, años de esfuerzo por establecer un orden legal que garantice la transparencia y son un ejercicio necesario para revisar el desempeño de cualquier administración.
La importancia de los organismos autónomos radica en su naturaleza; son esenciales para lograr certeza jurídica, igualdad de circunstancias y proyección operativa de largo plazo, al tiempo que priorizan la protección y el beneficio al usuario final. La insistencia por desmantelar estos órganos, posiblemente se deba a su independencia del Estado, lo que limita las disposiciones gubernamentales y esto no resulta conveniente para todos los ejecutantes del plano político.
Eliminar los organismos autónomos resultaría una tarea titánica dadas las condiciones actuales de las secretarías de Estado: trabajando con poco personal, escasos recursos y poder acotado por el Ejecutivo. Aunado a esto, se requerirían modificaciones constitucionales, luego de la aprobación del poder Legislativo, así como de por lo menos 17 congresos locales. Una de las principales preocupaciones es plantear esta alternativa en un año electoral, en pandemia y con una innegable contracción económica, pues el ataque podría afectar a todos los sectores cuando el objetivo central bien pudiera ser el Instituto Nacional Electoral (INE).
Cabe destacar que algunas de estas comisiones ya han cedido ante las exigencias de la actual administración federal. Por ejemplo, durante el último año, la CRE ya no se ve como la entidad independiente que era y está perdiendo la intención de su creación, por lo que no es extraño que el sector energético se tambalee, cuando se pierde el pilar más fuerte que tenía.
Madurez en el MEM
Se requiere entender la aportación de cada personaje en el mercado para tomar decisiones asertivas, planeadas y justificadas. Alcanzar la madurez del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) implica impulsar el uso de las energías renovables, brindar procesos claros para todos los participantes, así como fortalecer las operaciones destinadas al autoabastecimiento, la generación distribuida, los productores independientes de energía y los pequeños productores dado que los sectores industrial, comercial y residencial se verían beneficiados.
Construir un mejor futuro para todos los mexicanos conlleva el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex, pero esto no significa eliminar a su competencia, sino analizar a sus pares y sumar a un modelo de negocio actualizado.
El gobierno mexicano requiere urgentemente de sensibilidad política y estrategia diplomática para fortalecer las relaciones con el sector dentro y fuera del país. El sector energético adolece ante un panorama paralizado por la suspensión de plazos de la CRE y lleno de incertidumbre debido a la publicación de la iniciativa que reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que ha desembocado en una caída de México en el listado BloombergNEF, encargado de analizar las naciones más atractivas para invertir en proyectos de energías renovables.
Existen factores de presión positivos para México, como el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y la preocupación de los representantes de la industria por mantener un frente unido ante la adversidad.
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