Las esperadas leyes secundarias para la implementación de la reforma constitucional en materia energética llegaron y conllevan una serie de cambios importantes. Entre ellos, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y la apertura a nuevos mecanismos de inversión privada
El pasado 29 de enero de 2025, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República ocho iniciativas de leyes secundarias para la implementación de la reforma constitucional en materia energética aprobada en octubre de 2024. Estas nuevas normativas buscan redefinir el mercado eléctrico, de ese modo destacan la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Planeación y Transición Energética.
Además de las leyes del Sector de Hidrocarburos, de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, de la Comisión Nacional de Energía, de Biocombustible y de Geotermia.
Estas disposiciones establecen que “ningún privado podrá prevalecer sobre la CFE” y que “las empresas públicas del Estado no tendrán ánimo de lucro”.
Prevalencia y lucro, en qué consisten
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los puntos clave es la definición de “prevalencia” y “lucro” en este nuevo esquema. La prevalencia se traduce en una participación mínima del 54% de la CFE en la generación eléctrica inyectada a la red, incluyendo la energía de productores privados con contratos de largo plazo. Mientras tanto, el lucro se define como el “excedente económico después de cubrir costos operativos, y garantizar recursos para inversión, modernización, expansión y justicia energética”.
Las nuevas leyes también abren la puerta a mecanismos para la inversión privada en generación eléctrica, aunque la falta de claridad en su redacción genera incertidumbre sobre cómo se aplicarán. En este sentido, IMCO indicó que “se puede prever que la participación del sector privado recobre cierto dinamismo y se aseguren derechos adquiridos”.
Asimismo, la CFE tendrá que generar utilidades contables para garantizar su operación y el funcionamiento del sistema eléctrico. Esto incentiva la eficiencia dentro de la empresa estatal, manteniendo un despacho eléctrico basado en minimizar costos.
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