Escrito por: Opinión, Víctor Rodríguez-Padilla

Controversia constitucional ¿Luz en el debate eléctrico?

Edición 179 digital mensual / julio 2020
Víctor Rodríguez Padilla

La 4T ya no puede seguir dándole

la vuelta a la reforma de la reforma.

La controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) contra las medidas adoptadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Secretaría de Energía (SENER) para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del suministro de electricidad, llaman a una necesaria y equilibrada reflexión sobre la política energética y su contribución al desarrollo del país.

  • El neoliberalismo creó instituciones de mercado para cuidar los intereses del capital. Tales instituciones fueron creadas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial. Me refiero a los entes reguladores económicos y los juzgados federales especializados en competencia económica. No extraña entonces que ambas instancias se hayan puesto del lado de las empresas eléctricas privadas en la batalla contra las acciones del gobierno federal en materia de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los guardianes del mercado consideraron que tales acciones eran contrarias a la competencia y a los derechos de los inversionistas. Para el juez y el regulador de la competencia el interés general se cumple cuando se satisface el interés de los dueños del dinero por eso ellos van primero.
  • Bajo la premisa neoliberal de que el mercado y la competencia garantizan el máximo bienestar colectivo, los tribunales administrativos especializados han concedido amparos a las empresas eléctricas afectadas. En esa misma lógica la COFECE ha tomado en sus manos la defensa de los mercados creados por la reforma energética. La judicialización del proceso eléctrico se da en el marco de la batalla que libra la 4T contra los intereses económicos y las fuerzas conservadoras, donde los medios de comunicación a su servicio han creado un clima de linchamiento contra la administración y del propio Presidente de la República.
  • La COFECE forma parte del Poder Ejecutivo Federal pero su mandato de ley, así como su relativa autonomía le permite enfrentarse a otras instancias de la administración y producir una fractura en el gobierno federal. La Presidencia y la Secretaría de Energía se las arreglaron para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) se alinearan a la política energética de la 4T, pero se tardaron o no pudieron hacerlo con la COFECE que ahora se vuelve contra de la presidencia. La decisión de AMLO de no limpiar la casa y gobernar con economistas y funcionarios públicos imbuidos de neoliberalismo se vuelve contra él (sin contar el resentimiento de los altos mandos de la burocracia gubernamental por el maltrato salarial y presupuestal).
  • Si prospera la controversia constitucional la sociedad podría tener la oportunidad de clarificar la facultad y la responsabilidad del Estado para hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular con apego al marco jurídico vigente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la única habilitada para interpretar la Constitución y las leyes secundarias de la reforma energética. Es la única que nos puede decir si los acuerdos del Cenace y de la Secretaría de Energía se apegan a la ley. El alcance de la controversia dependerá de la Litis retenida. Lo que está en duda es la objetividad de la SCJN porque los gobiernos neoliberales decidieron el nombramiento de los ministros.
  • Si la Corte falla contra el CENACE y la Secretaría de Energía, quedará claro que se necesita cambiar la legislación para impulsar la política energética de la 4T, reforma que AMLO ha rechazado, “para no crear agitación”. La estrategia de rescate y fortalecimiento de CFE se ha llevado a cabo aprovechando los espacios de actuación que la reforma energética peñista le concedió al Estado, pero esa vía es limitada y constreñida. Se requieren leyes específicas. La dificultad reside en conseguir los votos para cambiar la máxima ley del país porque el modelo de mercado quedó amarrado en los artículos transitorios de la reforma constitucional de diciembre de 2013. Los cambios en la legislación secundaria con tinte estatista no podrán ir más allá de lo que establece la Constitución.
  • La idea de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que conserve su posición dominante en la industria eléctrica es contraria a la idea de multiplicar el número de participantes para crear competencia. Ambas estrategias comparten el objetivo de maximizar el bienestar colectivo. Ni en la teoría ni en la práctica se ha demostrado que una es mejor que otra, ambas tienen ventajas y desventajas. El hecho es que cada una necesita un marco jurídico, regulatorio e institucional específico para desarrollar su máximo potencial. El marco actual está diseñado para un modelo de mercado competitivo. Si se desea mayor participación del Estado a través de una empresa pública dominante muy fortalecida se necesita cambiar dicho marco, hay que ajustar la ley, la regulación y las instituciones. Poner en marcha una política energética estatista con un marco neoliberal no tiene lógica y por más voluntarismo que se tenga sólo se conseguirá resultados limitados. La 4T ya no puede seguir dándole la vuelta a la reforma de la reforma.
  • Podemos debatir sobre la manera de organizar y regular las actividades de la industria eléctrica, sobre las facultades de la Sener y del CENACE para restringir el uso de la red eléctrica, al igual que sobre las tarifas de porteo, respaldo, servicios auxiliares y las que pagan los consumidores finales. Podemos discutir sobre los derechos legales y contractuales de las empresas eléctricas privadas, al igual que sobre el equilibrio entre inversión pública y privada, pero también sobre la canasta de fuentes de energía para generar electricidad, y la celeridad de la transición energética para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global. Lo que no podemos es dejar que se nos caiga el sistema eléctrico por decisiones erróneas en lo jurídico, lo económico y lo político. Podemos debatir sobre leyes, regulaciones, normas y contratos, pero sin afectar la continuidad, la suficiencia, la calidad y la seguridad del suministro de energía eléctrica.
  • En ese sentido es irracional que un juez ponga en riesgo el suministro de electricidad para que algunos inversionistas no pierda la oportunidad de ganar dinero. Es inadmisible que el interés de un puñado de inversionistas esté por arriba del interés general, del interés de los ciudadanos, del interés del país entero. Los contratos y convenios con generadores privados no deben ser priorizados si su cumplimiento revienta el sistema eléctrico nacional y producen apagones, porque entonces todos saldríamos perdiendo incluyendo a los mismos generadores que exigieron usar a la red eléctrica porque “era su derecho”.
  • Lo primordial, lo fundamental, lo esencial, lo básico, es que no falte electricidad en el país. Y la condición sine qua non para que haya luz es que funcionen los sistemas técnicos que hacen posible la generación y la llegada del fluido eléctrico a hospitales, casas, comercios, industrias, servicios públicos y a todos los demás usuarios. La Secretaría de Energía tiene razón cuando afirma que “la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) están por encima de cualquier interés económico público o privado y [que el Sistema Eléctrico Nacional] se considera estratégico”. Sin embargo, también es cierto que la confiabilidad del SEN no debe ser pretexto para impedir, inhibir u obstaculizar la generación de electricidad distinta a la de CFE, porque la Constitución les brinda a todos los ciudadanos la oportunidad de generar electricidad.
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