Escrito por: Contenido Exclusivo, Gobierno

COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Reducción de la Pobreza, Trabajo y Crecimiento Económico. (II de IV)


Mariana Di-Bella Díaz de León y Pablo López Sarabia 

Miembros del Programa de Iniciación a la Investigación, PIICETEC. Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. E-mail: cina_so@hotmail.com y plsarabia@tec.mx

La crisis ocasionada por la pandemia ha afectado, en diferente medida, a todos los países del mundo. Si bien este problema es principalmente perjudicial para la salud, sus consecuencias son transversales, afectando a diversos ámbitos e impactando directamente en la economía, provocando un aumento significativo en los niveles de pobreza. En México, el CONEVAL advierte que cerca de 10 millones de personas podrían caer en pobreza extrema como consecuencia del nuevo coronavirus. 

A principios de abril, OXFAM informó que, de no tomarse medidas urgentes, alrededor de 500 millones de personas en el mundo caerían en la pobreza, viéndose principalmente afectados los países en desarrollo. Esta cifra equivale a entre 6% y 8% de la población mundial, aumento que derivaría en más de la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza tras la pandemia. Esta predicción no suena descabellada, si se toma en cuenta la parálisis que se está viviendo en las actividades económicas alrededor del mundo. La movilización gubernamental para disminuir el número de contagios ha incluido diversas variantes de confinamiento, lo cual ha ocasionado la pausa o ralentización de distintos sectores económicos. Como consecuencia, los niveles de desempleo han aumentado, afectando directamente la estabilidad económica de millones de familias.

En México, según datos de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346, 878 empleos, superando el número de empleos que se crearon durante 2019. No obstante, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana ha presentado un reporte en el que se estima que entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo, fueron ‘descansadas’ o no pudieron salir a buscar trabajo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, uno de cada tres hogares encuestados observó una reducción de 50% o más en su ingreso entre febrero y marzo de 2020. Por lo tanto, no hay que olvidar que, si bien el desempleo ha sido la más grave consecuencia de la parálisis de actividades económicas, no es la única forma de afectación económica que están viviendo las familias mexicanas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) liberó un análisis de la política social en el contexto de la pandemia por el COVID-19 en México. Los principales resultados son: i) 

la pandemia afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y podría revertir los avances en materia de desarrollo social; ii) la crisis sanitaria puede agudizarse por factores como la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda; iii) el Consejo estimó que la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020; y iv) la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la población en pobreza por ingreso y la crisis puede cambiar la configuración de los ingresos de la población.

Las consecuencias del COVID-19 también son visibles en el plano macroeconómico. Los esfuerzos gubernamentales por reducir el contagio del virus han provocado una reducción significativa en la producción de bienes, y la reducción en el ingreso de los consumidores ha llevado a una disminución en la demanda agregada. Esto, así como la reciente caída del precio del petróleo y de las remesas a nivel mundial, se ve reflejado en la contracción del PIB en varios países. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, para México se prevé una contracción del 6.6% en el PIB tras la pandemia, aunque se espera que, a través de medidas adecuadas y la reactivación económica de Estados Unidos, el crecimiento económico para el 2021 sea del 3%. 

Con el fin de reactivar la economía en México, el pasado 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cuál se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Este mismo funcionará por medio de un sistema de semáforo regional, con el fin de implementar una reactivación paulatina. Dentro de, se estipula que actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales. En este aspecto, los mexicanos empleados en estos sectores, mismos que son fundamentales para la economía del país, podrán volver a desempeñar sus actividades laborales. Al mismo tiempo, estos sectores industriales, así como otros sectores económicos que se vuelvan a funcionar, fungirán como base para la reactivación económica del país.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, todo lo anteriormente mencionado forma parte del Objetivo número 1 y 8. El ODS 1 tiene como meta poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; mientras que el ODS 8, busca promover el desarrollo y el crecimiento económico. La colaboración necesaria para cumplir con estos objetivos requiere de políticas sostenibles y eficientes para solucionar la parálisis económica resultante de la crisis sanitaria, así como incentivos que promuevan la inversión y el empleo, para así recuperar los empleos perdidos lo antes posible.

 

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