Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 16 empresas, a las cuales ya se les bloquearon cuentas por estar relacionados con el robo de hidrocarburos robados. Hasta ahora suman 435 personas detenidas por este delito.
En conferencia de medios, precisó que se tienen cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, personas morales vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas.
Finalmente, 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales.
En uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria.
En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), informó que se ha desarrollado una investigación de ocho mil 482 sujetos, cuyos reportes inusuales y relevantes activaron el indicador de robo se combustible. Se logró la identificación, primero, de 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en este momento se están investigando, solicitándose al Servicio de Administración Tributaria el apoyo para la identificación de los mismos.
También se identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el robo de combustible, en razón de una irregularidad que es no comprar combustible a Pemex desde los años 2016 y 2017.
Tenemos, además, una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto implica que se vendieron más litros que los adquiridos o importados por parte de las estaciones de servicio, obteniendo porcentajes de utilidad que oscilan entre los seis y los 11 puntos porcentuales.
“Casos concretos donde el número de litros alcanza los 113 millones, los 30 millones, los 237 millones, 28 millones, entre otras cantidades en cada una de estas nueve empresas”.
Se ha desarrollado el proceso de incorporación a la lista de personas bloqueadas, para efecto de evitar que se sustraigan del sistema financiero aquellos recursos que hayan sido resultado presuntamente de operaciones de naturaleza ilícita.
Por otro lado, se desarrolló un modelo de investigación respecto al lavado de dinero, en donde se describen las operaciones en algunos espacios geográficos, donde el sistema financiero ha estado detectando operaciones inusuales y relevantes.
“En este caso específico se encuentran en proceso de investigación para ser denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de conductas vinculadas con delitos fiscales o de naturaleza financiera”.
También se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahí, el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar dos acciones concretas.
En el caso de que se tengan indicios de una actividad ilícita, incorporar a las personas en la lista de personas bloqueadas, logrando con ello el congelamiento de las cuentas y, por supuesto, presentando las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación.
Otros avances importantes
Se han iniciado mil 831 carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con detenido y mil 565 sin detenido. Esto hace un total de 435 personas detenidas en ese periodo.
Se han judicializado 97 de esas carpetas de investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas; 124 de estas personas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva.
Se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se han realizado 29 cateos.
En el rubro de los aseguramientos, en litros de hidrocarburo han sido asegurados cuatro millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo; 465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo; 955 vehículos; 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques, cuatro mil 749 bidones; 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres.
En el mismo periodo ha sido devuelto a Pemex la cantidad de dos millones 605 mil 136 litros de hidrocarburo. En el mismo periodo se han dictado 12 sentencias, de las cuales 11 son condenatorias.
Muy recientemente en el estado de Querétaro, el Ministerio Público de la Federación obtuvo una sentencia en contra de dos personas por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo por 10 años de cárcel y 10 mil días multa.
Se crea el Comité de Inteligencia Interinstitucional
Primero. Solventar las necesidades de productos de inteligencia que permita prevenir robos de combustible o sabotajes a las instalaciones de Pemex.
2) Dar seguimiento y auxiliar al Ministerio Público federal con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito.
3) Identificar el modus operandi de todos los eventos de robo de combustible en el país, vía mecanismos de inteligencia transversales, aprovechando todas las capacidades institucionales instaladas.
4) Identificar el número de investigaciones en curso, a efecto de establecer las redes de vínculos que establezcan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos; así como quiénes les brinda protección desde su calidad de servidores públicos.
5) De dichas redes de vínculos deberán determinarse (inaudible) carpetas de investigación en curso y respecto de los que no existen aquellas, proporcionar información que sirva como datos de prueba para iniciar las carpetas de investigación correspondientes o integrar debidamente las ya existentes para el ejercicio de la acción penal en su contra.
6) Determinar los objetivos a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes regionales que se encuentran relacionados con la comisión del delito de robo de hidrocarburos.
Y, finalmente, dar seguimiento procesal a las consignaciones y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.
En este Comité Interinstitucional de Inteligencia participarán un representante de Semar, Sedena, PGR; de la Unidad de Investigación de Robo de Combustible de Seido, de la División de Inteligencia y otro de la División de Investigaciones de la Policía Federal, del Centro Nacional de Inteligencia, del área logística y otro del área de seguridad de instalaciones de Pemex.
La mesa general, este Comité de Inteligencia integrará la información de resultados e informará al Gabinete de Seguridad para que tome las decisiones correspondientes.
Finalmente, se propondrá la creación de una Unidad Policial Especializada en la Investigación de Lavado de Dinero, llamada División Financiera, que coadyuvará en impedir el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad que existe en los delitos precedentes al lavado de dinero.
