Escrito por: 360°, Nacional

Gobierno de AMLO inicia batalla contra outsourcing

De acuerdo con el Gobierno federal, el outsourcing atenta contra derechos de los trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley contra el outsourcing, la cual será enviada a la Cámara de Diputados para buscar su aprobación con el fin de detener abusos contra los trabajadores que laboran bajo este esquema.

En conferencia de prensa matutina y en presencia de los encargados de elaborar la iniciativa, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, el mandatario aseguró que si bien el outsourcing facilita los trámites a las empresas en materia laboral, hubo un abuso por parte de las compañías.

Asimismo, Alcalde destacó, que de acuerdo con estimaciones proyectadas a 2020, existen alrededor de 4 millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación, pero debido a que no hay registros claros, la cifra puede ser mayor.

“Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200 mil trabajadores. La mitad del personal subcontratado labora en empresas de más de 250 trabajadores y se encuentran en industrias como manufactura, turismo y otros servicios”.

¿En qué consiste la iniciativa?

De acuerdo con López Obrador, la reforma regulará tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas y las agencias de colocación.

En primer lugar se buscará prohibir la subcontratación de personal. En cuanto servicios y obras especializadas la iniciativa buscará la regulación y se creará un padrón para que las empresas que busquen estos servicios sepan quiénes cumplen con las normativas.

Por su parte, las agencias de colocación fungirán solo como intermediarios y no patrones; podrán intervenir en los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento y contratación así como en su capacitación.

Empresas de outsourcing, en la mira

Una de las empresas de outsourcing más señaladas es GINgroup, pues de acuerdo con cifras oficiales, la organización a cargo de Raúl Beyruti tiene más de 160 mil colaboradores y más de 2 mil clientes.

Al respecto, el senador por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia aseguró en entrevista para La Jornada que Beyruti está entre los principales líderes del outsourcing en el país y lo señaló como uno de los  empresarios que presionó y pagó campañas de difamación en medios para que no se aprobaran en el Senado las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social, enfocadas a la regulación del outsourcing.

Además, el también líder sindical minero aseguró que la evasión fiscal por parte de las compañías de este tipo es de casi 500 mil millones de pesos (mdp). “Que deje atrás la simulación, pague los impuestos que le corresponden al fisco y otorgue salarios y prestaciones dignos”, dijo a Beyruti.

En febrero de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto señaló que trabajaban en 51 denuncias relacionadas con el outsourcing. En ese entonces, detalló a los medios que de las denuncias, 30 eran de empresas fachada, 16 por facturación falsa y cinco outsourcing ilegal.

Sin embargo, el nombre de GINgroup salió a relucir. Ante ello, la empresa aseguró en ese momento a través de un comunicado que no tenía obligaciones pendientes con el fisco ni con el IMSS; y destacó el respaldo que tiene por parte de sindicatos, empresas y legisladores para la promoción de una reforma que no limite la tercerización de personal.

Colaboradores pierden con outsourcing

La titular de la STPS aseguró que el outsourcing era un “monstruo de mil cabezas”, pues además de que es utilizado por las empresas para no responsabilizarse de la seguridad social de los trabajadores, muchas veces es un recurso para la evasión de impuestos.

Bajo un esquema de outsourcing, los trabajadores tienen afectaciones en sus pensiones; jubilaciones; fondos de vivienda; liquidaciones; indemnizaciones; despidos; licencias de maternidad; accidentes; incapacidades; reparto de utilidades y antigüedad.

Además, no permite la organización libre de los trabajadores o alguna negociación colectiva, lo cual se traduce a la imposibilidad para negociar mejores salarios.

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